Corte Suprema: leyes de Florida y Texas sobre redes sociales podrían violar la 1ra. Enmienda

La Corte Suprema se enfrentó a cuestiones espinosas sobre la libertad de expresión el lunes mientras sopesaba las leyes de Florida y Texas que buscan imponer restricciones a la capacidad de las empresas de redes sociales para moderar el contenido.

La decisión que tomará la Corte Suprema es de extraordinaria importancia para el futuro de las redes sociales y los contenidos que difunden.

Después de casi cuatro horas de argumentos orales, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos de que los estados puedan prohibir que las plataformas bloqueen o limiten el alcance de algunos usuarios problemáticos, sin violar los derechos de libertad de expresión de las empresas.

Pero los jueces de la Corte Suprema también expresaron temores sobre el poder y la influencia de las grandes plataformas de redes sociales como YouTube y Facebook y cuestionaron si las leyes deberían bloquearse por completo.

Las leyes, que aún no han entrado en vigor, obligarían a las empresas a expresar los puntos de vista de todos los usuarios y les impedirían destituir a los candidatos políticos.

Los legisladores republicanos en los dos estados aprobaron las leyes para tratar de combatir lo que, según ellos, son esfuerzos para silenciar las voces conservadoras en plataformas como Facebook, YouTube y X, antes conocida como Twitter.

Las leyes se inspiraron en parte en plataformas que prohibían a Donald Trump por violar sus reglas contra la incitación a la violencia en sus publicaciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Fundamental distinción de la Primera Enmienda

Las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda se aplican a las acciones del gobierno, no a las de entidades privadas, incluidas las empresas.

Los casos del lunes (Moody vs NetChoice y NetChoice vs Paxton) surgen de desafíos de grupos clave de lobby tecnológico, NetChoice y Computer and Communications Information Association (CCIA), que dicen que las leyes de Florida y de Texas violan sus derechos de la Primera Enmienda a tomar decisiones editoriales sobre qué contenido permitir o prohibir.

Si se permite que las leyes entren en vigor, dicen los grupos comerciales, será prácticamente imposible que las plataformas controlen el discurso de odio, la defensa del terrorismo o diversos tipos de contenido que puedan dañar a los niños.

Los dos partidos –los estados y las plataformas– están enarbolando la bandera de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda frente a la interferencia estatal.

Texas y Florida consideran que vetar mensajes y usuarios viola la libertad de expresión.

Las plataformas de redes sociales, representadas por asociaciones industriales, dicen que son estas leyes las que las violan al impedirles elegir qué publicar en sus plataformas.

Para los estados, las redes sociales se parecen más a teléfonos, las empresas telefónicas no censuran las conversaciones que sus usuarios realizan; para las plataformas, las redes sociales se parecen más a periódicos, donde sí se censuran contenidos que pueden ser falsos, maliciosos o dirigidos a causar daños.

Jueces potencialmente fundamentales en los casos, incluida la conservadora Amy Coney Barrett y, inesperadamente, el liberal Ketanji Brown Jackson, dijeron que el rumbo correcto para la corte era turbio porque las grandes plataformas de redes sociales desempeñan muchos roles diferentes.

Si bien seleccionan principalmente discursos elaborados por los usuarios y disfrutan de una amplia protección de la Primera Enmienda para hacerlo, los sitios también brindan servicios, como mensajería privada, que no implican mucha o prácticamente ninguna supervisión editorial.

Los servicios, sugirieron esos jueces, son similares al mismo tiempo a los de los proveedores de telefonía o de Internet y pueden estar sujetos a más regulaciones gubernamentales.

Otros jueces parecieron clasificarse en campos alineados con las plataformas o con los esfuerzos de los estados por controlarlas.

La procuradora general Elizabeth Prelogar, quien defendió a la administración Biden en apoyo de los grupos comerciales de tecnología, cuestionó esa interpretación de la Sección 230, una ley federal clave que aísla a las plataformas en línea de muchas demandas basadas en el contenido publicado por sus usuarios.

La sección 230, dijo Prelogar, muestra que el Congreso quería que las plataformas tuvieran protecciones legales para su función editorial, no que se las considerara como transportistas de comunicaciones comunes pasivos, como son las compañías telefónicas.

Las dos impugnaciones llegaron a la Corte Suprema después de que dos tribunales de circuito federales llegaran a conclusiones opuestas sobre la constitucionalidad de las leyes: el Circuito 11 anuló en gran medida la ley de Florida y el Circuito 5 aprobó la de Texas.

Varios jueces sugirieron que sería mejor enviar los casos de regreso a los tribunales inferiores para que analicen las diversas disposiciones de cada ley y cómo deben tratarse.

“Si lo que decimos sobre esto es que se trata de un discurso que tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda, creo que eso tiene implicaciones de la Sección 230 para otro caso”, dijo la jueza conservador Amy Coney Barrett. “Y por eso siempre es complicado escribir una opinión cuando sabes que podría haber minas terrestres que afectarían las cosas más adelante”.

Se espera que la Corte Suprema decida en junio cómo abordar esas minas terrestres.

Con información de CNN, Politico y NBC News

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