Visas: El precio de la soberanía

¿Qué tiene que ver la visa de un político mexicano con las muertes por fentanilo en Estados Unidos? La relación tendría sentido si protegiera a quienes producen o trafican la sustancia y la medida ayudara a desmantelar esa protección. Demostrarlo exige más que cancelar un documento y dejar circular una filtración. Hasta ahora, el efecto más visible ha sido colocar a políticos bajo sospecha y comprometer sus carreras.

El 20 de febrero de 2025 entró en vigor la designación estadounidense como terroristas de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Mara Salvatrucha y Tren de Aragua. Organizaciones diferentes quedaron bajo una categoría que amplía las herramientas de persecución. La crisis del fentanilo justifica esa expansión, aunque su participación en dicho mercado sea distinta.

Retirar visas no es nuevo. Lo que llama la atención es la escala y el significado político. Reuters informó en octubre de 2025 que por lo menos cincuenta políticos y funcionarios mexicanos habían perdido las suyas, sin identificar a todos. Desde entonces circulan declaraciones, reportajes, filtraciones y listas sin respaldo verificable. Todo termina mezclado, como si cada cancelación acreditara una relación criminal.

Entre quienes reconocieron la cancelación están Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su entonces esposo, Carlos Torres; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, y José Luis Dagnino, de San Felipe. También Sonia Villarreal, funcionaria de Coahuila, y su esposo, Jorge Miguel Barajas. Medios documentaron el caso del entonces alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro.

En el caso de Marina del Pilar, versiones periodísticas sobre un supuesto intercambio de información de seguridad para recuperar su visa plantean un problema de soberanía. No debemos presentar ese supuesto arreglo como un hecho probado. Pero la posibilidad obliga a preguntar qué puede ofrecer una gobernadora para resolver un problema personal con Washington, y quién autoriza que lo haga.

Otros casos son Luis Samuel Guerrero, esposo de la alcaldesa de Mexicali; Brighite Granados, dirigente de Morena en Chihuahua; Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, y Andrés Manuel López Beltrán. Granados atribuyó la medida a una infracción de tránsito; Caballero, a un trámite migratorio; López Beltrán denunció una motivación política. Alex Tonatiuh Márquez salió de Investigación Aduanera después de perder su visa; el titular de Aduanas reconoció que eso influyó.

Araceli Brown, diputada y exalcaldesa de Rosarito, fue sancionada por el Tesoro por presuntos vínculos con una facción de Sinaloa y declaró que devolvió su visa. También existen reportes sobre el diputado José Eduardo Cantón. Decisiones migratorias, sanciones financieras y acusaciones penales tienen fundamentos y consecuencias diferentes. Ninguna equivale por sí misma a una sentencia.

Rubén Rocha Moya enfrenta una acusación penal. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por narcotráfico y armas. Rocha Moya negó las acusaciones. Se separó de la gubernatura de Sinaloa en mayo, regresó brevemente en agosto y obtuvo otra licencia indefinida el 23 de agosto. Continúa como gobernador con licencia; según información publicada en octubre, la investigación mexicana sigue abierta. Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición. Hay cargos formales, todavía no una condena.

Entre los gobernadores señalados por la supuesta revocación están Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Los Angeles Times y Puente News informaron de esas decisiones; ZETA atribuyó su confirmación a fuentes del Departamento de Estado. Ambos las negaron. Villarreal reiteró este octubre que no había recibido notificación. Conservar el documento no demuestra que siga habilitado, pero tampoco tenemos una resolución pública que permita revisar las versiones.

Norma Bustamante sostuvo que el retiro de la visa de su esposo no la afectaba. Mario Alberto López Hernández, Alberto Granados y Hernán Vega Burgos negaron las versiones sobre sus documentos. Puebla desmintió las relativas a Alejandro Armenta. Landau anunció que ordenaría cancelar la visa de Melissa Cornejo por una publicación en redes, para después descubrir que no tenía una vigente.

Una lista sin confirmación incluyó a Adán Augusto López, Arturo Ávila, Daniel Asaf, Evelyn Salgado, Federico Arreola, Luisa María Alcalde, Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Gallardo, Sandra Cuevas, Eduardo Fuentes Celestrín, Rafael Guerra, José Ramón López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Peralta e Indira Vizcaíno. Consignó también Arlin Medrano e Ignacio Rodríguez. Su circulación alimenta sospechas, pero no acredita sus situaciones migratorias.

Si hay pruebas de colaboración criminal, México debe investigar por el daño causado aquí. Pero la incertidumbre permite ejercer presión. Una cancelación puede perjudicar candidaturas y dividir apoyos. Resolver el problema puede volverse prioritario para alguien con ambiciones. Washington encuentra así una oportunidad para buscar concesiones que poco tengan que ver con impedir la producción o distribución de fentanilo.

Sonora permite pensar en ese riesgo. Además de energía solar, minerales estratégicos y puertos, está el agua. En 2023, Durazo afirmó que una desalinizadora para abastecer Arizona no estaba en la agenda estatal. Ahora existen propuestas para utilizar agua desalinizada en México y permitir, a cambio, que Arizona acceda a parte de la asignación mexicana del río Colorado. Una contempla Sonora. Requieren estudios y acuerdos binacionales; un gobernador no puede autorizarlas solo.

Si Durazo hubiera perdido su visa —él lo niega— y temiera por su futuro político, podría buscar un entendimiento con Washington. Estados Unidos podría intentar obtener respaldo a proyectos energéticos o negociaciones sobre agua. No hay evidencia pública de ese intercambio. La hipótesis señala un peligro: que proteger una carrera influya en decisiones sobre recursos colectivos. La visa funcionaría como instrumento geopolítico bajo la justificación del fentanilo.

La tragedia estadounidense merece respuestas medidas en vidas salvadas. Las muertes por sobredosis han disminuido, pero los CDC estimaron 67,798 durante los doce meses terminados en marzo de 2026, considerando distintas drogas, no solamente fentanilo. Las guerras del opio en China recuerdan la relación entre drogas e intereses imperiales. Gran Bretaña defendió aquel comercio por la fuerza; Estados Unidos afirma combatir el suministro. Las circunstancias difieren, pero obligan a examinar los intereses que acompañan una tragedia.

Retirar visas puede dificultar la movilidad de colaboradores criminales; su contribución a reducir las muertes tendría que demostrarse. Combatir esa crisis exige investigar las redes de protección y atender a las comunidades afectadas. Contar visas canceladas no permite saber cuántas personas recibirán tratamiento ni cuántas familias evitarán otra muerte. Si termina sirviendo para obtener concesiones sobre agua, energía o territorio, su propósito habrá cambiado. Los muertos pondrán la justificación y México, las concesiones. Un gobernante puede querer recuperar su visa; no tiene derecho a comprometer lo que pertenece a todos para conseguirla.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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