Sindicalizados: ‘Nosotros no queremos irnos a la huelga, pero nos están obligando’

María Blanco está decidida a ser parte de una nueva huelga en Los Ángeles si el Departamento de Salud Pública (DHS) continúa bloqueando la ordenanza aprobada desde abril, mediante la cual la Junta de Supervisoras aprobó que unos 2,000 trabajadores obtuvieran seguro médico.

María, una trabajadora de limpieza y otros 700 trabajadores miembros del SEIU-United Service Workers West (USWW) dicen estar “cansados de esperar” a que el DHS implemente la moción aprobada desde el 4 de abril, la cual les garantiza a ellos y a otros 1,300 trabajadores subcontratados para prestar sus servicios en hospitales públicos del condado reciban atención médica.

La fecha tentativa para declararse en huelga es el próximo 6 de diciembre, si se da el caso.

“Nosotros no queremos irnos a la huelga, pero nos están obligando”, dijo María, una mujer de 52 años, diabética, que tiene complicaciones con la tiroides, a quien se le están cayendo los dientes porque no puede pagar una cirugía dental que le cuesta $20,000 y aparte, cuida a sus padres.

Ella tiene 14 años trabajando en el hospital LAS+USC [ahora llamado Los Angeles General Medical Center] donde nunca le han proporcionado seguro médico.

El retraso histórico para recibir ese beneficio de hace décadas de lucha obedecía a que los cinco miembros de la Junta de Supervisores deberían haber votado de forma unánime para ofrecer seguro médico a los 3,000 empleados, la mayoría gente de color, afroamericanos y latinos. Este voto ya se dio hace siete meses y fue aprobado.

En el pasado, cuando el tema era discutido, aunque hubiese mayoría de votos de los supervisores, los trabajadores de limpieza, guardias de seguridad, encargados del medio ambiente y personal de los servicios de cocina se quedaban en el limbo. La moción siempre se quedaba estancada.

Los trabajadores, considerados “esenciales” durante la pandemia de Covid-19, en su mayoría no están sindicalizados y, además, son subcontratados “y quedan a merced de compañías que manipulan sus derechos”, dijo a La Opinión, una fuente cercana a las pláticas sobre el otorgamiento del seguro médico.

Para colmo de males, el Departamento de Salud Pública (DHS del condado) “se aferra a resquicios legales” no incluidos en el documento del 4 de abril.

La moción aprobada de forma unánime requería que el Departamento de Salud Pública presentara un plan para implementarla antes del 31 de diciembre.

“DHS alega que necesitan volver a retomar el tema hasta que el contrato de los trabajadores venza en julio de 2024”, dijo la fuente a La Opinión. “El problema es que a muchos de los trabajadores los tienen trabajando en hospitales con contrato de mes a mes y el condado no quiere dar el dinero para la moción aprobada”.

Con un presupuesto anual de casi $4,000 millones, Servicios de Salud (DHS) es un comprador de bienes y servicios en el condado de Los Ángeles, y la división de contratos y subvenciones (C&G) es responsable de la adquisición de servicios en nombre de dicha entidad, incluyendo subcontratos con numerosas compañías, entre ellas Sodexo o Servicom Systems.

De hecho, María Blanco, originaria de Mexicali, Baja California, sostiene que a ella y a otros compañeros de limpieza les han dicho sus contratistas que “no somos prioridad en el presupuesto del condado”.

¿Quién nos protege?

Blanco, de 52 años y originaria del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, testificó ante la Junta de Supervisoras que, aparte de no contar con seguro médico, nadie habla del exceso de trabajo que tienen.

“Las supervisoras saben que muchas veces nos lastimamos por la carga de responsabilidades; yo antes tenía Medical, pero me lo quitaron, aun cuando soy cabeza de mi familia y tengo como dependientes a mis dos hijos”, explica.

“Cuando me he enfermado gravemente voy a emergencias o urgencias, o trato de curarme con remedios caseros”.

Esta trabajadora asegura que siempre está limpiando oficinas y desinfectando cuartos de enfermos para que no haya bacterias que puedan enfermar a las personas.

“En los hospitales protegemos a todos con nuestro trabajo, pero ¿Quién nos protege a nosotros?”, se preguntó.

David Huerta, presidente del sindicato SEIU-USWW, si bien agradeció la moción y el voto que presentaron las supervisoras Janice Hahn e Hilda Solís en favor de los trabajadores “esenciales”, destacó que la burocracia del sistema impedirá que los trabajadores tengan seguro médico como está planeado, antes del 31 de diciembre.

