Juez añade pausa de una semana al plan de Trump de despedir a 2,100 trabajadores de USAID
La prórroga impide que la Administración actúe mientras el juez redacta su dictamen sobre la medida de eliminar la agencia de ayuda exterior de EE.UU.
Una protesta contra el presidente Trump y su aliado Elon Musk por desmantelar agencias del gobierno federal, incluyendo a USAID. Crédito: J. Scott Applewhite | AP
Un juez federal extendió el jueves un bloqueo temporal impuesto al plan de la administración de Donald Trump de despedir a miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) mediante una licencia, mientras se evalúa si se justifica una pausa adicional más.
Los sindicatos que representan a los empleados del gobierno demandaron para detener el cierre de las operaciones de USAID y reiniciar el flujo de ayuda extranjera congelada por el presidente Trump, quien ha acusado a la agencia de fraude y corrupción para justificar su cierre inminente.
Trump emitió la orden ejecutiva que congela la ayuda durante 90 días en espera de una revisión en su primer día en el cargo.
El juez de distrito Carl Nichols había detenido previamente los planes de la administración Trump hasta el viernes, pero dijo que extendería el bloqueo hasta el 21 de febrero y tiene la intención de decidir si emitir una orden judicial preliminar antes de esa fecha.
Sin embargo, Nichols se mostró escéptico ante el reclamo de los sindicatos, cuestionando repetidamente por qué los trabajadores no podían buscar recursos legales contra el gobierno como su empleador después de haberse visto afectados por los cambios propuestos.
“¿Cuál es el daño irreparable para esos empleados?”, preguntó.
Karla Gilbride, abogada de los sindicatos, calificó los esfuerzos de la administración para cerrar rápidamente la agencia como una “usurpación sin precedentes de poder que no pertenece al poder ejecutivo”. Argumentó que, si se les permite seguir adelante, los empleados no tendrían una agencia a la que regresar incluso si ganaran acciones legales individuales después del hecho.
“Una vez que la agencia se disuelva, no se puede volver a armar”, le dijo al juez.
El alegato es parte de la demanda más amplia de los trabajadores de que las acciones de la administración Trump son inconstitucionales, ya que USAID es una agencia independiente establecida por el Congreso.
A lo largo de los argumentos, Nichols volvió repetidamente a si los empleados de USAID en el extranjero correrían un riesgo particular si se los pusiera en licencia, un punto con el que parecía particularmente comprensivo.
Gilbride dijo que aproximadamente un tercio de los empleados contratados directamente por USAID residen en el extranjero y dependen del gobierno para las necesidades básicas de vida y, en algunos casos, para tener las medidas de protección necesarias en países particularmente de alto riesgo.
El abogado del Departamento de Justicia (DOJ) Eric Hamilton dijo repetidamente que el gobierno planeaba “tomar medidas” para garantizar que los empleados permanecieran seguros, pero no pudo detallar los pasos específicos que se tomarían. Tampoco pudo brindar garantías sobre qué beneficios conservarían los empleados si se los pusiera en licencia administrativa, que se pagaría pero por un período de tiempo indeterminado.
El juez pidió al gobierno que encontrara respuestas a esas preguntas antes del viernes.
Hamilton argumentó que las licencias administrativas bajo la congelación de 90 días de la administración Trump equivalían a una “disputa de personal” y enfatizó que Trump hizo campaña sobre importantes cambios en la política exterior y se le debería permitir ejecutar su agenda.
“Al final, los demandantes quieren que un tribunal federal vuelva a poner a USAID donde estaba bajo la política exterior de un presidente anterior”, dijo el abogado del Departamento de Justicia.
La orden “muy limitada” de Nichols que prohíbe colocar a cientos de empleados de USAID en licencia administrativa y convocar a muchos de sus puestos en todo el mundo no abordó los efectos sobre los contratistas y las organizaciones sin fines de lucro, que luego demandaron por separado por el desmantelamiento de USAID.
La administración Trump reveló el miércoles por la noche que más de 200 contratos emitidos por USAID habían sido cancelados desde el martes por la mañana. El exadministrador de USAID, Andrew Natsios, señaló que los recortes fueron dramáticos, y le dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara el jueves que él y su equipo recortaron solo 80 programas en el transcurso de un mes durante la administración del ex presidente George W. Bush.
En otra audiencia celebrada el miércoles, un juez federal diferente escuchó argumentos sobre si se debería prohibir temporalmente al gobierno rescindir contratos y subvenciones.
Los contratistas y las organizaciones sin fines de lucro que presentaron la demanda pidieron al juez de distrito estadounidense Amir Ali que bloqueara temporalmente la implementación total de la orden de Trump, una solicitud amplia que detendría de inmediato el desmantelamiento de USAID. El juez aún no ha emitido su fallo.
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