La ACLU demandó al gobierno de Biden por la orden ejecutiva de inmigración y el asilo
Grupos de defensa de los inmigrantes encabezados por ACLU presentaron una demanda contra la administración Biden el miércoles por la reciente orden que restringe severamente las solicitudes de asilo en la frontera sur
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandaron el miércoles a la Administración Biden por la orden ejecutiva sobre inmigración que restringe severamente el asilo en la frontera sur de Estados Unidos y pone en riesgo miles de vidas.
La demanda federal fue presentada en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas. (Las Américas) y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES) y agrupa a varias organizaciones.
La demanda se refiere a las órdenes y medidas dictadas la semana pasada por la Administración Biden que ordenaron el cierre a cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos.
“Las acciones de la administración Biden efectivamente cerraron la puerta a innumerables personas que huyen de la violencia y la persecución. Las políticas contra el asilo son crueles, ineficaces e ilegalmente socavan el derecho fundamental a buscar asilo en Estados Unidos”, afirmó Arthur Spitzer, abogado principal de la ACLU del Distrito de Columbia.
La demanda expone las nuevas medidas permiten el acceso al asilo sólo a personas que pueden conseguir una cita escasa para presentarse en un puerto de entrada o satisfacer una excepción muy estrecha, lo cual es inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo “independientemente de que entren o no” por un puerto de entrada.
Además de prohibir el asilo a la mayoría de los inmigrantes, las nuevas normas también crean obstáculos potencialmente insuperables para buscar otros tipos de protección que pueden obtener los inmigrantes que califiquen.
“No nos quedó otra alternativa que demandar. La administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, dijo Lee Gelernt, subdirector de la Oficina de Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La ACLU se sumó al Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Jenner & Block LLP, ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) para presentar la demanda federal.
La orden del presidente Joe autorizó el cierre de la frontera cuando los encuentros con inmigrantes superen las 2,500 personas por día y además endureció las peticiones de asilo y autorizó más deportaciones aceleradas.
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