“¡Ya no podemos aguantar más tiempo!”, exclamó durante una protesta frente al edificio de la Junta de Supervisoras. “Nos dicen que no hay nada y ya estamos hartos; y si no hay una respuesta [positiva] es posible una huelga en diciembre. Solamente estamos exigiendo que cumplan lo que nos prometieron”.

La moción de las supervisoras Hahn y Solís requería que el Departamento de Servicios de Salud (DHS) del condado de Los Ángeles garantice que los trabajadores de servicios de limpieza, ambientales y de alimentos en los hospitales del condado reciban la cobertura del Nivel Oro de la Ley de Atención Médica Asequible antes del 31 de diciembre de 2023.

En la reunión del martes pasado, la supervisora Kathryn Barger, quien representa al Distrito 5 del condado, pidió a su homóloga, Janice Hahn que preguntara por escrito a Fesia Davenport, directora ejecutiva del condado, sobre el estado de la moción.

 Mal pagada y sin seguro médico

Amparo Díaz lleva cuatro años trabajando como la única persona que hace la limpieza en el área de maternidad del hospital Harbor UCLA ganando apenas $18 por hora.

“Somos muy pocos trabajadores y nos están dando trabajo al dos por uno”, declara la mujer contratada por la compañía Sodexo. “A cada uno nos piden que limpiemos hasta 40 cuartos grandes donde caben cuatro camas”.

Amparo, una mujer soltera que vive en Anaheim, describe que sus supervisores les entregan una lista de responsabilidades que tienen que cumplir sí o sí: recoger la basura, tirarla y sacar la ropa sucia; sacudir el cuarto, barrerlo, lavar el baño, desinfectar la habitación y al final, trapear y tener las camas.

Como representante sindical en su trabajo, Amparo dijo que, por siete meses consecutivos ha estado preguntado al departamento de Recursos Humanos de Sodexo, que les notifiquen por escrito cuantas cuartos y camas deben hacer en ocho horas. No ha obtenido respuesta.

“Tenemos exceso de trabajo y eso es estresante para todos nosotros”, explica. “Imagínese si una persona puede hacer todo lo que nos piden en minutos, cuando puede tardarse 45 minutos en desinfectar algún cuarto donde estuvo una persona enferma de Covid-19 o tuberculosis”.

Como resultado de la presión laboral, -añadió- la gente falta seguido a su trabajo.

“Nadie tiene seguro médico y no hay manera de que podamos pagar una visita al hospital”, agrega. “No somos robots y la compañía no quiere contratar más personal; dicen que somos suficientes los que estamos”.

Antes del cierre de edición, Drew Nannis, vicepresidente sénior de dicha compañía no respondió a llamadas de La Opinión.

¿Una moción de papel?

Por unanimidad, desde el pasado 4 de abril, las Supervisoras del condado de Los Ángeles aprobaron una moción que reconoce el acceso equitativo a la atención médica de unos 2,000 empleados que laboran en instalaciones operadas por el Departamento de Servicios de Salud (DHS).

La moción nombra a una fuerza laboral de más de 2,000 trabajadores de seguridad, limpieza, medio ambiente y servicios de alimentos. 

“Estos trabajadores contratados brindan servicios críticos que mantienen operativos los hospitales, clínicas y centros de menores del DHS”, indica la moción de las supervisoras Janice Hahn e Hilda Solís.

Muchos de estos contratos se rigen por la Proposición A, que permite la subcontratación de servicios que normalmente realizan los empleados del Condado.

“Si bien los trabajadores contratados de seguridad, limpieza, medio ambiente y servicios alimentarios desempeñan un papel esencial en las operaciones del condado: reciben una remuneración inferior a la estándar de la industria”, precisa la moción.

 De hecho, un informe del 30 de abril de 2018 de la Oficina Ejecutiva (CEO) del condado sobre los contratos de la Proposición A, confirmó que las prácticas actuales de subcontratación generan ahorros a cambio de menores beneficios para los empleados.

 La moción reconoce que estos trabajadores de “primera línea” provienen predominantemente de comunidades de bajos ingresos y comunidades de color en todo el condado.

 Establece, además, que los estándares para los trabajadores contratados por el condado reducen los estándares en estas industrias de servicios que ya tienen salarios bajos, exacerbando las altas tasas de rotación e inseguridad para la precaria situación de los trabajadores.