Demandan al DHS para que paren arrestos de inmigrantes sin órdenes judiciales

Cinco trabajadores y cuatro organizaciones de defensa entablaron una demanda colectiva en la corte federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el arresto de inmigrantes sin órdenes de detención, confinarlos en condiciones inhumanas y negarles el acceso a sus abogados.

Las organizaciones demandantes Los Angeles Worker Center Network, United Farm Workers (UFW), la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), y el Immigrant Defenders Law Center alegan que los arbitrarios arrestos son partes de la estrategia para cumplir con las cuotas fijadas por la Administración Trump.

“​​Desde el 6 de junio, matones enmascarados han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y destrozando la Constitución”, dijo  Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California, durante una conferencia de prensa afuera de un negocio de lavado de autos en la ciudad de Torrance, al sur del condado de Los Ángeles, donde se llevó a cabo una redada el mes pasado.

Tajsar, quien representa a los demandantes, dijo que sin importar su estatus migratorio ni el color de su piel, todos tienen garantizados los derechos constitucionales para protegerse de las detenciones ilegales. 

“Haremos responsable al DHS”.

Los demandantes buscan representar a personas que han sido o serán objeto de detenciones sin orden judicial y sin evaluación del riesgo de fuga. 

En la querella solicitan al tribunal que certifique el caso como demanda colectiva y emita medidas cautelares y permanentes para detener futuras violaciones de los derechos amparados por la Cuarta y la Quinta Enmienda.

“Estas redadas se han dirigido a los miembros más vulnerables de nuestra fuerza laboral, los trabajadores esenciales que son la columna vertebral de nuestra economía local”, declaró Armando Gudino, director ejecutivo de Los Angeles Worker Center Network. 

“No podemos permitir que la discriminación racial, los arrestos sin orden judicial y la negación del debido proceso se conviertan en la práctica habitual en nuestras comunidades”.

Desde el 6 de junio, el gobierno federal ha desplegado agentes de inmigración en las calles, lugares de trabajo y barrios de Los Ángeles y los condados aledaños, creando un estado de sitio y una redada de captura de inmigrantes en la región. 

La demanda indica que uno de los patrones más claros que han surgido en las redadas en el sur de California han sido las detenciones e interrogatorios basados ​​en la aparente raza y etnia.

“Miembros de la comunidad del sur de California han sido trasladados y desaparecidos en instalaciones similares a calabozos, extremadamente sobrepobladas, sin comida, atención médica, higiene básica ni camas”, declaró Mark Rosenbaum, asesor especial sénior de litigios estratégicos de Public Counsel, quien representa a los demandantes. 

“El objetivo de esta draconiana represión es aniquilar los derechos fundamentales al debido proceso y ocultar a la opinión pública las horribles formas en que los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza tratan a ciudadanos y residentes que han sido estigmatizados por nuestro gobierno como delincuentes violentos solo por el color de su piel”.

Puntualizó que la demanda busca, en parte, acabar con esa gran mentira.

Los agentes han estado arrestado a inmigrantes en masa y llevándolas al sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, conocido comúnmente como “B-18”, el cual carece de camas, duchas e instalaciones médicas. 

De acuerdo a la demanda, dichas instalaciones fueron diseñadas para albergar temporalmente a un pequeño número de personas para que pudieran ser procesadas y liberadas, o procesadas y trasladadas a un centro de detención de larga duración.

“Hemos escuchado testimonios de más de 100 familias de personas llevadas al B-18 y otros centros de detención que dan fe de que sus seres queridos se encuentran en condiciones de hacinamiento, frío e inhumanas”, dijo Angélica Salas, líder de CHIRLA.

“Se les retiene en pequeñas habitaciones sin ventanas con docenas o más de detenidos, en espacios extremadamente reducidos, mientras son humillados verbalmente y presionados para firmar documentos que no entienden”, señaló.

Y remató: “Los angelinos retenidos en estas condiciones se ven privados rutinariamente de comida, agua, ropa limpia, baños y acceso a información y asesoramiento, lo que puede tener graves consecuencias para sus posibilidades de reunificarse con sus familias”.

La demanda establece que las redadas en curso han provocado la desaparición de más de 1,500 personas. 

Detalla cómo los agentes federales se niegan sistemáticamente a identificarse o a decir a qué agencia pertenecen cuando se les pregunta, utilizando el anonimato como táctica para encubrir la ilegalidad.

“Las redadas en el área metropolitana de Los Ángeles no se han limitado al centro urbano; también hemos visto casos terribles de agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiendo a trabajadores agrícolas en los campos del condado de Ventura”, dijo la presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), Teresa Romero.

“La esposa de un miembro del UFW se encontraba entre los detenidos injustamente”. 

Confió que ahora mismo los mismos trabajadores que alimentan a Estados Unidos van a trabajar en medio del pánico; y sus hijos nacidos en Estados Unidos tienen miedo de no saber si sus padres regresarán a casa.

 “Los trabajadores agrícolas merecen algo mejor”. 

Añadió que ya han visto estas tácticas inconstitucionales y antiamericanas antes, con la Patrulla Fronteriza atacando a trabajadores agrícolas al azar y a cualquier persona de piel morena en el condado de Kern como durante la gran redada de enero. 

“Demandamos entonces y estamos demandando ahora”.

