Trabajadores de Carl’s Jr. en Los Ángeles denuncian más de $110,000 en robo de salarios

Cocineros y cajeras de distintas franquicias de Carl’s Jr. en el sur de California abandonaron sus lugares de trabajo y se manifestaron en contra de Harshad Dharod, dueño de 45 negocios de comida rápida que se declaró en bancarrota, y a quien denunciaron como presunto responsable del robo de salarios por más de $110,000. 

Frente a la tienda Carl’s Jr., ubicada en el 5166 Vineland Ave. en North Hollywood, decenas de personas protestaron y aseguraron que Harshad Dharod, propietario de Friendly Franchisees Corporation, con sede en 1 Centerpointe Dr. Suite 400, La Palma, California, intentó evitar pagar a los empleados mediante la bancarrota. 

Los trabajadores ya presentaron una notificación ante el tribunal de bancarrota de Estados Unidos para exigir justicia. Ellos alegan que Friendly Franchisees Corporation —uno de los mayores operadores de Carl’s Jr. a nivel mundial— ha abusado del proceso de bancarrota para eludir su responsabilidad de pagar a los empleados o mantener establecimientos seguros y saludables 

“Ayer presentamos una notificación ante el tribunal de bancarrota para luchar contra sus intentos de lavarse las manos, como si el daño a la vida a los trabajadores no hubiera ocurrido”, dijo una activista no identificada, “Lo que este señor quiere hacer es evadir todas las responsabilidades que tiene por todo lo que les debe a estos trabajadores por robo de salario y muchas otras cosas más”. 

En medio del calor abrasador del mediodía, los trabajadores lanzaron consignas exigiendo justicia. 

“Hay muchos trabajadores con casos potenciales y miles de dólares en salarios robados”, dijo la activista, sin presentar datos específicos de su denuncia. “No se va a salir con la suya, sin lucha, y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar”. 

Teresa Ayahuaca es una de las presuntas afectadas por “todas las atrocidades que ha cometido este hombre [Harshad Dharod]”, dijo la activista. 

“Tengo más de 20 años trabajando [en Carl’s Jr.]”, dijo Ayahuaca. “Estamos aquí para defender nuestros derechos”. 

Repitió que el propietario de las 45 franquicias de Carl’s Jr. se declaró en bancarrota para no pagarles vacaciones ni salarios atrasados. 

Relató que, cuando su hermano -también empleado de Carl’s Jr.-se enfermó no “respetaron su enfermedad” y que a ella no le pagaron los días de enfermedad que no tomó, según dictamina la ley. 

“¡Trabajadores unidos, jamás serán vencidos!”, “¡Trabajadores callados jamás serán escuchados!”, ¡Carl’s Jr. escucha. ¡Estamos en la lucha!”. ¡Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos!”, cantaron y gritaron afuera del negocio de comida rápida, ante la mirada impaciente de un guardia de seguridad. 

Tanto antes como después de la bancarrota, los trabajadores afirman que Friendly Franchisees les ha negado las bajas por enfermedad, ha violado las leyes sobre descansos para comer, los ha obligado a trabajar fuera de su horario oficial y ha tomado represalias contra quienes denuncian estos problemas o intentan ejercer sus derechos. Los empleados han presentado más de una docena de quejas contra Friendly Franchisees que aún no han sido resueltas. 

“Los trabajadores de los establecimientos operados por las empresas deudoras siguen trabajando en ellos, pero se les han arrebatado sus saldos de tiempo libre remunerado y bajas por enfermedad, quedando sin posibilidad de recuperar los salarios perdidos o de obtener indemnización por los abusos sufridos durante su empleo”, señala la carta dirigida al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos. De este modo, las empresas deudoras han dejado que los trabajadores con salarios bajos carguen con las consecuencias de su propia mala gestión”. 

A principios de abril, Friendly Franchisees Corporation, un operador de Carl’s Jr., solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. La empresa presentó la solicitud a través de varias filiales, entre ellas Senior Classic Leasing, DFG Restaurants y Second Star Holdings. 

La compañía opera varios restaurantes Carl’s Jr. en California y, según su sitio web, también invierte en y gestiona propiedades inmobiliarias multifamiliares. Los documentos judiciales no indicaron si los problemas en las operaciones inmobiliarias o en los restaurantes del operador fueron la causa de la bancarrota. 

