California demanda a Trump por condicionar subvenciones a cambio de cooperar con migración

El fiscal de California, Rob Bonta presentó dos demandas contra el esfuerzo de la Administración Trump por condicionar las subvenciones anuales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) a cambio de que cooperen con las autoridades de migración.

Se trata de miles de millones de dólares de fondos federales destinados a la transportación, el contraterrorismo y la preparación contra las emergencias.

“El presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales para que utilicen sus recursos en la aplicación de la ley migratoria federal, y su último intento de intimidarlos es manifiestamente ilegal”, declaró el fiscal Bonta. 

“Seamos claros: el presidente amenaza con retirar fondos de los impuestos de los contribuyentes. para mejorar nuestras carreteras, mantener nuestros aviones en el aire, prepararnos para emergencias y protegernos contra ataques terroristas si los estados no cumplen sus exigencias”.

Y subrayó que está utilizando estos fondos, que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley migratoria y sí con la seguridad de nuestras comunidades, como moneda de cambio. 

“Esto no es un juego. Seguiré demandando al presidente cada vez que infrinja la ley y ponga en riesgo los intereses de los californianos”.

El  fiscal Bonta lidera una coalición de 20 estados que interpuso la demanda contra el DHS, junto con los fiscales generales de Illinois, Nueva Jersey y Rhode Island, y la demanda contra el DOT, junto con los fiscales generales de Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island y Maryland. 

En las demandas, el fiscal Bonta y la coalición argumentan que imponer este nuevo conjunto de condiciones a diversos programas de subvenciones es arbitrario y caprichoso, excede la autoridad legal de la Administración Trump y viola la Cláusula de Gastos.

California recibe más de $15.7 mil millones en subvenciones del Departamento de Transporte (DOT) para apoyar y mantener las carreteras, autopistas, vías férreas, vías aéreas y puentes que conectan nuestras comunidades y transportan a nuestros residentes a sus lugares de trabajo y hogares. 

Esto incluye $5.7 mil millones en fondos para el mantenimiento y la construcción de carreteras. También incluye $2 mil millones en fondos para sistemas de transporte en comunidades urbanas y rurales de todo el estado, incluyendo autobuses, metro, tren ligero, tren de cercanías, tranvías y transbordadores. 

La oficina del fiscal indica que ni el propósito ni los criterios de estas subvenciones están relacionados con la aplicación de la ley migratoria.

California también recibe alrededor de $20 mil millones en fondos del DHS para prepararse, protegerse, responder y recuperarse de ataques terroristas y otras catástrofes. 

Esto comprende subvenciones antiterroristas, que permiten a los estados prepararse para el terrorismo en zonas urbanas de alta concentración, pero también ante emergencias, ciberseguridad y muchas otras que tampoco están relacionadas con la aplicación de la ley migratoria civil. 

Además se argumenta en las demandas que las fuerzas del orden estatales y locales ya colaboran estrechamente con las agencias federales en las medidas antiterroristas que financian estas subvenciones.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas que exigen el recorte de fondos federales a los estados y ciudades santuario que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Estas jurisdicciones han aprobado leyes y políticas que limitan o impiden que las policías locales asistan a los agentes federales en los arrestos por inmigración civil.

Sin embargo, un juez bloqueó la orden del presidente para que el gobierno retenga fondos a 16 ciudades y condados con leyes Santuario.

En un comunicado, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin  dijo que los estados que les impiden realizar arrestos de inmigrantes no deberían recibir fondos federales.

“Los políticos radicales que promueven el Santuario deben dar prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense, no la de los inmigrantes indocumentados delincuentes”, afirmó.

El fiscal Bonta dijo que ha planteado 22 demandas contra la Administración Trump, que son las veces que ha violado la ley y ha dañado a los estados.