Los demandantes son representados por la ACLU Foundation of Southern California, Public Counsel, Oficinas legales de Stacy Tolchin, UC Irvine School of Law Immigrant and Racial Justice Solidarity Clinic, National Day Laborer Organizing Network, las fundaciones de ACLU del norte de California y los condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law Inc, CHIRLA, y el Immigrant Defenders Law Center. 

“El gobierno federal está llevando a cabo una campaña de terror en el sur de California, secuestrando a miembros de la comunidad en las calles y confinándolos en condiciones deplorables, lejos de sus seres queridos, mientras les niega el acceso a asistencia legal”, declaró Álvaro M. Huerta, director de litigio y defensa del Immigrant Defenders Law Center. 

La arrestan en una cita con ICE

Fabián, propietario de un negocio de construcción en el condado de Orange, denunció el arresto de Valeria, su esposa de origen colombiano, de 28 años.

“Estoy acá para denunciar cómo el gobierno de Donald Trump, nos está violando los derechos más básicos como seres humanos”, dijo Fabián, quien da empleo a diez ciudadanos estadounidenses.

“Somos inmigrantes que venimos a aportar a este país”.

Relató que el 23 de junio, su esposa se presentó puntualmente a su cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Respetamos la ley, hicimos todo de forma correcta, pero ese día, el sistema nos traicionó. Sin explicación ni humanidad, la detuvieron de inmediato. La trasladaron primero al Centro de Detención de Santa Ana donde la presionaron contra la pared y la esposaron como si fuera una criminal peligrosa que se estuviera resistiendo”.

Dijo que el verdadero calvario comenzó cuando la llevaron al Centro de Detención de Los Ángeles conocido como el B-18.

“Le apretaron las esposas con tanta fuerza que le dejaron la piel marcada, y le arrancaron los aretes en lugar de quitárselos. Esa primera noche no tuvo donde acostarse. Durmió de pie, y les dieron de comer una cajita de jugo de 16 onzas, galletas y chetos. Eso era su almuerzo, desayuno y su cena en un solo día”, dijo con la voz entrecortada, tratando de controlar las lágrimas.

“No hay duchas, los baños están tapados y así deben permanecer entre el dolor y la desesperación. El ambiente es opresivo y traumático, a quienes se niegan a firmar su deportación, los amenazan con encerrarlos por seis meses y hasta un año. Los manipulan, los rompen por dentro. Les quitan toda esperanza”.

Dijo que el jueves 26 de junio, su esposa tuvo una infección en el estómago y la llevaron a una sala de emergencia. “Hasta ahora no sé nada de ella. Llamo. No me dan razones. No sé dónde está”.

Fabián pidió a los abogados ayudarles, y que los dejen de ver como un producto.

“Quiero hablar por quienes no pueden hablar. Sé que hay muchas mamás a quienes les quitan sus bebés, hay muchos padres que los separan de sus familias. Este país ha sido construido por manos inmigrantes, y seguirá siendo así, y quiero que los líderes hagan algo. Quiero acción”.

Dijo que los discriminan por el color y el acento. “Dicen que este país es de libertades. Yo no veo libertad ahora. Veo miedo. No veo a nadie cuando salgo a la calle, y no miro gente vendiendo. Todos tenemos miedo”.

A María le arrestaron a Javier, su esposo, un lavacarros, el 17 de junio.

“Yo le dije que no fuera al trabajo, porque era su día de descanso, pero insistió en ir y lo arrestaron cuando hicieron una redadas en el negocio de lavacarros donde trabaja. Me enteré cuando mi sobrina, lo vio enun video de los arrestos en TikTok”.

Dijo que la detención de su esposo, les ha roto el corazón. 

“Fuimos a visitarlo el lunes, y le pedimos que resistiera, porque estamos trabajando para sacarlo”.

Suplican por respuestas

Emily, habló a nombre de tu tío detenido por ICE, el 22 de junio mientras trabajaba en el lavado de autos Bubble Bath Hand Car Wash en Torrance.

“Cuando los agentes del ICE entraron, lo persiguieron, lo azotaron contra el cancel y se lo llevaron sin explicación. Nuestra familia ha estado devastada desde entonces”.

Reveló que viven abrumados por el miedo, la confusión y el dolor.

“Hemos llamado a todos los números disponibles del ICE, y hasta hoy no tenemos detalles del caso, ni actualizaciones. Todos los días llamamos, pero solo obtenemos respuestas vagas”.

Incluso fueron en persona a las oficinas de ICE en Los Ángeles, donde les dijeron que no estaba ahí ni en el sistema, pero una hora más tarde, el tío les llamó para decirles que ahí lo tenían.

“Por qué no nos dicen la verdad. Por qué nos engañan. Se siente como que no importamos, que nuestras voces no son escuchadas. Hemos llamado a la oficina de los congresistas Maxine Water y Ted Lieu, a la del gobernador Newsom y nos dicen que es un asunto federal. Aún en el Consulado de El Salvador nos redirigieron a otro lugar”.

Así que ante la falta de respuestas, preguntó quién pide cuentas al ICE.

“Mi tío no es un criminal. Es un hombre trabajador. Un padre amoroso que está sentado en un Centro de Detención, probablemente asustado y solo, mientras que nosotros estamos fuera suplicando por respuestas.

“No pedimos un trato especial. Solicitamos la verdad, dignidad y el derecho básico a ayudar a un ser querido. ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos acción! ¡Necesitamos respuestas antes de que otra familia sufra como nosotros!”.