México al servicio de las guerras de Trump

Trump necesita una victoria y parece buscarla en México. A unos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, su gobierno presiona para ampliar la cooperación contra los cárteles y permitir que personal estadounidense acompañe operaciones en territorio mexicano. Así lo señala un reportaje de The New York Times retomado por medios nacionales. La urgencia obliga a preguntar a qué intereses respondería ese operativo y quién tendría que hacerse cargo de sus consecuencias cuando termine la campaña estadounidense.

La política de drogas de Estados Unidos ha sido, hoy como antes, una política de Estado con fines geopolíticos y geoestratégicos. El supuesto combate a las sustancias prohibidas ha servido para presionar gobiernos, condicionar relaciones y justificar intervenciones. La crisis de adicciones es real, al igual que el sufrimiento de las familias. Precisamente por eso resulta tan grave utilizarla para impulsar objetivos que poco tienen que ver con la salud de quienes consumen y con la reconstrucción de sus comunidades.

En esta segunda etapa del trumpismo, esa política parece adquirir una urgencia electoral más evidente. Sería ingenuo suponer que antes estuvo libre de cálculos partidistas. Lo que ahora llama la atención es la exigencia de obtener resultados en México a tiempo para exhibirlos ante los votantes estadounidenses. Nuestra seguridad queda expuesta a las necesidades del Partido Republicano. Una captura, un abatimiento o una operación conjunta pueden convertirse en propaganda, aunque después aumenten las disputas y la violencia en los territorios intervenidos.

El problema de Irán ayuda a explicar esa prisa. La guerra y sus efectos sobre los precios de los combustibles han debilitado a Trump y complicado el panorama republicano. Reuters documentó el costo electoral de una política exterior que golpea el bolsillo de los estadounidenses. En ese contexto, recurrir al combate contra los cárteles permite volver a un terreno conocido: señalar un enemigo externo y ofrecer una demostración de fuerza. Mi lectura es que México representa una oportunidad para intentar recuperar la iniciativa política.

El lenguaje del narcoterrorismo amplía las posibilidades de esa estrategia. Permite reclamar medidas excepcionales y presentar una participación estadounidense más directa como una necesidad impostergable. También dificulta el cuestionamiento: quien objeta una intervención queda expuesto a ser acusado de proteger criminales. Así, la discusión sobre los objetivos, los límites y las consecuencias de la cooperación termina desplazada por la obligación de demostrar obediencia frente a una amenaza definida desde Washington.

Entretanto, la distribución de drogas dentro de Estados Unidos ocupa un lugar secundario en el discurso presidencial. Las sustancias no llegan solas al consumidor después de cruzar la frontera. Necesitan transporte, almacenamiento, redes de distribución y vendedores. La propia Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense reconoce la existencia de redes de distribución en ese país vinculadas con organizaciones mexicanas. Esa infraestructura opera en territorio estadounidense y constituye una parte indispensable del negocio.

Existen investigaciones, detenciones y decomisos contra esas redes; afirmar lo contrario sería incorrecto. Pero cabe preguntar por qué su persistencia no genera exigencias políticas comparables a las que Washington dirige contra México. Al escuchar a Trump, parecería que la prohibición pierde urgencia cuando se trata de los dealers y distribuidores que abastecen su propio mercado. El enemigo tiene nombre mexicano; quienes hacen posible la venta cotidiana dentro de Estados Unidos reciben mucha menos atención en la explicación presidencial.

La responsabilidad se coloca afuera. México debe detener la producción y el tráfico; otros países deben controlar los precursores. Pero ¿quién responde por las redes internas de comercialización y por los mecanismos que permiten aprovechar sus ganancias? ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades estadounidenses? La existencia de organizaciones transnacionales no borra las obligaciones de cada gobierno dentro de su territorio. Insistir en que todo se resolverá golpeando al vecino evita discutir una parte fundamental del problema.

Lo mismo sucede con las adicciones. Las familias aparecen en los discursos como justificación de la ofensiva, pero un operativo en México no garantiza atención médica, tratamiento continuo ni condiciones para reconstruir una vida. Perseguir el tráfico puede formar parte de una respuesta. Convertir esa persecución en instrumento geopolítico y electoral introduce prioridades distintas. Una victoria anunciada desde la Casa Blanca puede rendir beneficios políticos sin cambiar las condiciones de quienes siguen consumiendo y necesitan ayuda.

Esta utilización tampoco contribuye a reducir la polarización. Cuando cualquier crítica se interpreta como complicidad con el enemigo, resulta difícil evaluar qué funciona. Las adicciones requieren políticas sostenidas más allá de una elección. Su explotación partidista favorece decisiones inmediatas, culpables convenientes y promesas que difícilmente resuelven una crisis arraigada en la sociedad estadounidense. El poder para amenazar a otros países puede coexistir con una profunda incapacidad para atender el sufrimiento propio.

Las guerras del Opio ofrecen una advertencia histórica, aunque las posiciones sean distintas. Gran Bretaña recurrió a la fuerza para defender intereses comerciales vinculados al opio e imponer concesiones a China. Aquellas guerras contribuyeron al debilitamiento del imperio Qing, cuyo ocaso tuvo múltiples causas. Estados Unidos puede también profundizar su deterioro si sus dirigentes privilegian sus ambiciones políticas sobre la salud y la cohesión de su sociedad. Ningún poderío militar sustituye esas responsabilidades.

México necesita una postura clara. Su gobierno ha colaborado ampliamente con la política de drogas estadounidense bajo presiones arancelarias y amenazas de intervención. El propio Marco Rubio ha reconocido una cooperación excepcional. Por eso resulta revelador que la exigencia siga aumentando: colaborar parece convertirse en el punto de partida de la siguiente concesión. El gobierno mexicano debe explicar qué compromisos ha adquirido, dónde están los límites y qué beneficios concretos obtiene nuestra población.

Defender la soberanía exige decisiones y capacidad para sostenerlas. México debe enfrentar sus redes criminales y sus estructuras de protección, y exigir a Estados Unidos responsabilidad sobre la distribución interna y la atención de las adicciones. Nuestra política de seguridad necesita responder a quienes viven aquí. Subordinarla al calendario electoral de Trump significaría aceptar que Washington coseche el beneficio político mientras México sigue pagando los costos de una guerra cuyas prioridades se deciden fuera de nuestro territorio.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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