Los $3.7 millones en efectivo de Genaro García Luna que fiscales no han podido exhibir en juicio

Los fiscales federales contra Genaro García Luna no han podido abordar parte de la riqueza del exsecretario de Seguridad Pública de México, debido a restricciones del juez Brian Cogan, al considerar que corresponden a un periodo fuera de la acusación

El juicio a Genaro García Luna se desarrolla en la Corte del Distrito Este en NY.

El juicio a Genaro García Luna se desarrolla en la Corte del Distrito Este en NY. Crédito: Jane Rosenberg | EFE

Una de las decisiones más polémicas del juez Brian Cogan en el juicio a Genaro García Luna es la fortuna que hizo después de 2012, a pesar de que los fiscales buscaron conectar parte de ésta con acciones ocurridas antes de ese año.

En particular, los fiscales querían destacar el pago de casi $3.7 millones de dólares que García Luna habría desembolsado en efectivo en propiedades en Miami, Florida.

Los fiscales ya habían mencionado ese monto en la lista de evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos electrónicos del exsecretario de Seguridad Pública de México, durante el gobierno de Felipe Calderón.

En otro documento que debió ser público, luego de una intensa batalla legal del periódico The New York Times, se especifican los $3.7 millones de dólares cuya existencia se establecen en documentos.

“Documentos financieros relacionados con una de las empresas ficticias del acusado que muestran que, aproximadamente un año antes de su arresto, él pagó más de $3.7 millones en efectivo por una propiedad en Miami, Florida, en la cual todavía tenía relación al momento de su arresto”, indica uno de los documentos.

La defensa del acusado, liderada por el abogado César de Castro, logró antes de iniciar los días de presentación de evidencias, que el juez Cogan bloqueara que los fiscales abordaran transacciones después del 2012, al considerar que García Luna ya no se encontraba en el Gobierno federal mexicano.

Cabe recordar que el exfuncionario fue director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el gobierno de Vicente Fox; y secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón.

Las acusaciones por liderar una organización criminal desde el Gobierno federal para beneficiar al narcotráfico y los señalamientos por conspiración para el tráfico de cocaína cubren desde 2001 al 2012.

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