El tema de migración dominará la agenda para el 2025

Hay una gran inquietud en las familias, sobre todo en aquellas que tienen miembros indocumentados

People leave the Immigration and Customs Enforcement (ICE) offices, Wednesday, July 26, 2023, in Miramar, Fla. (AP Photo/Wilfredo Lee)

La migración será el tema número uno en el año que está por comenzar con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Crédito: Wilfredo Lee | AP

El tema de la migración bajo el gobierno del presidente Trump que comenzará el 20 de enero, cuando tome posesión del cargo, no solo dominará la agenda en Estados Unidos y en California en el año 2025 sino que además es la mayor preocupación de la comunidad migrante.

Si Trump pone en marcha la maquinaria antiinmigrante, se pronostican intensas movilizaciones, demandas, repercusiones económicas y desestabilización en las comunidades.

“Podemos esperar una campaña masiva de arrestos, encarcelamiento y deportaciones. Paralelo a esto, el pueblo va a reaccionar con una campaña a lo largo del país para denunciar los atropellos a los derechos humanos, legales y migratorios”, dijo Juan José Gutiérrez,  director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

“Va a ser un año dificilísimo en particular para las familias que tienen familiares indocumentados”.

El presidente electo Donald Trump hizo campaña para un segundo mandato, prometiendo llevar a cabo deportaciones masivas, lo que mantiene a los millones de inmigrantes indocumentados que han vivido en el país por décadas en el filo de la navaja.

Hay un gran interés por saber cómo Trump pondrá en marcha su agenda de inmigración.

Tom Homan, nombrado por el presidente electo como czar de la frontera, ha declarado que darán prioridad a quienes representan un riesgo, como los criminales, antes de avanzar hacia los inmigrantes que tienen órdenes de deportación en las cortes.

Sin embargo, Homan ha dicho que el enforzamiento de las leyes de migración, pudiera ser más amplio para cualquiera que esté de manera indocumentada en el país.

Se estima que cerca de 1.4 millones de personas cuentan con órdenes finales de deportación, pero solo 6,000 agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) tienen la responsabilidad de encontrar y deportar a quienes presuntamente no son elegibles para quedarse en el país.

Organizaciones de defensa por los Inmigrantes y de justicia social como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) se están organizando al lado de sindicatos frente a lo que llaman la máquina de deportación del presidente entrante Trump.

La esperanza

Walter Batres de la Red Migrante Guatemalteca se mantiene esperanzado de que el presidente Biden les otorgue a los guatemaltecos el Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de que se vaya de la Casa Blanca.

“Tiene hasta la mañana del 20 de enero del 2025 para firmar leyes, y estamos optimistas de que va a proteger a los guatemaltecos, que somos los únicos que no hemos sido amparados por el TPS”.

Agregó que no entienden por qué los han dejado fuera. “Honduras, El Salvador y Nicaragua sí gozan de esa protección. Somos los únicos que no tenemos nada cuando Guatemala ha sido un aliado crucial para Estados Unidos”.

Dijo que 1.2 millones de guatemaltecos se podrían beneficiar del TPS, una protección por la que han venido trabajando el último año.

“El número es más grande, pero hay un miedo creíble y latente de muchos guatemaltecos para no apegarse al programa”.

A Trump no le tienen mucha esperanza. “Su primer año va a usarlo para ejecutar órdenes de arresto y deportaciones que están congeladas”.

Por eso, dijo que le apuestan a que en las últimas semanas que le queda a la agonizante administración Biden, les otorgue el TPS a los guatemaltecos. 

“Hemos juntando más de 150,000 firmas de apoyo de 50 estados, y nos hemos reunido como Tom Pérez, asesor de migración del presidente Biden para hacerle ver que el TPS para los guatemaltecos puede ser un gran legado”.

Miedo e intimidación

Los planes que pretende emprender el presidente Trump harán que predomine la zozobra entre los inmigrantes el año que está por comenzar.

“El gobierno federal no tiene los recursos para poner en marcha el plan de deportación masiva, pero la campaña de miedo e intimidación funciona, y genera un impacto en el bienestar emocional de las comunidades”, dijo Elizabeth Taufa, abogada y estratega de políticas del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).

Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que los planes de la nueva administración conllevan, miedo, intimidación, y un impacto económico.

“Hay gente que aún teniendo estatus legal, está llamando a los abogados, porque simplemente temen que los detengan en un base a un perfil racial”, dijo.

Y si Trump lleva a cabo sus planes de movilizar a la Guardia Civil para hacer cumplir las leyes de inmigración, anticipan que habrá violaciones de derechos civiles. 

También se pronostican estragos económicos si Trump se empeña en llevar a cabo redadas en los lugares de trabajo.

“Vamos a ver la devastación en todo el país de las empresas y las industrias en casi todos los sectores económicos, y eso es algo que no va a ser bueno”.

Aluvión de retórica

El abogado Tomás Sáenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) consideró que para el 2025, estaremos enfrentando un aluvión diario de retórica exagerada contra los inmigrantes, la diversidad, la inclusión y la equidad, los derechos civiles y la educación pública.

“El presidente hará todo lo posible para perseguir las iniciativas progresistas en materia de educación y argumentar que son una violación de los derechos civiles de los blancos”.

Con relación al programa DACA (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), dijo que no le será fácil eliminarla, porque implicaría pasar por un proceso legal que puede tomarse mucho tiempo.

También dijo que intentará quitar fondos federales a programas de educación con los que no esté de acuerdo, pero Sáenz advirtió no puede hacerlo unilateralmente sin pasar por un arduo proceso legal para aquellos a quienes pretende eliminarles los recursos. 

“Los tribunales siguen siendo una protección contra la eliminación precipitada de fondos para cualquiera que participe en medidas progresistas con respecto a la educación”.

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