Familias afectadas por la explosión en el sur de Los Ángeles continúan viviendo en un hotel

“Lo vamos a revisar” fue la respuesta que obtuvieron dueños latinos de las viviendas por parte del personal de la alcaldesa Karen Bass, ante el problema que experimentan desde hace más de 800 días por la explosión de sus casas en la calle 27 del sur de Los Ángeles.

María Flores, integrante de Unión del Barrio, la organización que está abogando por las familias latinas, dijo a La Opinión que el trato para ellos fue despectivo.

El viernes por la tarde, activistas de Unión del Barrio y miembros de la Coalición Alto al Espionaje de la Policía se manifestaron a la entrada del ayuntamiento de la ciudad.

Ingresaron al edificio antes del cierre de oficinas y se dirigieron hacia la alcaldesa Karen Bass. Un policía cuestionó su presencia en el lugar y les cerró la puerta.

Tras 10 minutos de espera fueron recibidos “más a fuerzas que de ganas”, dijo una manifestante, quien pidió no ser identificada.

Cindy Muro, representante de la alcaldesa Bass les advirtió que solamente querían hablar con tres de los dueños de casas. Al final recibieron a cinco por espacio de 15 minutos.

“Fue una burla; ellos solo estaban mirando la hora en su reloj”, dijo María. “Estaban desesperados por irse”.

La breve reunión con las familias latinas ocurrió después que Unión del Barrio envió varios correos electrónicos a la oficina de la alcaldesa. Aseguraron a este diario que ninguno fue respondido.

Personal de la alcaldía argumentó ante los quejosos, “que no habían recibido nada, o que no habíamos usado el correo adecuado”, explicó la activista.

“Nos dijeron: a la próxima, asegúrate que envías el correo al lugar adecuado”.

María y las familias están cansadas de que las traigan de una oficina a otra.

“Nos mandan de un lado a otro y no solucionan nada”, expresó. “Nos preguntaron qué tipo de recursos necesitaban las familias y en qué nos podían ayudar, como si no supieran nada de lo que pasó con la explosión de las casas de la gente”.

Por ello, consideró “absurdo” que en la propia alcaldía no tuvieran conocimiento de la explosión del 30 de junio de 2021, si en la misma página electrónica de la ciudad tienen esa información.

La lucha no se termina

Dos años después del mal manejo de la gran cantidad de fuegos artificiales ilegales que fueron detonados en un barrio densamente poblado, por parte de miembros de la Unidad de Explosivos o Escuadrón de Bombas del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), las familias continúan viviendo en un hotel y, contrario a las declaraciones del jefe Michel Moore, todavía no se han recuperado de las pérdidas.

“Si no se hacen responsables de los daños ocasionados, vamos a ir a protestar a la casa de la alcaldesa Karen Bass”, amenazó Carmen Rodríguez, una mujer nacida en la Ciudad de México, quien ha vivido más de dos años en un hotel ubicado en la esquina de la calle Olive y Séptima.

“Nuestra lucha no se acaba”, dijo la señora Rodríguez, a La Opinión. “Desde hace dos años nos han ignorado”.

Apenas en julio, el jefe Michel Moore expresó que el LAPD sigue comprometido a apoyar a estos residentes y trabajan con funcionarios electos y administradores de la ciudad hasta la finalización de la restauración del vecindario de la calle 27.

“Este vecindario es resiliente y continuaremos el trabajo de reparar nuestra relación con esta comunidad que hemos jurado proteger y servir”.

Distinta realidad

Sin embargo, la realidad para Rosalba Beltrán es diametralmente opuesta a los deseos del jefe policíaco.

“Seguimos demandando que se arreglen nuestros hogares”, declaró la mujer, quien ha vivido en un hotel por más de 800 días, junto con su nieta Jazmín.

“Por dentro y por fuera mi casa quedo destruida; está quebrado el piso y las paredes quedaron abiertas por la explosión”, expliceo. “Son tan descarados que solamente quisieron parchar las paredes y ponerles pintura encima; vivir ahí no es seguro, y si viene un temblor, todo se viene abajo”.

En su declaración oficial, el jefe Moore dijo que el trabajo para estabilizar y reparar la calle 27 comenzó inmediatamente después de la explosión de los fuegos artificiales de 2021.

“Mientras nuestro trabajo en la comunidad estaba en marcha, el Departamento también invirtió en una revisión interna de arriba a abajo e implementó correcciones significativas”, afirmó.

“Se llevó a cabo una investigación completa que examinó las acciones del personal en el lugar ese día y también realizó una revisión en profundidad de las prácticas y protocolos del Escuadrón de Bombas”.

 Como resultado de esta investigación, cuatro miembros del escuadrón anti-explosión fueron sujetos a medidas disciplinarias del Departamento por su participación en este incidente.

Además, la revisión resultó en la implementación de nuevos protocolos para el Escuadrón de Bombas para evitar que ocurran eventos similares en el futuro y para garantizar la seguridad tanto de los miembros de la comunidad como de los oficiales.

Aunque el LAPD no reveló los nombres de los cuatro agentes disciplinados por la explosión, los organizadores de Stop LAPD Spying aseguraron que la oficial Stefanie E. Alcocer fue uno de ellos. Los demás fueron: Damien M Levesque, Jeffrey T. Bratcher, Mell C. Hogg, Mark M. McCarthy, David J. Kowalski, y Brian A. Morrison.

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Silencio…y la carta a Karen Bass

Debido al trato “discriminatorio” a las familias de la calle 27, Ron Góchez, de Unión del Barrio envió una carta a la alcaldesa Karen Bass en la que especifica que los residentes de esa parte de la ciudad demandan la inmediata reparación de las propiedades dañadas, además de que la ciudad asegure vivienda asequible y permanente para las personas que alquilaban un hogar y los dueños que se mantienen desplazados.

También, solicitaron que la alcaldesa Karen Bass efectúe una declaración pública, demandando responsabilidad de los oficiales del LAPD involucrados en la explosión, a pesar de que la tragedia ocurrió durante la administración del exalcalde, Eric Garcetti.

En la misiva, -una copia fue proporcionada a La Opinión-, Góchez afirma que las familias de la calle 27 constantemente están siendo amenazadas de ser echadas a la calle por la administración del hotel donde viven.

“Muchas de estas familias han trabajado incansablemente para intentar que la ciudad de Los Ángeles les repare sus casas, pero desafortunadamente eso no ha sucedido, y no tienen a donde ir”, señalan. “A menos que la ciudad extienda su estadía en el hotel, la mayoría podría convertirse en indigentes”.

Cuestionada la administración de la alcaldesa Bass del por qué ignorar y no otorgar una audiencia a las familias de la calle 27, el por qué sus casas no han sido reparadas y por qué, a pesar de haber reconocido el “error humano” cometido por los agentes del LAPD en el mal manejo de los fuegos artificiales, estos no habían sido disciplinados, se limitó a responder vagamente, en una declaración.

“Cuando las familias llegaron el viernes, el personal superior y los miembros de nuestro equipo de casos de los constituyentes se reunieron con ellos. El trabajo número uno de la alcaldesa es mantener seguros a los angelinos y nuestra oficina continuará colaborando con la oficina del consejo local y los Departamentos de la Ciudad en este tema”.

Minerva Velázquez, quien vivió por 40 años por la calle afectada con su esposo Hilario y su hija Mabali. explica la presunta negligencia de las autoridades.

“Con tanto dinero que han pagado de hotel, ya deberían haber arreglado todo”, consideró  “No entiendo por qué le hacen tanto al cuento si todos saben que ellos son los responsables de lo que nos pasa”.