Nayib Bukele generó una crisis de derechos humanos en El Salvador, revela Amnistía Internacional

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha producido una crisis de derechos humanos en la nación centroamericana al llenar las cárceles de personas a quienes no se les han respetado sus derechos, revela un reporte emitido por Amnistía Internacional.

De acuerdo con el movimiento global que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, durante los tres últimos años de gobierno del mandatario de ascendencia palestina y convertido al islam, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos e incluso algunas de ellas están ligadas como presuntas causas de fallecimientos de personas bajo tutela del Estado.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, menciona que, bajo la justificación de erradicar al crimen organizado incrustado en la sociedad salvadoreña, el gobierno, la policía, las fuerzas armadas y el sistema judicial, están incurriendo en graves faltas hacia los derechos de los ciudadanos.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, expresó.

Y es que Amnistía Internacional detecta que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales como son la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia.

Además, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, así como la práctica implementada por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía entre otros, presuntamente han limitado los derechos a la defensa.

De hecho, Amnistía Internacional menciona múltiples casos en que personas son señaladas como criminales ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, o bien por tener a un familiar perteneciente a un grupo delictivo.

Al ser privadas de su libertad, dichas personas son presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría resultan acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena ronda entre 20 a 30 años de prisión.

Los procesos pueden llegar a realizarse hasta en contra de 500 acusados a la vez y son resueltos de forma sumaria.

Al respecto, Guevara Rosas enfatiza que tener a tantas personas encarceladas y condenadas no sería posible en el corto tiempo en que se han dado sus detenciones, pues eso evidencia que no se respetó el debido proceso.

“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más de 35 mil personas en menos de tres meses no habría sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, concluyó.

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