Consecuencias devastadoras para estudiantes del LAUSD

Millones de niños latinos y afroamericanos serían quienes sufran las devastadoras consecuencias si el presidente Donald Trump emite una nueva orden ejecutiva que elimine fondos a las escuelas públicas de Estados Unidos. 

Fiel a sus amenazas de gobernar mediante el chantaje, miedo y generar caos para dividir a la sociedad estadounidense, las amenazas de Trump en educación tendrían un mayor impacto entre las comunidades desatendidas, particularmente hispanos y afroamericanos. 

En peligro está las becas Pell (Pell Grants) y el financiamiento del Título I para las escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), denunció la congresista demócrata, Nanette Barragán-Díaz (CA-44). 

Las becas Pell son ayuda económica federal para estudiantes universitarios de bajos ingresos para pagar sus estudios.  Se trata de dinero gratuito que no hay que devolver y se otorga a estudiantes que demuestran una necesidad financiera excepcional. Se solicitan mediante el formulario Free Application for Federal Student Financial Aid (FAFSA). 

En riesgo se encuentran, además, las protecciones federales contra la discriminación para salvaguardar a los estudiantes LGBTQ+, los estudiantes de color y otras poblaciones vulnerables. 

“El plan de la administración Trump para eliminar el Departamento de Educación es imprudente, ilegal y perjudicial para nuestros estudiantes”, dijo la congresista Barragán, en la secundaria Stephen M. White Middle School, de Carson. 

“Esta medida devastaría los fondos para las escuelas de bajos ingresos, eliminaría las protecciones para los estudiantes con discapacidades y haría que la universidad fuera menos accesible para las familias trabajadoras. No podemos permitir que esto suceda””, añadió. 

Chantaje de la ideología republicana 

La administración del presidente Trump ha dejado en claro que, con o sin el Departamento de Educación, la disponibilidad de fondos federales puede depender de una prueba de fuego ideológica detallada en el Proyecto 2025. 

En respuesta a esos requisitos ideológicos, -incluso si el Departamento de Educación sobreviviera- que acompañan a la designación de financiamiento Barragán-Diaz dijo que, en primer lugar, “esos no son valores estadounidenses”. 

“Esto no es lo que hacemos en una democracia. Esto es lo que se hace en una dictadura. No se tiene en cuenta la ideología. Y estamos viendo que eso sucede a nivel federal”, dijo la legisladora. 

“Tenemos un presidente que ha llegado y ha dicho que no va a seguir ninguna regla, norma, tradición o ninguna ley”, añadió. 

Barragán-Díaz manifestó que, además de no ser valores estadounidenses, la gente necesita saber lo que está pasando. 

Consideró que serán los electores de todo el país, en las áreas y condados republicanos, los que también se verán perjudicados,  protestarán y llamarán a sus representantes  y senadores para decirles que no van a tolerar lo que está sucediendo, por lo que es tan importante que todos se pongan de pie para proteger nuestras instituciones democráticas y el sistema federal, que también debe proteger a nuestros trabajadores de carrera y no solo hacer que todos sean políticos”. 

Millones de dólares y estudiantes en riesgo 

A su lado, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho especificó que el impacto para 525,000 estudiantes -80% de ellos latinos- “sería muy negativo”. 

“Nosotros somos un distrito que recibe anualmente fondos federales por $1,200 millones de dólares”, dijo Carvalho. 

Ese dinero representa inversiones para alimentos de los niños pobres, estudiantes con discapacidades y aquellos que requieren apoyo adicional como los aprendices de inglés, así como programas de tutoría. 

“Recibimos más de $300 millones de dólares anualmente para proporcionar nutrición para nuestros niños pobres”, expresó el funcionario escolar. “Si los desayunos gratis desaparecen, muchos de ellos pasarían hambre en nuestra comunidad”. 

Frente a esta situación, Carvalho enfatizó que no pueden abandonar a los niños: “Debemos que tener el coraje de luchar y crear programas de información masiva en la comunidad, para evitar recortes que tendrían un negativo en la calidad de la educación y las protecciones para nuestros estudiantes”. 

El Superintendente del LAUSD señaló que, entre las protecciones del estado, las acciones y las políticas federales que dejan en precaria situación a muchos distritos escolares, a millones de estudiantes, profesores y familias, “en nuestro país debemos ser cuidadosos y conscientes de qué parte de nuestra alma estamos dispuestos a sacrificar, y decimos que ese niño pasará hambre, porque su estado [California] tiene una filosofía de vida diferente a la del gobierno federal”. 

Protección al derecho a la educación y contra ICE 

Por ello, dijo que cree que no considera que la presunta eliminación de financiamiento para las escuelas sea “justa ni humana”, y en base a ese espíritu de humanidad, los políticos se armen de valor y reúnan lo que se necesita para lograr cierto grado de desarrollo de políticas coherentes. 

Carvalho reconoció que, ante el clima político de miedo por las redadas de inmigración las familias y los niños tienen miedo, enfatizó que, independientemente de sentirse orgulloso de ser superintendente del LAUSD, es un educador de por vida e inmigrante en este país, porque fue un menor no acompañado que no tenía documentos adecuados en alguna etapa de su vida. 

Reveló que, como resultado de ello, se quedó sin hogar y tuvo que vivir debajo de un puente. 

“¿Pero adivina qué? No, no puedo renunciar a mi piel. No puedo ser hipócrita. Incluso si lo elijo. Soy quien soy y tengo el deber, la obligación moral y la responsabilidad profesional de luchar por los derechos y la protección de nuestros niños, independientemente de su estatus migratorio”. 

Hizo hincapié en que, en unión con la Junta Escolar, líderes estatales, del concejo municipal y del condado de Los Ángeles, además de miembros del Congreso, se asegurarían de que existan medidas de protección para los niños en las escuelas. 

“No olvidemos que ahora mismo, en esta tierra nuestra, nuestros estudiantes, incluidos los estudiantes inmigrantes y los menores no acompañados, tienen el derecho constitucional a una educación pública gratuita”, afirmó. “No soy yo quien lo dice. Ni la congresista [Barragán-Díaz] que lo dice. Así es la Constitución de los Estados Unidos de América bajo su cláusula de igual protección, afirmación realizada en 1982 bajo un caso judicial Plyler versus DOE {Departamento de Educación] el único que afirma que los niños inmigrantes, independientemente de su estatus, tienen derecho a una educación”. 

Trump y la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación. 

Sin embargo, el presidente no puede abolir unilateralmente una agencia federal sin la aprobación del Congreso, que estableció el Departamento de Educación en 1979, durante el mandato del recién fallecido expresidente Jimmy Carter.