Quieren cambios en el condado de Orange 

Miembros del Instituto Harbor para la Justicia Económica revelaron un informe analítico del estado económico de las comunidades de inmigrantes y refugiados en el condado de Orange, apelando a cambios sustanciales en las políticas de gobierno locales. 

El análisis llamado “Organizando para el Cambio: Oportunidades para la Justicia Inmigrante y Económica en el Condado de Orange”, examina la problemática que enfrentan los trabajadores en materia de inmigración, economía, vivienda, robo de salarios, la carga por contaminación en vecindarios donde viven las minorías, salud pública y confianza del público en las autoridades del orden y seguridad comunitaria. 

“Anteriormente ha habido informes académicos e independientes que hablan de la crisis de vivienda, pero nunca se han enfocado en las políticas que tienen que cambiar”, dijo Carlos Perea, director ejecutivo del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice. “Nuestra forma de entrar a la conversación es con un enfoque basado en la comunidad inmigrante y los refugiados”. 

Vivienda cara y las rentas están por las nubes 

La vivienda sigue siendo un tema importante para muchos residentes del condado de Orange, especialmente los inmigrantes y refugiados que tienen más probabilidades de trabajar en ocupaciones de bajos salarios y vivir en precariedad económica.  

 “Alrededor del 48% de las unidades de vivienda ocupadas tienen jefes de familia inquilinos, mientras que casi el 41% de las unidades de vivienda ocupadas por residentes nacidos en Estados Unidos tienen jefes de familia inquilinos”, describió Mai Nguyen, gerente de investigación y políticas del Instituto Harbor. 

 Esos inquilinos suelen enfrentarse a una mayor inestabilidad e inseguridad en materia de vivienda, en comparación de quienes tienen hipotecas. En varias de las ciudades y áreas más grandes del condado de Orange con grandes comunidades de inmigrantes y refugiados, los inquilinos constituyen la mayoría de la población de cada ciudad, en lugar de los propietarios de viviendas.  

 En particular, Santa Ana, la ciudad del condado de Orange con la segunda población más grande de inquilinos (166,767 personas), fue la primera ciudad del condado en promulgar políticas de control de alquileres en 2021, luego de años de organización por parte de los residentes locales, incluidos miembros y organizadores de Tenants United Santa Ana e integrantes de la organización VietRISE. A Santa Ana le supera solamente Anaheim, con 180,926 personas que viven en unidades de alquiler. 

 Además de tener que pagar más del 30% de sus salarios en la renta, en 2022, el alquiler de una habitación era de $1,905. De esa manera, un inquilino tendría que ganar $39.69 por hora o $1,587.60 semanales para evitar la carga de alquiler. 

 Esa es la realidad que vive Mariana Robles, originaria de Zitácuaro, Michoacán. 

 “Yo vivo en un departamento de dos recamaras y allí vivimos siete personas, mis tres hijos, dos sobrinos, mi esposo y yo”, dijo Mariana Robles, residente de Santa Ana. “Pagamos $1,951, pero no podemos pagar más; por eso vivimos amontonados en dos recámaras y la sala”. 

 Mexicanos y vietnamitas al frente de las deportaciones 

 Mai Nguyen expresó que, a través de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes (Immigrant Youth Coalition) -que fue el flanco izquierdo del movimiento de los Dreamers- comenzaron a desafiar al Departamento del Alguacil del condado de Orange, cuando los departamentos de policía locales trabajaban con ICE. 

 “Las ganancias obtenidas [por las autoridades] en nuestro país no estaban ocupadas por una reforma migratoria, que, francamente no sucederá en los próximos 10 años”, dijo. “Pero, con la ayuda de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) nos capacitaron para la lucha”. 

 En el análisis, los autores muestran que la oficina del Sheriff  entregó para deportación a 580 personas en 2017; 7171 en 2018; 492 en 2019; 225 en 2020; 73 en 2021; 17 en 2022 y 221 en 2023. 

 De hecho, el Fondo de Justicia de Orange (Orange County Fund) señaló a principios de 2023 que más de 22,000 casos de deportación estaban pendientes en el recientemente inaugurado Tribunal de Inmigración de Santa Ana, de los cuales 17,000 eran casos de residentes del Condado de Orange.    

En 2022, el 71% de los deportados fueron mexicanos y el 12% vietnamitas y otros 12% ciudadanos de Guatemala. Un año después, el 43% de repatriados fueron mexicanos y el 40% vietnamitas. 

