En acción en Los Ángeles la maquinaria de deportación del gobierno federal

Autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) revelaron el arresto de 239 indocumentados durante un operativo en el área metropolitana de Los Ángeles, mientras que autoridades federales dieron a conocer el arresto de dos latinos por obstaculizar su trabajo. 

Del 4 al 10 de mayo, las operaciones de control de aduana y deportación de ICE, junto con autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y de la Oficina de  Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) identificaron, detuvieron y expulsaron a presuntos delincuentes en Los Ángeles y ciudades cercanas.  

Entre los arrestados, ICE dio a conocer los perfiles de Jorge Artero Meza-Rodríguez, de 52 años, de México, quien presumiblemente fue condenado por robo de vehículo, agresión con arma mortal y reingreso ilegal a Estados Unidos. 

También, Manuel Ángel Rodríguez Martínez, de 40 años, de El Salvador, acusado de violación con agravantes de una menor o persona incapacitada, lo que constituye un delito continuado en su país de origen. 

Un ciudadano de Corea del Sur, Sung Park. de 52 años, fue arrestado por supuestamente haber sido inculpado de un homicidio voluntario. 

Entre tanto, Lan Pham, de 49 años y originario de Vietnam, fue arrestado. Supuestamente había sido condenado por homicidio involuntario, agresión con arma mortal, violación de la libertad condicional, violación de la ley de drogas y otros delitos.  

Si bien Matthew Allen, agente especial de División de Campo de la DEA en Los Ángeles, no está autorizado para dar una respuesta sobre las operaciones de ICE y los arrestos recientes, ni compartir información específica sobre las operaciones de sus socios como tampoco el papel que desempeñan, dijo que “la División de Campo de la DEA en Los Ángeles continúa centrándose en personas con antecedentes penales, y a menudo con antecedentes penales violentos”. 

Allen dijo que “la DEA, junto con nuestros socios del Departamento de Justicia, está ayudando al DHS y a otras fuerzas del orden federales en sus esfuerzos de control migratorio. La DEA continúa colaborando con ICE, HSI, FBI y ATF para determinar las maneras más efectivas de atacar a los delincuentes peligrosos que amenazan a nuestras comunidades”. 

Enfatizó que lo que se está observando ahora “es un frente más unido y una mayor colaboración entre el Departamento de Justicia y el DHS”. 

“Como han visto en los últimos meses, las fuerzas del orden federales están trabajando con mayor urgencia para mantener la seguridad en Estados Unidos”, indicó. 

“La misión principal de la DEA es mantener la seguridad del público estadounidense mediante la incautación de drogas mortales y peligrosas antes de que lleguen a nuestras comunidades, y llevar ante la justicia a los delincuentes responsables de su fabricación, distribución y suministro”, añadió. 

Agregó que las organizaciones criminales del narcotráfico cometen diversos delitos, no solo relacionados con las drogas, y colaborar con sus aliados federales en las fuerzas del orden “enriquece todas nuestras investigaciones y permite conectar puntos que podrían no estar conectados. La misión de la DEA es mantener la seguridad de los estadounidenses, y eso es precisamente lo que seguiremos haciendo”. 

Latinos enfrentan cargos federales 

Gustavo Torres, de 28 años, y Kiara Jaime-Flores, de 34, dos residentes del sur de Los Ángeles fueron arrestados tras una denuncia penal federal, donde se alega que provocaron una persecución automovilística a principios de este año, en la que bloquearon e impidieron deliberadamente el trabajo de agentes de inmigración durante el desempeño de sus funciones oficiales. 

Torres y Jaime-Flores han sido acusados de conspiración para obstaculizar o lesionar a un agente. 

Los acusados comparecieron el jueves por la tarde ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.  

“Están acusados de poner en peligro la vida de agentes federales, a sabiendas e imprudentemente”, declaró el fiscal federal Bill Essayli. “Cualquier persona que obstaculice deliberadamente el trabajo de los agentes de inmigración se enfrentará a un proceso penal y a la posibilidad de cumplir condena en una prisión federal”. 

