Dirigentes de comunidades de color e indígenas denunciaron agresión, racismo y trato inhumano en las políticas de migración

Por primera vez se presenta en UCLA un panel de representantes de la CIDH para reunir testimonios de primera mano de activistas e investigadores

Odilia Romero (d), dirigente de la comunidad indígena inmigrante en Los Ángeles.

Odilia Romero (d), dirigente de la comunidad indígena inmigrante en Los Ángeles. Crédito: UCLA | Cortesía

En una reunión en Los Ángeles ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), varios dirigentes de comunidades de color e indígenas denunciaron agresión, racismo y trato inhumano de políticas de migración en el pasado y en los actuales casos que ingresan al sistema legal estadounidense.

Por primera vez se presenta en UCLA un panel de representantes de la CIDH para reunir testimonios de primera mano de activistas e investigadores

Esta ha sido la primera vez que un panel de representantes de la CIDH se presenta en Los Ángeles para reunir testimonios de primera mano, tanto de dirigentes de derechos humanos como de investigadores académicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Esta audiencia histórica llama la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que enfrentan los negros e indígenas cuando migran a través de las Américas hacia la frontera sur de Estados Unidos, y que continúan después de ingresar al sistema de inmigración”, dijo la abogada  Priya Morley

El evento tuvo una audiencia muy nutrida.
Crédito: UCLA | Cortesía

La audiencia ante la CIDH “también hace visible cómo el racismo estructural y la xenofobia impregnan las leyes y políticas de inmigración, dando forma a sus interacciones con las autoridades”, agregó Morley, codirectora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en el Instituto Promise para Derechos Humanos de la UCLA .

“Al adoptar leyes, políticas y prácticas que exteriorizan sus fronteras, Estados Unidos está impidiendo que las personas soliciten asilo, en violación del derecho internacional y son las personas racialmente marginadas las que resultan perjudicadas”, explicó la abogada. “Hay una necesidad urgente de aclarar que la migración es un tema de justicia racial”.

Dixie Gallardo Aldana, una madre que fue condenada por reingresar en busca de asilo al país y, en consecuencia, separada de su hijo de doce años, dijo que representaba en la reunión a muchos padres y familiares que han sufrido solo por abandonar su hogar en busca de refugio.

“Soy más fuerte que las leyes racistas que se usaron para lastimarme y mantenerme fuera, pero esas leyes deben cambiar, para que otros ya no sean atacados o dañados” como lo hicieron con ella, demandó la señora.

Odilia Romero, dirigente de la comunidad indígena inmigrante en Los Ángeles, dijo que la “violencia lingüística contra las comunidades indígenas migrantes afecta a los menores indígenas no acompañados e impide la reunificación familiar”.

“No sabemos cuántos niños se han perdido o separados de sus familias después de llegar a los albergues y centros de detención. El sistema no tiene en cuenta el idioma que hablan los niños, lo que impide la reunificación familiar”, dijo la cofundadora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO).

Romero informó que CIELO ha asistido a intérpretes en procesos de reunificación en tribunales. Tan solo el año pasado su organización atendió un total de 3,060 casos a nivel nacional.

Una intérprete indígena de CIELO, Alba González, testificó que desde que llegó a Estados Unidos “me convertí en intérprete para ayudar a evitar que otros miembros de pueblos indígenas tuvieran que pasar por una experiencia traumática como la mía”.

La joven cuestionó a la CIDH sobre las políticas que imponen a las personas en movilidad, “¿por qué nos hacen vivir así? ¿Por qué nos hacen vivir con hambre o como criminales? Sus políticas fueron hechas para matarnos de diferentes maneras. No puedes tratarnos así solo porque cruzamos la frontera. Es inhumano Es racista”.

Un abogado de la Haitian Bridge Alliance en Los Ángeles, Erik Crew, denunció que “el tratamiento a los haitianos en movilidad humana por parte de los Estados Unidos y otros países de las Américas equivale a una violación continua de los derechos humanos con raíces históricas”.

Dijo que cuando los haitianos huyen en busca de refugio encuentran “interdicciones marítimas, fronteras militarizadas, detenciones y expulsiones masivas, y las deportaciones masivas de haitianos son violaciones continuas de los derechos humanos animadas por el racismo contra los negros”.

Guerline Jozef, la directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, dijo que muchas organizaciones “pedimos enfoque antirracista coordinado para reparar los daños a los haitianos y que otras personas negras experimentan en la migración en las Américas”.

Eso significa el ofrecimiento inmediato de protecciones a las personas negras en movilidad humana por parte de los Estados. Con las terribles condiciones a las que se enfrenta la gente, la protección retrasada es protección denegada”, dijo Josef.

Gabriela Oviedo Perhavec, coordinadora del Proyecto de Movilidad Humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expuso que “para tener un enfoque anti racista”, las organizaciones y la comisión necesitan considerar las leyes y medidas contra las personas en movilidad como un sistema de barreras a las personas desplazadas forzadamente, migrantes o refugiadas.

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