Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos
Activistas venezolanos explicaron que el cierre de la oficina en Caracas elimina un espacio accesible e imparcial para la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país sudamericano
Defensores de derechos humanos piden por la liberación de la activista Rocío San Miguel. Crédito: Getty Images
Un arresto, un tuit y dos palabras, “desaparición forzada”, desataron en pocas horas una tormenta que terminó con la salida de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.
Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:
“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.
Ese término enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa mucho más que no se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, como hacen muchos gobiernos occidentales.
Pero no quedó ahí la crítica de un órgano de la ONU.
Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.
Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.
Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. “Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”.
En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.
La expulsión
Tres días después del tuit del Alto Comisionado, el jueves 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina en Venezuela y les daba 72 horas para abandonar el país.
El canciller indicó que la oficina del Alto Comisionado en Caracas se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, al mantener “una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios”.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ya había informado para entonces que San Miguel había sido detenida y era investigada por su supuesta participación en “Brazalete Blanco”, una conspiración para asesinar a Maduro.
Sin embargo, no había dado explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los abogados de San Miguel: por qué fue detenida con sus familiares; por qué negaron al inicio de la detención que se encontraba en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia; y por qué la mantuvieron en aislamiento durante diez días, sin contacto con parientes ni defensores.
“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, justificó Saab en una conferencia de prensa.
“¿Cómo explican que hasta ahora haya gente diciendo que hubo una desaparición forzada?”, dijo al cuestionar al Alto Comisionado y a las más de 200 organizaciones no gubernamentales locales que protestaron por el caso de la activista.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas indica que este delito combina tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida
San Miguel dirige Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría de la fuerza armada venezolana. El Ministerio Público la acusó por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Uno de sus allegados permanece detenido y los familiares fueron liberados, sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con prohibición de salida de Venezuela.
Cuatro días después del anuncio del canciller, el lunes 19 de febrero, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país el sábado 17 de febrero. Y cambió los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”.
La creación de la oficina
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se instaló en Caracas a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupaba entonces el cargo de Alta Comisionada.
Preocupado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país, el gobierno accedió a que la oficina del Alto Comisionado se instalara en Venezuela y monitoreara la situación con el fin de cooperar y evitar nuevos señalamientos negativos que tiñeran su imagen en el mundo.
El gobierno de Maduro quería acabar con lo que consideraba como una “visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”.
Pero la instalación de la oficina no impidió que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, investigara y documentara casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Ese año se registraron las primeras protestas contra el gobierno de Maduro en las que hubo decenas de muertos y heridos.
La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, alertó que la forma en que San Miguel y sus familiares fueron detenidos responde a un patrón que los investigadores de la misión detectaron en testimonios de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.
No era ese el lenguaje de la oficina del Alto Comisionado, mucho más ponderada y públicamente menos crítica.
Hasta que llegó el tuit tras la detención de San Miguel.
La salida del personal de la oficina llega en un momento de alta tensión en Venezuela a la espera de conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.
El gobierno denuncia una supuesta conspiración contra Maduro en medio de la presión nacional e internacional para exigir que se levante la inhabilitación política de María Corina Machado, elegida como la candidata opositora para desafiar a Maduro en las presidenciales.
Qué implica la salida
El abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, explicó que la expulsión del personal de la oficina elimina la “única instancia imparcial e independiente en el país” a la que podían acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
“Era un sitio para escuchar a las víctimas. Allí no había miedo. No solo se les escuchaba, se les creía. Eso era un factor esencial para las víctimas porque era un acto de justicia. Y que estuviera en Caracas era una enorme ventaja que ahora se pierde”.
Daniels dijo que la oficina también podía interceder ante el gobierno frente a ciertos casos, lograba liberaciones y el cese de violaciones. “Ellos podían hacer más que nosotros”, afirmó en referencia a los activistas locales.
La socióloga Ligia Bolívar, quien fue fundadora de la ONG Provea y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que el mayor aporte de la oficina fue “el acompañamiento a presos y familiares”.
“El gobierno es hermético, no establece puentes ni interacción con las ONG porque no reconoce su trabajo. La oficina hizo el vínculo entre presos políticos y comunes y sus familiares con las autoridades y se lograron acciones importantes desde el punto de vista humanitario”.
Bolívar precisó que si bien disminuye la capacidad de acción de la oficina porque no está en Venezuela, puede mantener sus labores desde otras sedes. “Lo que está tratando de evitar el gobierno es el monitoreo internacional. A partir de ahora se hará a distancia, como ocurre con otros países como Nicaragua”.
BBC Mundo pidió una entrevista con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para conocer los próximos pasos de la instancia, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de esta historia.
La nutricionista Susana Raffalli, activista por el derecho a la alimentación, recordó que la oficina construyó “un espacio de reunión entre los actores de la sociedad civil que ahora se pierde” y constituía “una fuente de información estructurada sobre el país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Raffalli advirtió que la campaña “Yo soy Rocío” y “Todos somos Rocío” no solo implica un acto de solidaridad con la activista, sino también el reconocimiento de que cualquiera en Venezuela puede ser víctima de una detención como la de San Miguel.
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