Gobierno de Trump presiona ante tribunal para deportaciones aceleradas
Jueza cuestiona proceso de deportación exprés que Administración Trump busca aplicar a inmigrantes que despoja de protección temporal y permiso de trabajo
ICE busca deportar en forma acelerada a unos dos millones de inmigrantes. Crédito: ICE
El Gobierno del presidente Donald Trump busca que la Corte de Distrito de Washington, D.C. determine viable la deportación de cualquier inmigrante indocumentado en forma expedita o acelerada.
Esta forma de procesar a los inmigrantes ocurre cuando una persona lleva menos de dos años viviendo en Estados Unidos, pero ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende aplicar el proceso a personas que tienen o tuvieron protecciones de libertad condicional o perdón a la deportación provisional.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Acción por la Justicia argumentaron en contra de los plandes del DHS, representado por el Departamento de Justicia.
Los defensores de inmigrantes acusan que la Administración Trump pretende someter a la expulsión acelerada a personas con libertad condicional legal en el país, un proceso sumario que no les da la oportunidad de comparecer ante un juez ni de reunir pruebas en su defensa, y les ofrece poco o ningún acceso a un abogado y al debido proceso.
El caso CHIRLA v. Noem también establece que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscan desestimar los procedimientos de expulsión deteniendo a quienes comparecieron de buena fe en sus audiencias en cortes.
La demanda, de hecho, busca garantizar que quienes han cumplido con los requerimientos que el gobierno les ha exigido no se vean privados del derecho al debido proceso, como lo marca la Constitución.
“El gobierno de Trump está utilizando ilegalmente la deportación acelerada para deportar a personas en libertad condicional que hicieron todo lo que el gobierno les pidió, todo en un esfuerzo desesperado por aumentar las cifras de deportación”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center. “Cerca de dos millones de personas podrían verse afectadas por la táctica gubernamental de deportación acelerada, lo que significa que serían deportadas inmediatamente sin la oportunidad de comparecer ante un juez y, a menudo, sin acceso a un abogado”.
Durante la audiencia del miércoles ante la jueza Jia Cobb, el representante de la Administración Trump defendió la política de deportaciones, aunque reconoció que “tal táctica podría no tener precedentes”.
La jueza Cobb cuestionó al gobierno sobre determinar si existe un precedente que justifique la deportación acelerada para personas en libertad condicional, la Administración Trump dijo que no podía identificar ningún caso en tales circunstancias.
La defensa de inmigrantes expusieron sobre el daño irreparable que los demandantes enfrentarían debido al uso de la deportación acelerada por parte de esta Administración Trump.
“Se estima que dos millones de personas con libertad condicional en el país podrían estar expuestas a la deportación acelerada bajo las nuevas políticas del gobierno federal”, indican los defensores. “En general, el tribunal estaba bien preparado para el argumento y planteó muchas preguntas perspicaces a ambas partes; el gobierno tuvo dificultades para explicar las inconsistencias y otros problemas derivados de su enfoque extremo y maximalista”.
¿Y las visas humanitarias?
La demanda presentada el 24 de marzo pasado por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, con la representación legal del Centro de Acción por la Justicia, es a nombre de los miembros de las organizaciones que obtuvieron libertad condicional en un puerto fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), recientemente cancelado por la Administración Trump.
Aunque la Corte Suprema decidió que el actual gobierno federal puede cancelar el CHNV, la otra parte de la demanda busca obligar a la Administración Trump a seguir el debido proceso en su intento de deportar a inmigrantes, luego de despojarlos de su autorización de trabajo y estatus legal.
