‘No nos dejen morir solos’

Luego de mantenernos en suspenso por poco más de dos semanas, lo que resultó sumamente estresante para los cerca de un millón de trabajadores indocumentados de Florida, los abogados del Centro de Leyes para la Defensa de los Pobres del Sur (Southern Poverty Law Center), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Estadunidenses Pro Justicia para los Inmigrantes ( Americans For Immigrant Justice) y el Consejo de Inmigración Estadounidense (American Immigration Council) por fin archivaron la primera demanda contra la ley fascista de Florida—SB-1718.

La querella se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pudiesen haber ingresado ilegalmente al país y que no hayan sido “inspeccionadas” por el gobierno federal desde entonces.

La demanda también indica que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso; además que el uso que hace el estado de Florida del término “inspección” es incoherente e inconstitucionalmente vago.

Esta acción legal se presentó en el estado de Florida contra el gobernador Ron De Santis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal, Nicholas B. Cox, y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en Miami.

La fuerza legal de la demanda presentada radica en el hecho incuestionable de que la Ley 1718, la cual fue firmada por el Gobernador Ron De Santis el pasado día 10 de mayo, invade un área federal al decretar un ordenamiento relacionado con la inmigración que no es de la competencia del poder de los estados de la federación.

El diseño e implementación de las leyes de inmigración, en su fase legislativa, están sujetas al poder de las dos cámaras del Congreso Federal, y en su parte ejecutiva al poder del presidente de los Estados Unidos. A cada uno de los 50 estados se les tiene prohibido diseñar y aprobar leyes de inmigración que vayan en contra de lo establecido por las leyes migratorias previamente aprobadas por el Congreso y el Presidente. Hacerlo constituye una violación al derecho constitucional lo cual está estrictamente prohibido por el principio de la “Separación de Poderes”.

En otras palabras, ningún estado es libre de aprobar leyes que vayan en contra de lo establecido en una ley federal.  Está prohibido de manera muy especial en el área de inmigración.

Este razonamiento legal fue el que utilizaron en 1994 abogados representantes de organizaciones protectoras de los derechos civiles cuando el electorado de California aprobó por mayoría de votos la racista y fascista Proposición 187. A pesar de que esta ley fue aprobada, en la práctica nunca se pudo implementar ya que fue derrotada en los tribunales bajo el argumento de que violaba el principio constitucional de la Separación de Poderes, que es exactamente lo que el gobernador Ron De Santis pretende hacer una vez más con la Ley SB-1718.

Para salir airosos de este desafío legal/político al que nos han sometido los administradores de la política de la ultraderecha norteamericana, necesitaremos utilizar todos nuestros recursos legales y políticos. Necesitaremos que se archive no sólo esta demanda sino todas las que resulten necesarias porque no podemos cederles a estos nazis modernos ni un “poquitito” de espacio legal.

 También, es menester reconocer el trabajo que en el frente político a desplegado desde el primer momento el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. No se pueden pasar por alto sus llamados a los votantes mexicanos/latinos de los estados de Florida y de Texas a no darle ni un solo voto ni al Gobernador Ron De Santis, ni al Gobernador de Greg Abbott.

Por nuestra parte, debemos de reconocer que la única herramienta que nos da garantía para poder derrotar leyes fascistas como la SB-1718 es nuestra unidad. Sólo con base en que podamos lograr la más amplia unidad de todo nuestro pueblo en ambos lados de la frontera podremos poner fin a peligrosas medidas anti-inmigrantes, entre otras, como las que impulsan el gobierno de Texas, que de forma cruel e inhumana colocan boyas en el Rio Grande para impedir el acceso a los EEUU a inmigrantes desesperados que buscan ingresar al país o que a través de agentes de las fuerzas del orden de dicho estado arrojan al Rio Grande a niñas y niños indocumentados o envían a sus padres y a los niños mismos por diversos medios de transporte a estados y ciudades gobernadas por servidores públicos pertenecientes al Partido Demócrata.

La “Caravana Todos Somos Florida” de la cual tuve el honor de ser uno de sus coordinadores, recientemente atravesó el país de California a Florida y tuvo como primer propósito solidarizarnos con los trabajadores indocumentados de ese estado sureño, pero además se trabajó para unir a las diversas voluntades del mosaico político que es nuestro pueblo para impulsar la amnistía general incondicional.

Esta demanda el pueblo la ha hecho suya desde hace ya casi cuarenta años. Nuestra población se ha ganado a pulso el que el pueblo estadounidense a través de sus autoridades federales, estatales y municipales le reconozcan su irrenunciable derecho a gozar de derechos plenos en esta nación que de forma permanente pregona ser la que más respeta los derechos humanos de todos, incluyendo los de los trabajadores indocumentados.

Pedimos no sólo al gobierno de México sino a todos los gobiernos del continente que nos unamos a este gran esfuerzo por la legalización permanente de los trabajadores indocumentados. No nos dejen morir solos.

*Juan José Gutiérrez es el director ejecutivo, de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.