Estudiantes indocumentados piden que los dejen trabajar en colegios y universidades públicas

Debido a su estatus migratorio, Jeffrey Umaña Muñoz, quien se acaba de graduar de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y se prepara para comenzar su maestría en la Universidad Estatal de California (Cal State LA), batalla a diario para conseguir oportunidades de educación que le ayuden a avanzar en su carrera.

Sin embargo, se siente animado con la AB 2586, el Acta Oportunidad para Todos, un proyecto de ley que busca proveer a los estudiantes indocumentados con acceso equitativo a oportunidades de trabajo en los colegios y universidades públicas de California, que avanza en el Capitolio Estatal.

“Me da esperanza saber que los senadores de California continuarán poniendo el ejemplo y quiero asegurarme que como estudiante de Cal State LA, tendré las mismas oportunidades que mis compañeros”, dijo.

La medida AB 2586 fue aprobada por el Comité Judicial del Senado y será votada el 3 de julio en el Comité de Educación del Senado, antes de ir al pleno de la cámara alta.

Este innovador proyecto de ley fue presentado por el asambleísta demócrata de San Diego, David Álvarez para dar igualdad de acceso a oportunidades de empleo a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, en la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU) y los campus de los colegios comunitarios (CCC).

“Como un hijo de inmigrantes que fue criado en el Barrio Logan, entiendo el significado verdadero de defender lo que es correcto para la comunidad”, dijo el asambleísta.

“El coraje y la brillantez de los estudiantes de la Red Dirigida por Estudiantes Indocumentados (Undocumented Student-Led Network/USN) continúan inspirándome a medida que este proyecto de ley avanza en el proceso legislativo”, dijo.

“California tiene la oportunidad de liderar la protección y el avance de los derechos de los inmigrantes y sus familias”, agregó.

En California, hay aproximadamente 44,326 estudiantes indocumentados universitarios que no son elegibles para el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y 14,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la secundaria cada año.

Estos estudiantes no pueden aplicar para empleos y otras oportunidades de trabajo a causa de su estatus.

Este tipo de empleos en las universidades incluyen posiciones como investigador para estudiantes de maestría y de asistentes de maestros, internados pagados, liderazgos estudiantiles en organizaciones del campus y otros.

Fatima Zeferino, miembro de la Undocumented Student-Led Network, y recién graduada de la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB), urgió a los legisladores a apoyar fuertemente la medida.

“Estamos invirtiendo en nuestra educación pero como la mayoría de los inmigrantes indocumentados no estamos recibiendo nada a cambio. El 77% de los estudiantes en las instituciones públicas de California son indocumentados y representan el mayor número de alumnos, por lo que los líderes estatales deben actuar para asegurarse que todos podamos lograr sus aspiraciones educativas y profesionales”.

Afirmó que actualmente, miles de estudiantes como ella, no pueden aplicar por empleos, pasantías y otras oportunidades pagadas que ofrecen los campus, solo por su estatus.

“Al no tener acceso a estas oportunidades, se inhibe nuestra capacidad para continuar con nuestra educación; y a pesar de nuestro trabajo duro y contribuciones, enfrentamos barreras importantes que nos previenen del acceso a las mismas oportunidades”.

Reveló que aplicó para una posición pagada de investigación y solicitó una reunión con el coordinador del programa, pero no pudo seguir adelante porque no estaba abierta para estudiantes indocumentados.

“Aunque constantemente me felicitan por mis logros, experiencias, ética de trabajo, me desanima que me nieguen oportunidades por mi estatus migratorio”.

Y añade que universidades como CSU enfatizan su compromiso con las oportunidades equitativas para todos los estudiantes, pero este debe aplicarse a todos los estudiantes sin importar su estatus migratorio.

“Al no poder tener acceso a un empleo en el campus, se impacta nuestra habilidad para pagar las colegiaturas, útiles escolares, vivienda y otras necesidades, y tampoco podemos avanzar en nuestras carreras”.

Subrayó que los líderes estatales deben reconocer que el programa DACA ya no es una opción viable para miles de estudiantes indocumentados en California que no tienen protección ni autorización para trabajar.

Los colegios y universidades públicas de California tienen hoy la autoridad legal para autorizar la contratación de todos sus estudiantes y graduados indocumentados, dijo. 

Los expertos legales del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA han identificado que la prohibición federal de contratar personas indocumentadas no incluye entidades estatales como la Universidad de California, la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios de California, un argumento que es apoyado por docenas de los principales juristas del país.

Stephany Martinez Tiffer, abogada del Center for Immigration Law and Policy (CILP) en la Escuela de Derecho de UCLA School, dijo que la ley federal de la Immigration Reform and Control Act de 1986, que prohíbe la contratación de personas indocumentadas no aplica para los gobiernos y entidades estatales como las universidades y colegios comunitarios de California.

“Si el Congreso busca legislar en un área de control estatal tradicional, debe mencionar explícitamente a los estados si desea vincularlos”.

Afirmó que estos estudiantes encarnan el espíritu de lo que California aspira a ser, ya que participan activamente en su campus y en las comunidades locales, y están ansiosos por contribuir con sus habilidades y conocimientos.

“Los estudiantes indocumentados en California ya han tenido que estudiar durante demasiado tiempo en un sistema que les niega las oportunidades laborales y educativas esenciales disponibles para sus pares. Merecen nada menos que la plena igualdad”.

La abogada pidió a los legisladores continuar con el legado de liderazgo de California en la protección y promoción de los derechos y oportunidades de todos los que llaman hogar a este estado.