Trabajo forzado, limpieza de territorio y trata sexual en desapariciones masivas 

MÉXICO- Eran entusiastas, trabajarían juntas, pero desaparecieron hace siete meses cerca del club Alamo Country, una de las zonas residenciales más exclusivas del estado de Guanajuato. Sandra Daniela Paredes, Paulina Berenice, Yoselin Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez, Rosa Maria Ramírez y Gabriela Barbosa tomaron el camino a San José que conecta a Celaya y Santa Rosa de Lima y aún no hay noticias de ellas.

Tampoco hay información convincente del paradero de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, muchachos de la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, quienes aparentemente fueron obligados a pelear entre sí hasta matarse y presuntamente calcinados en un horno para ladrillos. 

Hace seis años que en distintos sitios de Tepic, Xalisco y San Blas, en Nayarit gente armada a bordo de camionetas pasaron a hacer redadas y se llevaron por la fuerza a personas que volvían de su trabajo, simplemente caminando por la calle o estaban en reuniones de amigos, pasando el tiempo. ¡Vivos se los llevaron y ya no están desde entonces!

Cuando una organización criminal toma el control de un territorio en México, la gente desaparece. Autoridades, colectivos de víctimas y analistas de seguridad lo reconocen a través de  hipótesis de fiscalías, declaraciones de funcionarios, investigaciones de familiares, hallazgos macabros como campamentos de reclutamiento, testimonios…

En la mayoría de los casos, hay tres razones que explican estos raptos: para obligarlos a trabajo forzado, para explotación sexual o limpieza de territorio. Un cártel quiere quitar de en medio a sus enemigos y, en el camino, agarran parejo, justos y pecadores.

En México, han sido reportadas oficialmente como desaparecidas 290,824 personas entre 1962 y el primer semestre de este 2023, una tercera parte durante la presente administración federal que arrancó en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que en promedio significa la desaparición diaria de 25 víctimas: uno cada hora.

MANO DE OBRA

El 9 de febrero de febrero pasado Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas y Jonathan Omar Vázquez fueron vistos por última vez en el municipio de Zapopan. Cuatro meses después, la madre de Enrique Esparza insinuó en redes sociales que ya había sido localizado sin vida su hijo, pero con el paso de los días ni ella ni los padres de los otros lo confirmaron.

Muchos menos la Fiscalía del Estado de Jalisco, el estado epicentro de las desapariciones desde que el Cártel Jalisco Nueva Generación tomó más poder en el control de territorios de México.

En la entidad y sus alrededores suman casos y casos de desapariciones en calles y carreteras, como el caso de tres hombres adultos y un adolescente el 20 de junio pasado. Edilberto Ortega Acosta, Omar Guadalupe Rojas Salazar, Luis Gerardo Hermosillo Vargas y José de Jesús Soto se dirigían a trabajar en la comunidad de Troncoso en el estado de Zacatecas y se les perdió el rastro.

“Las personas que viven en Aguascalientes y que se dirigen a otros estados están siendo desaparecidas, eso no significa que en Aguascalientes no suceda, pero hay una carretera muy particular desde donde se los llevan”, advirtió Violeta Sabás, del Observatorio de Violencia Social y Género. 

De los 110,891 personas desaparecidas y no localizadas, que reconoce el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), destaca que 43.1% (casi la mitad) son personas de entre los 10 y 29 años de edad y el 29.7% corresponde a adultos entre 30 y 44 años, una cifra que no tiene explicación oficial, pero sí análisis de otras instituciones. 

La Universidad de Guadalajara (UdG) que cuenta con un Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, explica que detrás de ello la causa es que las organizaciones criminales buscan integrarlos a sus filas y les obligan a “trabajar” en ellas.

“Por eso las familias insisten en la búsqueda porque la desaparición no necesariamente implica que les quitaron la vida, sino que puede ser que estén retenidos y si se les busca se les podrían encontrar”, explicó  Dolores Chinas, directora del comité. 

En el caso de las mujeres, la académica enfoca su hipótesis en que las desapariciones de los más de 15,000 casos se vinculan a la trata de personas con fines de comercio sexual o para obligarlas a servirles en actividades consideradas más femeninas, como cocinar o trabajos domésticos: el tamaño de las organizaciones requiere todo tipo de personal. 

En el municipio de Encarnación de Díaz cuatro mujeres desaparecieron entre el 27 y 28 de julio, se trata de las hermanas Adriana Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño así como de Beatriz Hernández Martínez, pareja sentimental de Rosa, quienes tienen entre 22 y 28 años de edad. Hasta el momento no hay avances en la investigación para dar con su paradero.

VENDETAS

El colectivo Por Nuestros Corazones no quita el dedo del renglón desde 2017. Para la agrupación de familiares encabezada por Rosa María Jara la desaparición masiva en una sola noche del mes de junio está relacionada con los pleitos que en aquel entonces tenía el fiscal Edgar Veytia —conocido como El Fiscal del Diablo— con el cártel de Sinaloa por dar protección al H2.

Veytia fue sentenciado a 20 años de prisión en EE. UU. por tráfico de drogas, pero en México no hay un llamado a rendir cuentas ni por las desapariciones, la acumulación de una fortuna de 250 millones de dólares que también habría sido nutrida por la apropiación ilegal de terrenos y otros bienes a través de notarios aliados.

En un episodio más reciente acaparó la atención mediática la desaparición de ocho personas que laboraban en dos falsos call center del municipio de Zapopan y que extraoficialmente se ligaron a un sistema de estafas en contra de jubilados que denunció el gobierno de Estados Unidos. 

En una de las hipótesis que impulsaron medios locales, algunos de ellos habrían colaborado para que agentes estadounidenses descubrieran el modus operandi que estaba afectando a ancianos de aquel país que pretendían comprar propiedades para el retiro.

Sea por una cosa u otra, el caso es que no hay reconocimiento oficial de las causas: el nivel de impunidad de las desapariciones es similar al del resto de delitos en México: del 98%.