Debemos restaurar el voto de las personas con condenas pasadas

El derecho al voto de las personas que salen de prisión depende del lugar en donde viven.
Algunos estados, como Nueva York y California, las vuelven a incluir en los padrones electorales
de inmediato. En 27 estados, la elegibilidad para votar puede depender del delito, el año de la
condena o el tipo de multa o tarifa que debe la persona. Y en Virginia, toda persona declarada
culpable de un delito mayor pierde el derecho al voto de por vida.

Estas diferencias confunden no solo a los votantes potenciales, sino también a los funcionarios
estatales que ponen las leyes en práctica. Muchas personas que reúnen los requisitos para votar
evitan hacerlo por temor a incumplir las leyes, y estados como Texas, Florida y Tennessee han
encausado a personas por inscribirse para votar cuando no podían hacerlo, incluso en casos en
que los votantes confundidos pensaban equivocadamente que reunían los requisitos.

Pero la consecuencia más grave de no restaurar el derecho al voto después de salir de prisión es
que se priva de este derecho a millones de estadounidenses que, a pesar de que ahora trabajan,
pagan impuestos y contribuyen a su comunidad, no pueden votar.

La privación del derecho al voto afecta desproporcionadamente a las personas de raza negra,
pero también a otras comunidades raciales y étnicas. Según The Sentencing Project, en 2022, de
las 4.6 millones de personas condenadas a las que se prohibió votar, 506,000 son latinas. La gran
mayoría de estos 4.6 millones votantes potenciales – casi 3.6 millones — ya habían salido de la
cárcel y el resto de ellos seguían cumpliendo su condena.  

Según The Sentencing Project, es probable que las cifras sobre latinos puedan ser más altas
debido a que las instituciones penales reportan datos insuficientes sobre el origen étnico.

Una medida ante el Congreso, el Proyecto de Ley de Restauración de la Democracia (Democracy
Restoration Act), impondría estándares uniformes para la restauración del derecho al voto en
elecciones federales. La medida, que el senador Ben Cardin (D-MD) propuso el pasado 18 de
mayo, describe el derecho al voto como “el acto constitucional más básico de civismo” y
considera que la votación es una manera de ayudar a las personas con condenas pasadas a
reintegrarse a la sociedad, “lo que contribuye a la seguridad pública”.

Propone restaurar el derecho al voto en las elecciones federales apenas las personas condenadas
por un crimen salgan en libertad.

La legislación se produce en un momento en que aumenta el apoyo por ambos partidos a la
restauración del voto. De 2018 a 2022, 10 estados y Washington, DC cambiaron su política por
medio de legislación, iniciativas electorales y medidas del gobernador para permitir que voten
más personas con condenas pasadas. Este año, Minnesota y Nuevo México promulgaron leyes
que entrarán en vigor este verano que permitirán que voten todos aquellos que viven en la
comunidad.

A pesar de este progreso, la mayoría de los estados siguen privando del derecho al voto a las
personas que salen de prisión. Por eso el Congreso debe tomar medidas al respecto y aprobar el
nuevo proyecto de ley.

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