Aprueban derecho a abogado para los inquilinos en riesgo de desalojo

El Concejo de Los Ángeles aprobó de manera unánime un programa que da el derecho a un abogado gratis a los inquilinos que enfrentan desalojo mientras que en Sacramento presentaron una medida para evitar que los caseros se inventen cargos basura para aumentar el costo de la renta.

La Ordenanza Derecho a un Abogado aprobada por los concejales, ya se aplica en otras ciudades como Nueva York y San Francisco ha reducido de manera significativa los desalojos.

“Establecer un programa de Derecho a Asesoría Jurídica no solo es lo correcto, sino también lo más inteligente. Al invertir en la protección de los inquilinos, no solo mantenemos a los angelinos en su vivienda, sino que ahorramos dinero en albergues de emergencia, programas de vivienda temporal y atención médica”, dijo la concejal Nithya Raman, autora de esta legislación local. 

En el condado de Los Ángeles, hubo un récord de 45,000 solicitudes ilegales de desalojo de inquilinos en 2023 y un promedio mensual de casi 4,000 solicitudes de desalojo o desahucio en 2024. 

Estas tendencias recientes son más altas que las que experimentó el condado entre 2015 y 2020, inmediatamente antes de la pandemia, lo que enfatiza la necesidad de intervención, se expone en la ordenanza.

Cuando los inquilinos no pueden costear un abogado, con frecuencia no impugnan una orden de desalojo, incluso si se emite ilegalmente. Como resultado, muchas acciones de desalojo terminan en sentencias contra los inquilinos por no presentarse a comparecer.

Esto, se argumenta en la ordenanza, habría sido diferente con representación legal, y presentado argumentos válidos ante el tribunal

La ordenanza establece la Defensa contra el Desalojo/Stay Housed LA como un programa permanente y gradual en toda la ciudad, codifica los servicios y garantiza que los inquilinos elegibles que viven en la ciudad tengan derecho a acceder a servicios legales esenciales.

“Si alguien sufre un desalojo sin asistencia legal, las cosas se ponen en su contra”, dijo el concejal Bob Blumenfield.

 “Ahora, con una defensa ampliada contra el desalojo y un programa de derecho a asistencia legal, se evitarán muchos desalojos injustos”.

¿De dónde saldrán los fondos para pagar por los abogados?

La medida ULA, aprobada por los votantes en noviembre de 2022, proporciona una fuente permanente de financiamiento al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Los Ángeles (LAHD) para expandir el Programa de Defensa contra el Desalojo y brindar servicios legales a todos los inquilinos elegibles que enfrentan un desalojo en toda la ciudad. 

La ordenanza otorga el derecho a un abogado a los inquilinos que califican así como un plan de cinco años para implementar los servicios en toda la ciudad y personal adicional del LAHD para administrar y supervisar el programa.

Pablo Estupiñan, director de la campaña del Derecho a la Defensa de los Ciudadanos (SAJE), dijo que ningún caso de desalojo puede ser justo cuando una parte está representada y la otra no. 

“El Derecho a la Defensa se centra en la justicia racial, económica y de género. Y lo más importante, el Derecho a la Defensa de los Ciudadanos, promulgado en otras 25 jurisdicciones del país, ha demostrado sistemáticamente una reducción de los desalojos y la falta de vivienda, menos demandas judiciales y un ahorro en costos para las ciudades”.

De acuerdo a SAJE, normalmente, solo el 10% de los inquilinos tienen abogados en una corte de desalojo mientras que el 90% de los propietarios de vivienda de alquiler cuentan con representación legal.

Con la aprobación del Derecho a Abogado para Inquilinos, quienes ganan el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI) o menos —prácticamente todos los de Los Ángeles— tendrán derecho a un abogado de oficio que los represente durante los procedimientos de desalojo. 

También se aplicará a los inquilinos que viven en viviendas públicas subsidiadas, lo que la convierte en una de las más sólidas del país. Se financiará con fondos recaudados por la Medida ULA.

Freno a cobros basura

El fiscal de California, Rob Bonta y una coalición de organizaciones se unieron al asambleísta Matt Haney para poner fin a los cobros basura que inflan los costos de la vivienda para casi 17 millones de inquilinos en California.

La medida AB 1248 busca eliminar estos cobros  para que los inquilinos solo paguen la renta acordada, nada más, ni nada menos.

A medida que se disparan los precios de la vivienda, los propietarios han ido añadiendo cada vez más cuotas fragmentadas por servicios que antes estaban incluidos en el alquiler, cobrando extra por control de plagas, servicio de recogida de basura y servicios públicos de zonas comunes, calculados con fórmulas imprecisas y arbitrarias. 

Algunos inquilinos han reportado cobros adicionales a la renta por incluirles en el departamento, un refrigerador, cuando en el pasado, los departamentos de renta venían con este electrodoméstico. Un inquilino reportó que le están cobrando $45 extras al mes por el refrigerador.

“Cuando los propietarios añaden cuotas al alquiler, a las familias les resulta casi imposible planificar sus gastos mensuales. Actualmente, la escasez y el alto costo de la vivienda hace que los inquilinos de California gasten una parte significativa de su salario en el alquiler, y se estima que 150,000 personas corren el riesgo de ser desalojadas mensualmente”, declaró el fiscal general Rob Bonta. 

“El costo de la vivienda debería ser claro para los inquilinos de California, de la misma manera que lo es para los consumidores californianos el costo de una entrada a un concierto o un hotel”.

La AB 1248 exigiría que todos los gastos se incluyan en un solo precio de renta. Esto garantizaría que los inquilinos sepan exactamente qué están pagando.

El proyecto de ley también aborda la práctica de los propietarios de aplicar primero los pagos a los recargos por mora, en lugar de la renta, lo que puede generar un endeudamiento creciente y aumentar el riesgo de desalojo.