Pareja hispana con TPS acusada de fraude al programa de ayuda por covid-19 en Florida
Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos graves de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero
Las acusaciones se derivan de la presunta presentación de solicitudes fraudulentas al PPP. Crédito: Shutterstock
Dos ciudadanos venezolanos que se encontraban amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) han sido formalmente acusados en Miami, Florida, por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, en conexión con la presentación de múltiples solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un programa federal de alivio económico implementado durante la pandemia de la covid-19.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó este martes que Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos graves de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Las acusaciones se derivan de la presunta presentación de solicitudes fraudulentas al PPP, una iniciativa diseñada para proporcionar apoyo financiero a pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria.
Según la acusación formal y lo expuesto durante las audiencias públicas, Urribarri y Muñoz supuestamente idearon un esquema para presentar solicitudes de préstamos PPP basadas en información falsa, utilizando documentación fiscal manipulada con el objetivo de obtener fondos destinados a negocios que atravesaban dificultades económicas durante la pandemia.
La fiscalía detalla en la acusación que Urribarri y Muñoz presentaron dos solicitudes individuales como trabajadores independientes. Adicionalmente, presentaron una solicitud fraudulenta en nombre de FU&MM General Services, una empresa que ambos controlaban, con Urribarri actuando como presidente y Muñoz como vicepresidenta.
En esta última solicitud empresarial, los acusados supuestamente “inflaron los ingresos y el número de empleados” de FU&MM General Services, lo que habría inducido al prestamista a aprobar un crédito por una suma aproximada de $438,000 dólares.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el destino de estos fondos y si existen otras posibles irregularidades relacionadas con este caso.
Con información de EFE
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