Narcofosas y centros de exterminio: Los peores hallazgos ligados al narco en México
Antes de hallar el centro de exterminio del CJNG, se descubrieron otros sitios en distintos puntos de México donde se hizo evidente la crueldad de los cárteles

Los cárteles utilizan estos centros para aniquilar a personas secuestradas. Crédito: Alfredo Moya | AP
El hallazgo del centro de exterminio y adiestramiento adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha conmocionado no sólo a la población mexicana, sino a la de todo el mundo. Allí se hallaron hornos crematorios, restos óseos y cientos de objetos personales.
Pero este tipo de hallazgos no es algo nuevo. Existen muchos otros escalofriantes casos de ranchos y predios utilizados por el crimen organizado como hornos y campos de exterminio ubicados en distintos estados de México.
Los centros de exterminio son lugares donde los miembros del crimen organizado someten a sus víctimas a torturas extremas y asesinatos masivos. Estos centros no solo son puntos de ejecución, sino también de control territorial y de intimidación.
Los cárteles utilizan estos centros para aniquilar a personas secuestradas, muchas veces ajenas a las actividades criminales, simplemente por ser consideradas “amenazas” o como parte de la violencia entre grupos criminales.
En algunos casos, los centros de exterminio están escondidos en zonas rurales o en lugares estratégicos fuera del radar de las autoridades. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones de las autoridades mexicanas han comenzado a arrojar luz sobre su existencia.
De igual manera, las fosas se han encontrado en diferentes estados de México, desde el norte hasta el sur, y su presencia ha ido en aumento con el paso de los años.
La Gallera: primer descubrimiento
El primer caso de gran notoriedad en cuanto a centros de exterminio en México se dio en 2009, con el descubrimiento del predio La Gallera en la ciudad de Tijuana. Durante la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana, los operadores de este último, bajo el mando de Teodora García Simental, perpetraban asesinatos y confiaban a Santiago Meza López, alias “El Pozolero”, la tarea de disolver los cuerpos en ácido y sosa cáustica.
Aunque no se tiene una cifra exacta de las víctimas, se estima que al menos 300 personas fueron asesinadas y desaparecidas en este lugar. El caso de La Gallera fue uno de los primeros en poner en evidencia la práctica sistemática de eliminación de cuerpos por parte de los grupos criminales.
San Fernando y Durango: masacres y fosas comunes
En 2011, otros hallazgos marcaron la extensión de la barbarie. El campo de exterminio en San Fernando, Tamaulipas, fue descubierto tras la masacre de 72 migrantes. En una finca cercana, las autoridades encontraron 193 cuerpos más, que fueron ocultados por el grupo criminal Los Zetas. Este caso reveló el uso de fosas clandestinas para ocultar a personas que, en muchos casos, eran migrantes sin vínculos con el crimen organizado.
En el mismo año, en Durango, el Cártel de Sinaloa también utilizó un predio para esconder al menos 298 cuerpos de personas que fueron víctimas de la violencia interna dentro del cártel, así como de su enfrentamiento con Los Zetas.
El hallazgo de estas fosas, ubicadas en un área apartada, puso al descubierto la escala de la guerra entre cárteles y la barbarie a la que recurrían para ocultar sus crímenes.
La Barca, Jalisco
En 2013, en La Barca, Jalisco, se descubrió una serie de fosas que contenían los restos de 75 personas. Este caso fue vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación que, en ese entonces, comenzaba a afianzarse como una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Las víctimas eran reclutadas por el cártel y, posteriormente, ejecutadas y enterradas en las fosas clandestinas. La violencia generada por este cártel, que más tarde se expandiría por otras regiones del país se evidenció en estos descubrimientos macabros.
Colinas de Santa Fe y Ejido Patrocinio
En 2016, dos de los campos de exterminio más grandes fueron descubiertos. El paraje Colinas de Santa Fe, en las afueras de Veracruz, fue hallado gracias a las incansables investigaciones del Colectivo Solecito, que durante años buscó a los desaparecidos a causa de la guerra entre Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este sitio, las autoridades hallaron los restos de 303 personas. La labor del colectivo fue fundamental para visibilizar la magnitud del crimen.
En Coahuila, también fue encontrado en 2016 el Ejido Patrocinio, un vasto terreno utilizado por Los Zetas y el Cártel de Sinaloa para esconder los cuerpos de sus víctimas.
Aunque solo un pequeño porcentaje de este espacio ha sido explorado, los restos óseos hallados sugieren que al menos 170 personas fueron asesinadas y enterradas allí, víctimas de la disputa entre los cárteles por el control de la región.
Tlajomulco de Zúñiga y Salvatierra
En 2019, en las inmediaciones de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se encontró un nuevo campo de exterminio, esta vez vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. En este lugar fueron localizados los restos de 119 personas. Este hallazgo no solo reflejó la violencia perpetrada por el CJNG, sino también la extensión de sus operaciones en todo el país.
En Salvatierra, Guanajuato, fue descubierto en 2020 un campo de exterminio relacionado con el Cártel Santa Rosa de Lima, con los cuerpos de 81 personas enterrados en fosas clandestinas.
Este cártel, conocido por su lucha contra el Cártel de Jalisco, utilizó la desaparición forzada como una de sus estrategias de control.
La Bartolina
En 2021, otro hallazgo macabro se dio en el paraje La Bartolina, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, donde se descubrió un sitio de tortura, desaparición y cremación vinculado al Cártel del Golfo.
Este espacio, utilizado para ejecutar y eliminar los cuerpos de las víctimas, albergaba vestigios de al menos 225 personas.
Las autoridades encontraron indicios de que, en este lugar, los cuerpos no solo eran enterrados, sino también quemados para asegurar que fuera aún más difícil rastrear a las víctimas.
Delia Quiroa, representante del colectivo Diez de Marzo, tuvo que pedir permiso al crimen organizado, que amenazó incluso al personal de la Fiscalía para frenar las labores de investigación.
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