Fiscales estadounidenses quieren que las armerías asuman su responsabilidad
Rob Bonta, fiscal de California, se unió a 16 colegas en el apoyo al gobierno de México en el caso contra los fabricantes de armas
Los supervisores del Condado de Los Ángeles buscan controlar las armas de fuego. Crédito: APU GOMES | AFP / Getty Images
El fiscal de California, Rob Bonta, se unió a 16 colegas suyos de otros estados en apoyo al gobierno de México en su demanda contra las mayores fábricas de armas de fuego en el país.
De acuerdo con esa demanda, cada año en promedio cruzan unas 200,000 armas de fuego de Estados Unidos a México.
La oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del Departamento de Justicia de EE. UU., y Explosivos estima que el 70 por ciento de las armas que recuperan las autoridades y fuerzas armadas mexicanas, se vendieron en armerías estadounidenses y cruzaron la frontera al sur de contrabando.
Por ese tráfico, México presentó una demanda en agosto del 2021, pero una corte federal la desestimó al considerar que una ley protege a las armerías ante la responsabilidad de lo que se haga con las armas que venden, y ahora el gobierno de México apeló esa decisión.
La coalición de 17 fiscales envió a la corte de apelaciones una carta de apoyo a México. El fiscal Bonta declaró personalmente que “los fabricantes y vendedores de armas parecen creer que la ley” que aplicó la corte que falló contra México “les da un pase libre para fabricar y distribuir armas que saben que están siendo utilizadas para aterrorizar comunidades en México”.
Dijo que “en otras industrias, las empresas son muy conscientes de que pueden ser responsables cuando violan la ley; con las armas de fuego no debería ser diferentes”.
Al pedir que las armerías asuman responsabilidad los fiscales instaron “al tribunal de apelaciones a que revoque la decisión de la corte inferior y permita que este caso avance”.
Esta es la segunda vez que el fiscal Bonta apoya al gobierno de México en su demanda. El año pasado Bonta encabezó a 13 fiscales estatales, y declaró que “si bien la ley puede otorgar cierta protección a los fabricantes de armas de fuego, no es un pase libre permitir que sus productos caigan deliberadamente en manos peligrosas”.
Esta vez quien encabeza la coalición de fiscales en apoyo a México es la fiscal de Massachusetts, Andrea Campbell, porque en su estado están tanto la corte que falló en favor de las corporaciones que fabrican armas como el Primer Tribunal de Apelaciones, donde hoy continúa el caso.
El gobierno mexicano acusa que el uso de armas de fuego de contrabando a México ha causado casi 300,000 muertes en unos 14 años y contribuyó a unos 73,000 desaparecidos, entre ellos varios ciudadanos estadounidenses.
El arma con que secuestraron este mes a cuatro ciudadanos estadounidenses y asesinaron a dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas fue adquirida legalmente en Texas, pero cruzó la frontera ilegalmente a México.
La fiscalía federal en McAllen presentó cargos contra Roberto Lugardo Moreno, quien reconoció que le pagaron $100 por comprar el fusil R15 y llevarlo a Brownsville. Moreno declaró que “sabía que –esa y otras armas– se las iban a proporcionar a una persona del Cártel del Golfo en México”.
La ley que presuntamente exime a las fábricas de armas a responsabilizarse de lo que los compradores hagan con sus productos es la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas, o PLCAA, por sus siglas en inglés.
Pero el fiscal Bonta dice que esa misma ley reconoce la autoridad de los estados en el país para “crear remedios para la conducta que causa daño a sus residentes”, es decir para detener el daño que pueden causar las armas de fuego.
De acuerdo con el fiscal, las armas causan el mismo daño a personas en los dos lados de la frontera, y la PLCAA no puede reconocer la autoridad de los estados pero no de México para detener el daño.
Los 17 fiscales en conjunto también advierten a la corte de apelaciones que cuando el congreso aprobó la ley PLCAA pensó en regir las armas, no en dar inmunidad a las armerías.
También argumentaron que las excepciones a esa ley excluyen la responsabilidad.
Los fiscales que apoyan a México representan a los estados de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, y Vermont.
Las empresas que demandó México son Smith & Wesson, Beretta, Ruger, Glock, Century Armas, Barrett y Colt, y el distribuidor de armas de fuego Interstate Arms.
