Buscan que la Ciudad de Los Ángeles otorgue el derecho a un abogado a inquilinos que enfrenten desalojo

La concejal Nithya Raman presentó una moción para establecer un programa en la Ciudad de Los Ángeles, que dé el derecho a un abogado gratuito a quienes enfrentan el desalojo de su vivienda y no pueden pagar por representación legal.

“Solo en las últimas semanas, hemos aprobado algunas de las protecciones más sólidas para inquilinos en los más de 40 años desde la Ordenanza de Estabilización de Alquileres”, dijo la concejal Raman. 

Así que añadir el derecho a un abogado a ese conjunto de protecciones ayudará a mantener a las personas en sus hogares y combatirá la ruta del desalojo al desamparo que ha exacerbado la crisis de personas sin hogar durante años. 

Observó que finalmente estamos construyendo una ciudad donde, en la que si caes en una situación en la que podrías perder tu vivienda, alguien estará allí para apoyarte.

Esta medida que es apoyada por los concejales Bob Blumenfield, Heather Hutt, Eunisses Hernández, Hugo Soto Martínez y Katy Yaroslavsky busca generar estabilidad en la vivienda y detener el flujo de personas hacia el desamparo.

Está basada en una legislación similar aprobada por las ciudades de Nueva York y San Francisco, lo que ha resultado en una reducción significativa de las solicitudes de desalojo, y ha logrado mantener en sus hogares a las personas que han tenido acceso a un abogado proporcionado por la Ciudad para representarlos en el tribunal de vivienda.

El concejal Bob Blumenfield comentó que si alguien pasa por un desalojo sin asistencia legal, la baraja simplemente está en su contra, por lo que es el momento de ampliar el programa de defensa de desalojo y transformarlo en un programa de derecho a un abogado. 

“Cuando serví en la Asamblea Estatal, redacté una legislación similar, pero debido a la falta de adecuados fondos federales, estatales y del condado, su éxito fue limitado”. Ahora, dijo, a medida que salimos de la pandemia, debemos seguir pidiendo a todos los niveles del gobierno que apoyen financieramente los programas de derecho a un abogado, porque si no lo hacemos, podríamos ver a mucha más gente en nuestras calles.

Se estima que cada año se entablan 30,000 avisos de desalojo en la Ciudad de Los Ángeles. 

La moción establece que cuando los inquilinos no pueden pagar un abogado, con frecuencia no impugnan un aviso de desalojo, incluso si se emite ilegalmente.

Como consecuencia, indica, muchas acciones de desalojo terminan en fallos en rebeldía contra los inquilinos que podrían haber presentado argumentos exitosos en la corte, si solo hubieran tenido representación.

La concejal Heather Hutt dijo que como madre soltera que crió a tres niños, sabe lo difícil que es salir adelante, y no hay mayor importancia que la protección, la seguridad y el bienestar de las comunidades. 

“Corresponde a aquellos de nosotros que ocupamos puestos de autoridad proteger a los más vulnerables. La Ciudad debe trabajar para garantizar que los inquilinos tengan acceso a la información y representación cuando enfrentan acoso y desalojo”.

La legislación aprobada en el Concejo instruye al Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD), con la asistencia del Abogado de la Ciudad y cualquier otro departamento municipal, a proporcionar dentro de 60 días, recomendaciones para el establecimiento de una ordenanza y un programa de derecho al Asesoramiento para inquilinos que enfrentan desalojo en la Ciudad de Los Ángeles.

Esto incluye: cobertura para inquilinos al 80% del ingreso medio del área o menos que vivan en la ciudad de Los Ángeles; el requisito de que los propietarios notifiquen a los inquilinos sobre el derecho a un abogado; y que el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (LAHD) trabaje con los grupos comunitarios para involucrar y educar a los inquilinos sobre sus derechos, así como para proporcionarles servicios de navegación.

Pablo Estupiñán, director de la campaña Derecho a un Abogado (SAJE) dijo que este año, veremos un aumento en los desalojos y en la cantidad de personas que se quedarán sin hogar a menos que el Concejo Municipal tome medidas rápidas para proteger a los inquilinos. 

“El derecho a un abogado se trata de equidad en la corte: ningún caso de desalojo puede ser justo cuando una parte está representada y la otra no lo es. El derecho a la defensa se trata de justicia racial, económica y de género” 

Y lo más importante, enfatizó, “el derecho a la defensa, promulgado en otras 15 ciudades de todo el país, ha demostrado consistentemente una reducción en los desalojos y la falta de vivienda, menos solicitudes judiciales de desahucio y un ahorro en costos para las ciudades”.

La Medida ULA, que los angelinos aprobaron abrumadoramente en noviembre, asigna el 10% de los ingresos generados cada año para financiar el derecho a un abogado a los inquilinos de bajos ingresos amenazados de desalojo. 

A partir de ese trabajo, la moción instruye además al Departamento de Vivienda de Los Ángeles, con la asistencia del Oficial Administrativo de la Ciudad, el Analista Legislativo, el Abogado de la Ciudad y cualquier otro departamento municipal, según sea necesario, para dar dentro de 60 días, un detallado desglose de costos para una ordenanza y programa de derecho a un abogado y necesidades de personal; además de un plan de gastos año por año para la implementación, sujeto a la disponibilidad de fondos.