Según una declaración jurada presentada junto con la denuncia, la mañana del 28 de febrero, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ejecutaron cuatro órdenes de registro en distintas residencias de Los Ángeles, una de ellas en una dirección del sur de Los Ángeles.  

Las autoridades dijeron que una pequeña multitud comenzó a concentrarse frente a la residencia y algunos transeúntes lanzaron comentarios hostiles contra los agentes, quienes posteriormente subieron a sus vehículos gubernamentales y abandonaron el lugar. 

En la intersección de la calle 61 y Broadway, en el sur de Los Ángeles, Torres y Flores, conduciendo un Honda Fit, presuntamente se interpusieron frente a uno de los vehículos gubernamentales y le bloquearon el paso en la intersección. 

Los acusados también circularon hacia el oeste por la calle 61 en un carril opuesto, adelantando a otros dos vehículos gubernamentales. Los acusados supuestamente se detuvieron frente a uno de los vehículos y frenó bruscamente, lo que los agentes creyeron que era un intento de provocar una colisión. 

Torres y Flores siguieron agresivamente a uno de los vehículos del gobierno durante tres kilómetros, intentando cruzar varios carriles, mientras este lo seguía a él y a los demás vehículos. 

De ser declarados culpables, Torres y Flores enfrentarían una pena máxima legal de seis años en una prisión federal. 

HSI está investigando este asunto y el fiscal federal adjunto Matthew J. Tako, de la Sección de Delitos Generales, está a cargo del caso. 

“Trataron de defender a la comunidad” 

 Ron Góchez, miembro de Unión del Barrio y de la Coalición de Autodefensa Comunitaria, dijo que en la organización no conocen a los arrestados. 

“Nuca los he visto. No los conozco”, expresó. “Mucha gente de la prensa pensó que ellos eran parte de nuestro trabajo y no sabemos exactamente lo que pasó en ese caso y por eso pues no nosotros no podemos saber realmente lo que pasó”. 

Góchez indicó que saben la versión de ellos, agentes federales, aunque descartó conocer si en verdad las dos personas arrestadas cometieron los actos de los que se les acusa. 

“Lo que sí creo es que estas dos personas [Gustavo Torres y Kiara Jaime-Flores] trataron de luchar por defender a esta comunidad y eso es algo admirable”, dijo. “A nivel nacional es interesante, porque en Massachusetts dos mujeres blancas hicieron prácticamente lo mismo. ¿A ellas también las van a arrestar y les van a poner cargos federales?”. 

El activista reafirmó la postura de la Coalición de Autodefensa Comunitaria, en el sentido que ellos no van a impedir ni a obstaculizar el trabajo de los agentes federales. 

“Nosotros solamente denunciamos su presencia en los vecindarios”, dijo. “Tampoco queremos convertirnos en héroes. Solo le informamos a la comunidad, porque sabemos que no vamos a poder detenerlos. Además, ellos están armados y son violentos”. 

Una realidad preocupante 

 Frente a los cientos de arrestos la semana pasada y probables deportaciones, Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, manifestó su preocupación por la reasignación del 45% de los agentes del FBI para deportaciones, y la incorporación de 20,000 soldados de la Guardia Nacional en estas operaciones, según las indicaciones del presidente Donald Trump. 

“Los arrestos y deportaciones continúan acompañados de una campaña permanente de anuncios de medidas antiinmigrantes que comienzan a convertirse en señalamientos muy preocupantes”, dijo Gutiérrez, luego de dar a conocer las instrucciones giradas por Trump al FBI para que modifiquen sus asignaciones “y se dediquen a perseguir, capturar, arrestar y colaborar en la deportación masiva de inmigrantes”. 

“Es muy preocupante. Quiere que el FBI que tuvo que reorganizarse luego de del 9/11/2001 cuando tuvimos los ataques terroristas más graves en la historia de Estados Unidos, se atacó al Pentágono y por poco le pegan a la Casa Blanca, ahora se corte a la mitad su personal y lo redirijan a perseguir indocumentados y aparte se anuncia que el presidente está buscando cómo incorporar a labores antiinmigrantes a 20,000 soldados de la Guardia Nacional”.