¿Es George Gascón un fiscal de mano blanda?

George Gascón, el fiscal que llegó con la promesa de reformar el sistema de justicia, se enfrenta a su primera reelección en el condado de Los Ángeles, en medio de fuertes críticas por su aparente enfoque blando ante los criminales y su defensa a los grupos más vulnerables.

“Hay que evaluar su trabajo con buen balance, porque hay que destacar su defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables”, afirma Salvador Sanabria, presidente y director ejecutivo de El Rescate, una organización defensora de los inmigrantes.

“Se ha visto recientemente su intención de proteger a los migrantes recién llegados a Los Ángeles, de quienes presuntamente están tomando ventaja los hoteleros, ante la necesidad de asegurar un empleo y aprovechándose de la huelga hotelera”.

Gascón anunció que su oficina investiga acusaciones de que algunos hoteles posiblemente violaron las leyes salariales o de trabajo infantil al contratar a los migrantes recién llegados en autobuses desde Texas.

“Yo creo que al tener a un fiscal que tiene la experiencia de ser policía en el LAPD y jefe de policía en San Francisco, lo hace ser una persona muy experimentada para el cargo de fiscal y sabe lo que está haciendo”, agregó Sanabria, a La Opinión.

Desde el inicio de su gestión, el fiscal ha sido blanco de críticas por parte de algunas fuerzas del orden a causa de sus reformas más humanas al sistema penal, en donde casi 1,000 fiscales deben rechazar presentar cargos en 13 categorías de delitos menores, incluyendo intoxicación publica, uso de parafernalia, posesión de drogas o manejar con una licencia suspendida. Por ahora, nueve precandidatos quieren obtener su puesto para las elecciones de 2024.

La narrativa de sus detractores lo muestran como el causante de los robos masivos de atacar y robar (smash & grab), un fenómeno de carácter nacional que no es exclusivo de Los Ángeles ni más violento que en el área de San Francisco/Oakland, Houston, Nueva York y Seattle, de acuerdo con la Asociación Nacional de Minoristas (NRA).

“Habría que recordar que George Gascón hizo una campaña para reformar el sistema de justicia criminal, misma que discriminaba a la gente de color, latinos y afroamericanos, principalmente, quienes tienen los números más altos de encarcelamiento”, manifestó Víctor Narro, activista de derechos laborales.

“Tenemos que reformar el sistema de los que tienen más dinero y riqueza, y tienen mejor trato que las personas de color”.

Para Narro, Gascón quiere acabar con el “trato discriminatorio” contra las personas más vulnerables y quiere terminar con este pasaje de nuestra comunidad a la prisión”.

“La justicia debería aplicarse a todos por igual”, añadió. “como lo hizo el fiscal Gascón con el robo de salarios”.

En efecto, en septiembre de este año los expropietarios de empresas textiles en el sur de Los

Ángeles entre 2017 y 2022 fueron acusados: Soon Ae Park, de 64 años, y Lawrence Gi Lee, de 68, en relación con un presunto caso de robo de salarios presentado por una nueva unidad de la fiscalía de distrito que se especializará en centrarse en empresas en las que los trabajadores reciben menos dinero del establecido en la ley por su trabajo.

Ataques conservadores

Sin embargo, sectores conservadores y algunos candidatos republicanos para el cargo de fiscal de distrito sostienen que el aumento de robos en el condado de Los Ángeles fue el resultado de la aprobación de la Proposición 47 en 2014.

Dicha ley redujo la pena por delitos contra la propiedad si el culpable no tenía antecedentes penales.

La medida apuntó a disminuir la sobrepoblación carcelaria en California, debido a que la maquinaria de encarcelamiento masivo estuvo en apogeo por varias décadas, desde 1978 a 2005. En la actualidad, California tiene 199,000 individuos detrás de las rejas: 101,000 en prisiones estatales, 78,000 en cárceles locales, 4,100 en centros juveniles de detención, 12,000 en prisiones federales.

‘Nadie por encima de la ley’

Como resultado de un cambio en la ley estatal, desde el 1 de julio de 2021, el Departamento de Justicia de California investiga los tiroteos fatales de personas desarmadas que involucren a agentes de policía en California.

