‘Fue un crimen de estado’

Activistas en Los Ángeles exigen investigación exhaustiva a AMLO y castigo para los responsables por la muerte de 39 migrantes que murieron encerrados, carbonizados y asfixiados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez

La Red Migrante Centroamericana organizó una manifestación y una vigilia en honor a los 39 migrantes que murieron en Ciudad Juárez.

La Red Migrante Centroamericana organizó una manifestación y una vigilia en honor a los 39 migrantes que murieron en Ciudad Juárez. Crédito: Cortesía

Un grupo de activistas centroamericanos y mexicanos defensores de los inmigrantes hicieron un llamado enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador para que esclarezca las causas de la tragedia que se produjo por la quema de colchonetas en una estancia del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes que habían sido deportados de Estados Unidos.

Frente al consulado general de México en Los Ángeles denunciaron el peligro que representa caer en manos de las autoridades federales mexicanas, quienes el lunes pasado los encerraron con candado, después que los detuvieron cuando vendían artesanías o pedían dinero en las calles. Supuestamente estaban causando disturbios.

“Fue un crimen de estado del gobierno mexicano”, declaró Leoncio Velázquez, miembro de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA). “Estamos indignados porque actuaron con negligencia y los dejaron morir calcinados; no les prestaron auxilio y poco les importó que murieran en ese infierno”.

Al igual que otros líderes centroamericanos, Velázquez, contradijo las palabras del presidente mexicano, en el sentido de que el lugar era un albergue.

“Un albergue tiene puertas de entrada y salida, y en los videos que hemos visto, claramente se ve que estaban encerrados con candados y barrotes, como si fuera una cárcel”, dijo el activista.
La Organización de Naciones Unidas también pidió una investigación exhaustiva de los hechos.

Prisión preventiva a cinco
Las primeras investigaciones por el incendio en la “estación” migratoria en Ciudad Juárez arrojaron la detención preventiva de cinco individuos: un migrante venezolano que supuestamente originó el incendio, un guardia de seguridad privada de la empresa CAMSA y tres oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

Los cinco fueron puestos a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Ernesto Cornejo Ángeles. El martes tendrán audiencia y allí se decidirá si son vinculados a proceso.

La FGR los acusa de homicidio y lesiones relacionadas a las 39 muertes de migrantes y 28 heridos: 28 de Guatemala; 14 de Honduras; 12 de El Salvador; 12 de Venezuela y 1 de Colombia. Entre los 28 heridos, 11 de ellos están muy graves; todos están intubados y dos de ellos presentan fallas renales.

La estación migratoria del INM fue cerrada de forma definitiva, según anunció Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

‘Castigo a los responsables’
En Los Ángeles, California, la convocatoria hecha por la Red Migrante Centroamericana reunió a varios líderes, entre ellos Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización “El Rescate”.

“Exigimos al gobierno y al estado mexicano una investigación exhaustiva de los hechos en ese centro-albergue que, como dicen grupos de Derechos Humanos es una cárcel, según pudimos ver en los vídeos filtrados del siniestro”, dijo Sanabria. “ ¿Por qué los tenían encerrados con candado? Claramente se ve que el personal oficial de seguridad se retiró al ver las llamas cuando comenzó el siniestro”.

Sanabria hizo un llamado al presidente de México para que se emita castigo para los responsables y resarcir los danos a las familias dolientes, y garantizar la curación de quienes sobrevivieron a la tragedia.

“También exigimos a las autoridades mexicanas que abandone la práctica de tener prisioneros a quienes son deportados de Estados Unidos”, agregó. “Los fallecidos habían sido deportados ese mismo día y fueron hechos prisioneros…no entendemos por qué si el presidente AMLO declaró alguna vez que en México ser migrante no es un delito, sino un asunto de carácter administrativo migratorio, ¿Por qué ahora son encerrados en un lugar como si fuera en una cárcel y los encerraron bajo llave, lo cual agravó las muertes por asfixia y quemaduras?”.

Segunda gran tragedia de migrantes
La tragedia en Ciudad Juárez es la segunda que se vive bajo el régimen de López Obrador.

La anterior ocurrió en diciembre de 2021, al menos 53 migrantes perecieron y medio centenar resultaron heridos, después que se accidento un tráiler en el que eran transportados.

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre, a la salida de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Salvador Sanabria considera que la crisis migratoria que se vivió en la frontera de México y Estados Unidos es producto de la presión que ejerce la Administración del presidente Joe Biden para que el vecino país “se convierta en su muro de contención” para los migrantes “y mandarles un mensaje claro a quienes continúen llegando al norte de lo que les puede pasar; así lo hicieron antes de la pandemia cuando armaron la Guardia Nacional para detenerlos en la frontera sur de México y Guatemala.

Renuevan críticas al título 42
A pesar de que las autoridades mexicanas expresaron que investigaban el incendio del lunes como homicidio, tras señalar que trabajadores de gobierno y empleados de seguridad privada no permitieron que los detenidos pudieran escapar del mortal siniestro.

“Esto ha sido el resultado de las malas prácticas y políticas migratorias de México y Estados Unidos”, consideró Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM).

Moreno expuso que la falta de protocolos y políticas públicas que sean validadas como humanitarias para todos los inmigrantes.

“Nos enfrentamos a tremenda crisis en cuestión de humanitarismo; pudimos verlo en el video donde los guardias ni siquiera hicieron caso a los gritos de quienes se estaban quemando y los dejaron que se quemaran vivos”, subrayó Moreno. “Aquí, el gobierno de México dice una cosa y hace otra en derechos humanos”

La tragedia de Ciudad Juárez refleja el fracaso tanto del gobierno mexicano como el de Estados Unidos, considera Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza de Hondureños de Los Ángeles (AILA).
“Primero, quiero decirle al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador que sea más humano y no mienta, porque fue claro que tenían prácticamente encarcelados a los migrantes”, dijo. “Él no hace justicia con nosotros, los centroamericanos y sudamericanos; ellos no quieren quedarse en México y por eso luchan para que no se le niegue el derecho al asilo en Estados Unidos…su único pecado era pedir dinero para su comidita, pero no estaban robándole a nadie”.

Después de su manifestación frente al Consulado General de México en Los Ángeles, los activistas marcharon hacia la estatua de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el parque MacArthur, donde tuvieron una vigilia en memoria de los migrantes fallecidos.

Según los últimos datos disponibles de la Universidad de Syracuse, la cantidad de solicitantes de asilo que esperan audiencias de asilo en los Estados Unidos ahora alcanza al menos a 1,565,966 personas.

proximadamente la mitad de este total, o 787,882, están esperando audiencias ante jueces en los Tribunales de Inmigración ubicados en el Departamento de Justicia.

Entre las nacionalidades de los migrantes, 28 fallecidos eran de Guatemala, seguidos de 13 hondureños, 13 venezolanos; 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un venezolano.

AMLO responde

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no habrá impunidad tras el incendio que mató a 39 migrantes, pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua.

“Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejanrdro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró el pasado jueves.

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