Condado de Los Ángeles aprueba cuatro ordenanzas contra la violencia de armas

Supervisoras de uno de los condados más poblados de la nación decidieron no esperar al Congreso de EEUU y aprobaron medidas para mejorar la seguridad de sus residentes

Supervisora Janice Hahn en conferencia de prensa.

Supervisora Janice Hahn en conferencia de prensa.  Crédito: @SupJaniceHahn | Cortesía

La junta de supervisores del condado de Los Ángeles decidió no esperar más la acción aletargada en el Congreso contra la epidemia de violencia armada, y a escasas dos semanas de la masacre en Monterey Park, en el año nuevo lunar, aprobó en forma unánime cuatro ordenanzas para limitar el acceso a las armas y municiones de asalto.

“Sabemos que en el fondo del problema está la falla de los líderes del congreso por no aprobar siquiera las leyes federales más básicas” para regular las armas de fuego, “pero identificamos acciones que nosotras podemos tomar a nivel del condado  para proteger a nuestros residentes”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Janice Hahn.

“Una de las cosas que haremos hoy es pedir al congreso que use el sentido común para prohibir las armas de asalto, pero si el congreso falla de nuevo, nosotros, el condado de Los Ángeles, vamos a actuar; vamos a tomar cualquier acción que esté en nuestras manos para salvar vidas”, agregó Hahn.

Las autoras de las ordenanzas fueron las supervisoras Hilda Solís, Lindsey Horvath y la misma Hahn, quien hizo la presentación de las cuatro medidas contra la violencia de armas de fuego en el condado de Los Ángeles.

Una ordenanza prohíbe la venta de armas y municiones calibre 50 milímetros en las áreas incorporadas del condado. La supervisora Hahn enfatizó que con enormes balas, “diseñadas para el combate, se pueden matar fácilmente por el daño que causan al cuerpo”.

La segunda prohíbe que cualquier persona que no sea policía o militar activo porte armas de fuego en propiedades del condado, como las playas, los parques, los centros de juegos infantiles y los edificios públicos.

La tercera medida establece una “zona de amortiguamiento” de por lo menos mil pies de longitud entre armerías o cualquier negocio que vende armas y lugares donde se reúnan niños, como las escuelas, parques o guarderías.

La cuarta ordenanza hace que los comerciantes de armas de fuego en el condado impongan medidas que de acuerdo con la supervisora Hahn se basan en el sentido común, como prohibir que haya niños en esos negocios, tener un registro de huellas digitales y un sistema de cámaras de seguridad.

Los vendedores de armas también deberán tener inventarios actualizados y advertir a los compradores sobre los riesgos de tener armas de fuego.

“Estos son pasos que en lo personal pienso que son necesarios de dar para proteger a nuestros residentes en el condado. Pido a las ciudades dentro del condado que tengan ordenanzas similares”, dijo la supervisora Hahn.

La supervisora Hilda Solís recordó que hace poco más de dos semanas se registró el atentado que cobró once vidas y dejó nueve personas heridas, pero destacó que en lo que va del año han ocurrido 59 tiroteos masivos en el país, en 38 días.

“Esto se traduce en casi dos tiroteos masivos por día”, destacó la Supervisora del Distrito 1.

Además de impulsar la semana pasada que la epidemia de violencia con armas de fuego se reconozca como una crisis de salud pública, la supervisora Solís declaró su apoyo a dos iniciativas de la senadora demócrata Dianne Feinstein de California.

Son la propuesta de ley para prohibir la venta de armas de asalto tipo militar, y la propuesta de elevar la edad de permiso para adquirir armas de 18 a 21 años.

La supervisora Lindsey Horvath respaldó que el condado haga todo cuando está en su poder para proteger a los residentes angelinos.

Horvath platicó que, para ella, la violencia con armas de fuego es un asunto personal. Perdió a una amiga de su adolescencia porque los padres mantenían sin resguardo un arma, y su hermano y la novia de éste sobrevivieron a la matanza en un concierto en Las Vegas.

El fiscal del condado, George Gascón, lamentó los recientes tiroteos en Monterey Park, Half Moon Bay, Oakland y en Los Ángeles. “Es una epidemia de salud pública nacional y todos debemos demandar acción”.

El fiscal explicó que la mayoría en el país apoya una reglamentación a las armas de fuego que “no es una cosa partidaria, sino humanitaria”.

“El impacto social, emocional y físico, en la salud de nuestras comunidades, es algo que no solamente traumatiza a aquellos que sufren directamente el impacto de la violencia con armas de fuego, sino que sabemos que traumatiza a toda la comunidad, y genera más crimen y violencia”, declaró Gascón.

El alcalde de Monterey Park, José Sánchez, platicó que tuvo que lidiar doblemente con el tiroteo que convirtió en masacre una fiesta de vida de Año Nuevo Chino.

Por un lado como alcalde entrante de la ciudad, asumió la responsabilidad de autoridad local por la tragedia, pero Sánchez también es profesor de una escuela elemental.

“Tener que explicar al día siguiente en un salón de clases, ha sido lo más difícil que he tenido que enfrentar como maestro”, comentó.

Aunque las medidas ya fueron aprobadas, en dos semanas dos de las ordenanzas (de Hahn y Solís) tendrán que ser sometidas a un voto final.

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