FFC es propiedad de su director ejecutivo y fundador, Harshad Dharod, quien adquirió los restaurantes Carl’s Jr. en el año 2000. La empresa afirma en su sitio web que, al cabo de unos años, logró elevar los beneficios y las ventas “muy por encima del promedio de la marca”. 

Dharod no respondió a La Opinión cómo resolvería las quejas de sus empleados, algunos de los cuales han trabajado para él desde hace dos décadas, y en su website declara que el éxito de FCC se basa en un concepto operativo sencillo: “contratar a personas con ganas de trabajar, desafiarlas a superar sus propios límites y brindarles las herramientas necesarias para alcanzar las metas que ellas mismas se han fijado. Nuestro éxito reside en nuestra gente”. 

Con más de 630,000 trabajadores en aproximadamente 49,000 establecimientos, la industria de la comida rápida en California se destaca como uno de los sectores de salarios bajos más grandes y de mayor crecimiento del estado. Cerca del 80 por ciento de los trabajadores de este sector en California son personas de color; más del 60 por ciento son latinos y dos tercios son mujeres. Esta industria emplea al segundo grupo más numeroso de trabajadores de bajos salarios del estado. 

Por otra parte, la industria de la comida rápida en California se caracteriza por un modelo de negocio de “carrera hacia el fondo” (“race to the bottom”), en el que los establecimientos operan con márgenes muy ajustados a costa de la seguridad, los salarios, la capacitación, la programación de horarios y la dotación de personal, entre otros aspectos. 

800 farmacéuticos de supermercados autorizan una huelga 

Centenares de farmacéuticos de Ralphs, Albertsons, Vons y Pavilions autorizaron por abrumadora mayoría una huelga, por presuntas prácticas laborales injustas. 

La decisión de los afiliados al sindicato UFCW se produjo tras cuatro meses de presuntas conductas ilegales por parte de las empresas durante las negociaciones de un contrato vencido. 

Los farmacéuticos representados por las secciones locales del UFCW afirman que, a lo largo de las negociaciones, Ralphs y Albertsons se han negado a presentar una propuesta de contrato justa, incurriendo presuntamente en conductas que han interferido en el proceso de negociación; entre ellas, realizar cambios unilaterales sin negociar, vigilar ilegalmente a los miembros que participan en la campaña del contrato y no facilitar la información necesaria para la negociación. 

El Comité Negociador de Farmacéuticos del UFCW declaró lo siguiente: 

“La votación envía un mensaje claro a Ralphs y Albertsons: ya estamos hartos de sus tácticas ilegales para socavar el sindicato, las cuales perjudican a los farmacéuticos y silencian nuestras voces” 

“Durante cuatro meses, hemos seguido atendiendo a nuestros pacientes mientras negociábamos bajo un contrato vencido. En lugar de negociar un acuerdo justo, las empresas se han negado a presentar una oferta equitativa, al tiempo que realizan cambios unilaterales sin negociar, vigilan ilegalmente a los miembros activos en nuestra campaña del contrato y omiten proporcionar información necesaria para la negociación. 

“Estas prácticas laborales injustas tienen como objetivo intimidarnos y dificultar la consecución del acuerdo que merecemos. Exigimos a Ralphs y Albertsons que dejen de vulnerar los derechos de los trabajadores, negocien de buena fe y presenten un contrato justo que refleje el valor de los servicios sanitarios esenciales que los farmacéuticos prestan a diario”. 

El UFCW afirma que los farmacéuticos buscan salarios acordes con el ritmo de la inflación y una mejor dotación de personal para evitar la fatiga, las distracciones y las condiciones inseguras de trabajo. 

El sindicato también pide un aumento salarial adicional de 9.95 dólares en los próximos dos años, mientras que las cadenas de supermercados ofrecen un incremento de 5 dólares a lo largo de tres años. 

Hasta marzo de 2026, los supermercados ofrecían una remuneración de 74.10 dólares por hora a un farmacéutico y de 75.10 dólares por hora a un jefe de farmacia. 

De acuerdo con información del UFCW, los farmacéuticos de CVS tienen una tarifa salarial máxima de 82.55 dólares por hora. El UFCW busca una remuneración comparable a la de CVS y a la de otras cadenas minoristas. 

Las compañías han asegurado que están negociando “de buena fe”.