La Corte Suprema decidirá si las ciudades pueden hacer cumplir leyes contra desamparados

La Corte Suprema acordó el viernes escuchar un caso que considera si las ordenanzas municipales que prohíben a las personas sin hogar acampar en propiedad pública cuando no hay refugios suficientes violan las protecciones constitucionales contra “castigos crueles e inusuales”.

La Corte Suprema acordó reexaminar el caso Johnson vs City of Grants Pass, donde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito consideró inconstitucional que las ciudades castiguen a los residentes sin hogar por permanecer en propiedades públicas si no tienen acceso a alternativas de alojamiento.

La revisión del caso que se originó en la ciudad de Grants Pass en Oregon, podría anular o reducir un precedente de cinco años de un tribunal federal de apelaciones que limita hasta qué punto las ciudades de los estados del Oeste de Estados Unidos podían criminalizar a quienes duermen en las calles cuando no hay suficiente espacios de refugio disponibles.

En el caso más antiguo, Martin vs Boise, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó en 2018 que es un castigo cruel e inusual castigar penalmente a las personas por acampar en propiedad pública cuando las personas en cuestión no tienen otro lugar donde dormir legalmente.

El caso surgió después de que un grupo de personas sin hogar impugnara la aplicación de las ordenanzas. Los abogados de los demandantes dijeron en documentos judiciales que el plan de la ciudad es “expulsar a sus residentes sin hogar a jurisdicciones vecinas haciéndoles imposible vivir en Grants Pass sin enfrentar sanciones civiles y penales”.

Las personas sin hogar están siendo castigadas por “simplemente existir”, añadieron los abogados.

El fallo era vinculante para las ciudades de la costa oeste, donde las crecientes tasas de personas sin hogar sin hogar están llevando a los gobiernos locales a aprobar prohibiciones de acampar en lugares públicos.

Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, concluyó que el gobierno no puede castigar penal o civilmente a las personas por no tener vivienda o por tener material para dormir.

El tribunal se basó en su consiguiente fallo de 2018 en Martin vs. Boise, que sostuvo que la protección de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales “prohíbe la imposición de sanciones penales por sentarse, dormir o acostarse afuera en propiedad pública para personas sin hogar que no pueden obtener refugio”.

El fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en 2022 se aplica a los nueve estados dentro de su jurisdicción, incluido California. Varios de esos estados tienen grandes poblaciones de personas sin hogar.

Entre quienes piden a la Corte Suprema que revoque la decisión del tribunal de apelaciones se encuentran funcionarios locales de Los Ángeles, San Francisco, Phoenix y otras ciudades.

El gobernador demócrata de California Gavin Newsom ,junto con los alcaldes demócratas en Los Ángeles, San Francisco y Honolulu, ahora se encuentran del mismo lado que los legisladores republicanos de Arizona que también buscan abordar la falta de vivienda en los espacios públicos.

“California ha invertido miles de millones para abordar el problema de las personas sin hogar, pero los fallos del tribunal han atado las manos de los gobiernos estatales y locales para abordar este problema”, dijo Newsom en un comunicado el viernes. “La Corte Suprema ahora puede corregir el rumbo y poner fin a las costosas demoras de las demandas que han plagado nuestros esfuerzos para despejar los campamentos y brindar servicios a los necesitados”.

Sigue leyendo:

– La cantidad de personas sin hogar alcanzó un récord en 2023 en EE.UU.
– Miami Beach aprueba ley para arrestar a las personas sin hogar que se niegan a ir a un refugio
– Legendario Morrison Hotel, en el centro de Los Ángeles, dará vivienda a personas sin hogar