Todos los demás incidentes de tiroteos en los que intervienen agentes en los que una persona resulta herida en el condado de Los Ángeles, o casos de conducta ilegal de los agentes, son investigados por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

En 2021 la oficina de Gascón investigó 21 casos y 22 en 2022, que van desde manejar en estado de ebriedad a asesinato.

“Creo que tenemos a un fiscal que tiene la visión de aplicar correctamente la justicia, sin importar tu posición o tu cargo, porque ni tú ni nadie está por encima de la ley”, dijo Salvador Sanabria.

En seis casos que investiga la fiscalía de distrito, se han presentado cargos contra ocho oficiales del orden involucrados en balaceras (Pineda, Lyons, Concannon, Chávez, González, Murillo, López y Chandler.

Las administraciones anteriores de Steve Cooley y Jackie Lacey solo investigaron a dos agentes. Ningún cargo por asesinato se persiguió en contra de oficiales que, en el transcurso de su trabajo mataron a la esposa de un individuo y a otra persona.

Con Gascón, nueve casos involucran a 15 oficiales. Hasta el momento, 89 casos involucran a 99 agentes del orden.

“Creo que tenemos un fiscal preparado para evaluar la justa interpretación de la ley, a diferencia de quienes han servido anteriormente en el cargo”, explicó Salvador Sanabria.

Juan José Gutiérrez, miembro de la Comisión de la Barra de Abogados de California para garantizar el acceso a la justicia, dijo que, “a Gascón le están dando hasta por debajo de la lengua porque tiene una política que define como progresista, dándole la oportunidad a quienes han cometido delitos menores de rehabilitarse, antes que ir a la cárcel”.

“Está bien que, a quienes son menores de edad se les dé una segunda oportunidad, pero que no se generalice, porque el comportamiento que se trata de modificar, si no se sanciona, se vuelve un problema recurrente y muchas veces las víctimas pueden reaccionar con violencia”, añadió.

El audio ‘racista’

Cuestionable para Gutiérrez es “el desempeño” de Gascón en el caso político de escándalo del audio filtrado de presuntos comentarios racistas que involucró al dimitido exsecretario de la Federación de Trabajadores del condado de Los Ángeles, Ron Herrera, a la expresidenta del Concejo de la ciudad de Los Ángeles, la exconcejal Nury Martínez, quien renunció al cargo,  además de sus homólogos Gil Cedillo (llegó al final de su término) y el concejal Kevin de León.

“Fue ilegal la grabación de aquel audio y no se sancionó a los autores materiales quienes cometieron el delito”, dijo. “Y después de un año, sabiendo los nombres de quienes cometieron la felonía, y en lugar de aplicar la ley por parejo, el fiscal Gascón está explicando la situación selectivamente porque enfrenta una difícil reelección”.

“Se lavó las manos como Poncio Pilatos” expresó Gutiérrez, y le regresó el caso a la policía diciendo que necesita más evidencia, antes de decidir si va a proceder o no con cargos criminales contra los autores materiales de haber hecho la grabación ilícita y revelada públicamente el 9 de octubre de 2022.

El fiscal George Gascón dijo a La Opinión que el LAPD condujo la investigación y su oficina debería haber realizado el encausamiento.

“La policía perdió mucho tiempo y no se pudo cumplir con el estatuto de limitaciones y nos presentaron un caso incompleto, e incluso un miembro [del LAPD] reconoció que hicieron una investigación muy deficiente”, explicó Gascón. “Lo primero que debieron haber hecho es copiar el hard drive (disco duro) de la computadora (desde donde se grabó el audio) y así poder determinar desde y hacia donde hubo correos de comunicación”.

“Eso es básico y nosotros no contamos con ello”, enfatizó Gascón, quien dijo que sospechan de quienes estaban involucrados, pero había mucha información alrededor de la pareja que no se tenía como evidencia física.

“No la proporciono la policía, debieron haberla ido a buscar, porque no son cosas fuera de lo común y que eran obtenibles para poder probar el caso ante un juez”.