Millones de dólares pagará Arquidiócesis de LA para cerrar demandas por abuso sexual

La Arquidiócesis Católica de Los Ángeles acordó pagar $880 millones para cerrar demandas por abuso sexual a más de 1,300 víctimas que datan desde los años 40. Se espera que los pagos comiencen a realizarse en el año 2025 y el 2026.

El acuerdo es parte de un acuerdo por las demandas restantes entabladas contra la Arquidiócesis bajo la ley AB 218 que abrió una ventana de tres años para revivir los viejos casos de abuso sexual.

“Lamento profundamente cada uno de estos incidentes”, expresó el arzobispo Jose H. Gómez. “Mi esperanza es que este acuerdo proporcione algún grado de sanación por lo que estos hombres y mujeres han sufrido”.

“Creo que hemos llegado a una resolución de estas reclamaciones que proporcionará una compensación justa a las víctimas sobrevivientes de estos abusos pasados, al mismo tiempo que permitirá a la arquidiócesis continuar llevando a cabo nuestros ministerios para los fieles y nuestros programas sociales para servir a los pobres y vulnerables en nuestras comunidades”, agregó el Arzobispo.

En su carta, el Arzobispo Gómez explicó que la oficina administrativa de la arquidiócesis asumirá la responsabilidad financiera del acuerdo.

“Hemos determinado que la financiación de este acuerdo se obtendrá de reservas, inversiones y préstamos, junto con otros activos y pagos de la arquidiócesis que realizarán las órdenes religiosas y otras personas nombradas en el litigio”, explicó el arzobispo. 

“No se utilizarán donaciones designadas a parroquias o escuelas ni a colectas y campañas arquidiocesanas, como Juntos en Misión y Llamados a Renovar, para financiar este acuerdo”.

El Zero Abuse Project dijo en un comunicado que las Arquidiocesis de Los Angeles, Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino y San Diego participan en este programa que ofrece una compensación monetaria a algunos sobrevivientes de abusos sexuales durante su niñez por parte de sacerdotes.

A cambio, señaló que la diócesis infractora no tendrá obligación de divulgar documentos que demuestren hasta qué punto los funcionarios de la Iglesia sabían y encubrieron los presuntos abusos. Además, la diócesis no está obligada a divulgar los nombres de los sacerdotes acusados.

“Entendemos que para algunos sobrevivientes, el programa de compensación de la Iglesia Católica puede ser una opción. Apoyamos a todos los sobrevivientes que se presenten, cuando y como sea, si alguna vez están listos”, dijo en un comunicado Joelle Casteix, miembro fundadora del Zero Abuse Project y exlíder regional en el oeste de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP) del programa de compensación de víctimas independiente de la Iglesia Católica.

Pero dijo que debemos asegurarnos de que los sobrevivientes sepan que el programa de la Iglesia no tiene buenas intenciones. 

“Para ser lo más claro posible: el Programa Independiente de Compensación a las Víctimas permite a la Iglesia conformarse con centavos por dólar, mientras que obliga a los sobrevivientes a guardar el secreto”.

El arzobispo Gómez también reafirmó el compromiso de la arquidiócesis con la prevención del abuso y la protección de los menores y los vulnerables.

“Como saben, desde hace muchos años la arquidiócesis se ha enfrentado a las consecuencias de los abusos cometidos en el pasado por sacerdotes, clérigos y otras personas que trabajan en la Iglesia”, explicó.

Agregó que como consecuencia brindan atención pastoral y apoyo financiero a las víctimas sobrevivientes para ayudarlas en su recuperación. 

“Hacemos cumplir estrictos requisitos de antecedentes y presentación de informes, y hemos establecido amplios programas de capacitación para proteger a los jóvenes y garantizar entornos seguros en nuestras parroquias, escuelas y otros ministerios.

Así que señaló que como resultado de esas reformas, los nuevos casos de mala conducta sexual por parte de sacerdotes y religiosos que involucran a menores son raros en la arquidiócesis.

“En este momento, no se encuentra en servicio ninguna persona que haya causado daño a un menor. Y prometo que nos mantendremos alertas”.

El proyecto de ley 218 de la Asamblea Estatal de California (AB 218), que se aprobó en 2019, levantó el plazo de prescripción por segunda vez en California, lo que permitió presentar demandas civiles por mala conducta sexual pasada que involucraron a menores durante un período de tres años entre 2020 y 2022. 

La Arquidiócesis de Los Ángeles fue nombrada en aproximadamente 1,900 demandas que involucraban acusaciones de mala conducta sexual pasada por parte de clérigos, religiosos y laicos, mujeres y hombres, que se remontan a la década de 1940. 

La Arquidiócesis informó que entró en mediación después del cierre del plazo de prescripción en 2023, trabajando con los abogados de los demandantes para resolver las demandas civiles coordinadas de la AB218.

De las más de 3,000 demandas judiciales pendientes por abuso sexual de menores que se han presentado en California en virtud de la AB218, 1,600 se presentaron en el norte de California, 500 en el condado de San Diego y 200 en el condado de Orange, según afirmaron los abogados.

Varias diócesis de California se han declarado en quiebra a raíz de las demandas.

El abogado de las víctimas, Morgan A. Stewart declaró a los medios que la enorme suma de dinero que se ha pagado por este acuerdo refleja la cantidad de daño grave que se ha causado a niños vulnerables y las décadas de negligencia, complicidad y encubrimiento por parte de la arquidiócesis, que permitió que conocidos depredadores seriales infligieran este daño. 

“Animo a otras instituciones religiosas dentro de la Iglesia Católica a que asuman sus responsabilidades”, dijo el abogado Stewart.