Hasta enero de 2024, el número de casos de deportación había aumentado a más de 38,000.  

Adicionalmente, hasta julio de 2022, más de 15,300 personas en la región de Los Ángeles y del condado de Orange eran monitoreadas a través de programas de “alternativas a la detención” de ICE, que, a menudo, implican métodos de vigilancia intrusivos, como grilletes electrónicos en los tobillos o visitas domiciliarias arbitrarias. 

“Uno, aunque es indocumentado, trabaja honradamente para corretear la liebre (la comida)”, dijo José Mendoza, de 56 años, un recolector de metal e inmigrante de Guadalajara, México. “Ellos mejor deberían perseguir a los criminales”. 

 Construir la resistencia contra Trump 

 Para Salvador Sarmiento, director de campañas nacionales de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el reporte “de alguna manera es como un reto a los políticos, pero también a las mismas organizaciones defensoras de los inmigrantes y refugiados, y a los sindicatos de trabajadores en el condado”. 

“Es un llamado para un condado que por mucho tiempo ha sido un símbolo antiinmigrante, y quizás un llamado para construir un condado multirracial que da la bienvenida a las familias inmigrantes”. Dijo. “Y todos sabemos que puede ser una realidad”. 

Sarmiento recordó la victoria de los defensores de los inmigrantes frente a los ataques del expresidente Donald Trump quien declaró la guerra a las ciudades santuario de California y del país, con el respaldo de la exalguacil Sandra Hutchens, -quien falleció en 2021- el supervisor del condado Shawn Nelson y la actual congresista Michelle Steel. 

“Construimos la resistencia en Los Alamitos, Huntington Beach, Irvine, Costa Mesa y en la terrible Yorba Linda”, recordó Sarmiento. “Eso sucedió porque necesitábamos que todos los organizadores fueran el catalizador de la resistencia y lo hicimos realidad, pero recordemos que no es un hecho que California vaya a resistir nuevamente en noviembre o lo que pueda suceder el próximo año [si Trump gana la elección]. No es un hecho a menos que nosotros lo hagamos realidad”. 

Maltrato y robo de salarios 

En todo el condado de Orange, los trabajadores a menudo enfrentan un maltrato generalizado. Además de los problemas de abuso físico, discriminación e intimidación, a menudo luchan para que se les pague la cantidad total por el trabajo que realizan. 

“Los testimonios de los trabajadores, análisis legales, relatos periodísticos y la literatura académica han destacado durante mucho tiempo el robo de salarios como un problema rampante en todo el estado, incluido el condado de Orange”, precisa el estudio. 

Estos problemas son particularmente graves entre los trabajadores inmigrantes y refugiados de bajos salarios, muchos de los cuales trabajan en industrias en las que el robo de salarios es más común, incluidas las industrias de restaurantes, construcción y salones de manicura. 

“Si bien me va, hoy podría ganar $20.00”, dijo Manuel Cid, un vendedor de flores que se ubica en el camellón central de la calle Primera y Flower, en Santa Ana. “No es mucho, pero al menos sirve para comer algo”. 

La magnitud del robo de salarios en California es impresionante. 

Aunque el reporte “Organizando para el Cambio: Oportunidades para la Justicia Inmigrante y Económica en el Condado de Orange” no lo incluye, el Instituto de Política Económica señala que, en California, el promedio anual de $3,400 por persona no se le pagó a más de 14 millones de trabajadores. Así, el total del robo de salarios acumulado fue de $1,979 millones. 

“La magnitud del robo de salarios en el condado de Orange está enormemente subestimada”, declaró Sameer Ashar, profesor de la clínica de derecho en UCI Law.  

 En el informe del Instituto Harbor los totales de sentencias del tribunal superior de Orange por industria, de 2018 a 2022 fue: $3.4 millones en remolque de vehículos de motor; $3.3 millones en la industria de salud, Medical y servicios farmacéuticos; $2.2 millones en restaurantes y otros servicios de comida; $2 millones en la construcción; $1.3 millones en la industria de manufactura y $1.1 millones en servicios de bancos y financiamiento. 

“Esos son datos disponibles públicamente, pero ¿cuántos trabajadores ni siquiera pueden presentar un reclamo, ya sea ante una agencia, y mucho menos ante un tribunal, para intentar y luego llegar a un fallo por millones de dólares?”, cuestionó el abogado.