Vendedores ambulantes piden que policías de Huntington Park dejen de acosarlos

Un grupo de vendedores ambulantes se presentaron en el Ayuntamiento de Huntington Park para denunciar actos de acoso y hostigamiento por parte de los oficiales de policía de esa ciudad y de los agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Algunos ambulantes como Jovita Andrade Sandoval, una vendedora de 65 años, recibió cargos por un delito menor cuando vendía sus tamales y atoles en la esquina de las calles Pacific y Florence. 

“Me dieron cargos porque según me dijeron estaba invadiendo el paso de la gente, pero eso no es verdad”, dijo Jovita, quien es residente de Huntington Park.

Fue hace como un mes que a Jovita la rodearon cuatro policías como si fuera una criminal para decirle que se tenía que ir sino le iban a tirar su comida.

“Tuve que recoger mi carrito con mis tamales e irme, mientras los policías me seguían cuando me encaminaba a mi casa como para asegurarse que no me fuera a regresar”.

Pero antes le entregaron un papelito amarillo que contenía los cargos por el delito menor de vender en la vía pública.

La LA Street Vendor Campaign (LASVC), una coalición de organizaciones comunitarias y de vendedores ambulantes que abogan por sus derechos, le consiguió a Jovita un abogado probono que llevó su caso a la corte y consiguió que los cargos fueron desechados.

Sin embargo, la vendedora tiene miedo de regresar a la venta de sus tamales por temor a que la policía le vuelva a dar cargos o la multe.

“Me levanto a las dos y media de la mañana para preparar los tamales, la avena y el champurrado, y a las 5:30 me voy caminando a poner mi mesita. Hay veces que para las 8 de la mañana ya vendí todo, otras hasta las 10 de la mañana”.

Dijo que la venta de sus tamales le sirve para pagar alguna que otra cuenta.

“Nomás somos mi esposo y yo, pero no alcanza para todo con lo que él gana. Recientemente se enfermó y no pudo trabajar durante un mes. Tuve que conseguir ayuda para pagar la renta y no quedar mal. Yo le hago la lucha. Aunque sea para sacar para las tortillas”.

Después del citatorio de la policía, no sabe qué hacer.

“No me puedo ir a Los Ángeles a vender porque no tengo carro, y no me dejan subir en el bus con mis tamales”.

La abogada Ritu Mahajan Estes  de la organización Public Counsel dijo que a Jovita, los policías le entregaron un citatorio para que se presentara en la corte por cargos de obstruir una banqueta y mendigar, lo que se considera un delito menor.

“Esto es peor que una multa porque significa un récord criminal por vender sin un permiso; pero nunca le dijeron que era un citatorio sino una advertencia de que se tenía que mover del lugar. Hay que decir que ella no habla inglés ni sabe leer”.

La abogada dijo que en California, la venta callejera es legal y los vendedores no pueden ser tratados como criminales si venden en la calle.

“La ley estatal aunque despenaliza las ventas callejeras permite que cada ciudad establezca sus propias regulaciones. El problema es que algunos de los requisitos son demasiado duros  como exigir la toma de huellas dactilares para revisar los antecedentes penales y eso asusta a la gente. Eso es algo que no les piden a las personas que abren una tienda en la ciudad”.

Dijo que la Ciudad también quiere que los vendedores callejeros compren un seguro de responsabilidad por $2 millones que es muy caro.

“Los vendedores hacen poco dinero, y no pueden comprarse un seguro. Lo que sucede es que al no cumplir con los requisitos, no pueden obtener los permisos de la Ciudad, y siguen vendiendo en la calle porque necesitan ingresos, pagar la renta y comprar comida”.

Esto sucede mientras la Ciudad de Huntington Park manda a sus oficiales a acosar a los vendedores ambulantes.

“Muchos vendedores que son de Huntington Park se van a otras ciudades a vender para evitarse problemas, pero vendedores como Jovita no pueden hacerlo porque ahí viven. Además Jovita ya no es una persona joven, no tiene carro y sufre de una discapacidad. Así que está batallando porque no tiene dinero. La ayudamos para que pudiera pagar la renta un par de meses, pero esa no es la solución a largo plazo”.

Desde hace cuatro años, Yumabeli Castro, una madre de tres niños de 15, 13 y 4 años, vende tamales en la esquina de la calle 99 en Huntington Park.

“En los últimos cuatro meses, los agentes del sheriff me han estado acosando porque no tengo permiso para vender; y no se van hasta que me quito. Muchas veces se bajan y me rodean como si fuera una criminal muy peligrosa. Yo me voy porque no quiero ser multada. La última vez me amenazaron con arrestarme. Ahí ya me entró el miedo”, dijo.

Yumabeli dice que a pesar del hostigamiento no ha parado de ir a vender sus tamales y, ha resistido porque es la única forma de tener ingresos.

“Algunas veces los policías me han dicho que ellos solo obedecen órdenes, y responden a las quejas de los comerciantes establecidos que no quieren ver vendedores ambulantes en Huntington Park, pero yo no molesto a nadie. Estoy afuera de una tienda 99 que no vende tamales”.

Yumabeli pidió a las autoridades de la ciudad de Huntington Park que los dejen en paz.

“Solo queremos trabajar. Les pedimos una oportunidad. Nuestros niños necesitan comer”, dijo entre lágrimas la vendedora ambulante.

La abogada dijo que vender en la calle es la única alternativa que muchos ambulantes tienen ya que no pueden hacer otra cosa por ser inmigrantes indocumentados.

“Simplemente existe una sensación general de que los vendedores no son tratados con respeto cuando no están tratando de hacer nada malo sino ganarse la vida para mantener a sus familias. Como respuesta, lo que estamos haciendo es maltratarlos. Es necesario hacer algo para demostrar que los valoramos”.

Añadió que no es que no quieran sacar sus permisos de trabajo sino que los requisitos son muy duros y, además cuando se trata de la venta de comida, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles les exige un tipo de carrito que tiene un costo que muchos no pueden pagar, y no hay otras opciones más baratas.

Un grupo de vendedores y defensores de sus derechos entregaron una carta a la Ciudad de Huntington Park y pidieron una reunión urgente antes del 17 de noviembre.

“Los vendedores ganan una media de $15,000 dólares al año y utilizan los ingresos que obtienen de la venta ambulante para cubrir necesidades básicas como la alimentación y la vivienda. No pueden permitirse los tipos de multas impuestas por la ordenanza de la Ciudad y no deben ser penalizados tan duramente por simplemente tratar de ganarse la vida”, dijeron en la carta. 

Entre otras peticiones, buscan que se modifique la ordenanza de venta ambulante de la ciudad de acuerdo con la ley estatal.

La Campaña de Vendedores Ambulantes de Los Ángeles está formada por organizaciones como Community Power Collective, East LA Community Corporation, Inclusive Action for the City y Public Counsel.

Sergio Infanzon, vocero de la Ciudad de Huntington Park, dijo que la carta se las entregaron apenas el 7 de noviembre, y aún no tienen una respuesta.