Bajo estado de sitio
BIRMINGHAM, Alabama._ “Lo importante es no tener miedo”, dijo el diácono de una iglesia Católica que como otras en diversas partes del estado se han convertido en centros de orientación para que la comunidad inmigrante atemorizada por la ley HB 56 concozca sus derechos o sepa qué opciones tienen si los detiene la policía.
Pero mientras el diácono hablaba ante cientos de inmigrantes reunidos en un salón de la iglesia, el miedo y la desconfianza estaban a flor de piel. Las preguntas lo reflejaban y la más común fue qué debo hacer si me detiene la policía: ¿le digo mi nombre? ¿Le enseño mi pasaporte extranjero? ¿Le muestro mi licencia de conducir aunque esté vencida? Si mi esposa va sola con los niños en el auto, ¿la detendrán delante de los niños? ¿Se la llevarán? Qué pasará con mis hijos si me encierran? ¿Cuánto tiempo estaré detenido hasta que inmigración me lleve?
La misma escena se repite en distintas iglesias, escuelas y centros comunitarios a través del estado. En los pasados días los grupos de asistencia han recibido miles de llamadas, incluyendo las más de 2,000 hechas a la línea telefónica que estableció el Southern Poverty Law Center para brindar orientación y para que se reporten abusos.
El Departamento de Justicia acaba de solicitarle al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito que bloquee la ley HB 56 argumentando, entre otras cosas, que promoverá la discriminación contra extranjeros e incluso residentes legales.
La ley, considerada la más severa de Estados Unidos, permite que la policía indague sobre la situación migratoria de personas con las que entre en contacto si existe la “sospecha razonable” de que se encuentren ilegalmente en el país. Entre otras cosas, también permite que los funcionarios escolares indaguen sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se matriculen en las escuelas de Alabama, y el de sus padres.
Según el Departamento de Justicia, “es altamente probable que la nueva ley exponga a personas legalmente en Estados Unidos, incluyendo niños estudiantes, a nuevas dificultades en sus rutinas diarias”.
Desde que llegué a Alabama hace casi una semana lo que he visto son esas dificultades en su mayor esplendor. Miles de estudiantes se ausentaron de clases cuando la ley entró en vigor ya sea porque familias enteras se fueron del estado o porque están encerrados en sus casas y no quieren enviar a sus hijos a la escuela. Las autoridades escolares han aclarado que la ley no interfiere con estudiantes que ya están matriculados y aunque eso ha calmado a algunos de los padres con los que he hablando, el temor persiste.
Un joven padre de Ensenada, Baja California, México, me explicó lloroso cómo su hijo de 12 años, que es indocumentado, siempre ha sido estudiante de honor. Se ganó una gira escolar al Museo del Espacio en la ciudad de Huntsville, pero no fue por temor a que la policía lo detuviera.
“No hay que pensar mucho Tal vez solucionar lo que tenemos aquí en dos o tres semanas y ver qué posibilidades tenemos de (mudarnos) a otro estado o directamente a México”, dijo el padre.
Hay familias que ni siquiera se atreven a salir a realizar cosas básicas como comprar comida. El diácono de la iglesia dijo saber de personas que llevan días sin salir a comprar comida y se puso a disposición de las familias para proveerles alimentos.
Los que salen lo hacen conociendo los riesgos.
“Con miedo salimos de la casa, nos persignamos y a ver si regresamos juntos otra vez”, señaló otra joven madre de Michoacán.
“Es muy difícil. Queríamos hacer otra vida, pero no nos dejan. Esperemos que se toquen el corazón y nos dejen estar aquí más que nada por nuestros hijos, que son de aquí”, agregó la joven.
Y precisamente la ley que dice combatir la inmigración indocumentada no toma en cuenta que gran parte de las familias son de situación migratoria mixta, es decir, padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses que ya están pagando las consecuencias de la ley.
Hay inmigrantes que han reportado que se les han denegado los servicios básicos de agua y electricidad; hay inmigrantes que aunque se enfermen tienen miedo de ir al doctor, incluyendo mujeres embarazadas, por temor a que los detengan; hay inmigrantes que no se atreven a llevar a sus hijos ciudadanos de Estados Unidos al doctor por temor a que los detengan.
Visto desde lejos pareciera que los inmigrantes invadieron Alabama y era necesario implementar una ley tan severa como ésta. En la pasada década la población identificada como hispana sí experimentó un alza de 145%, pero se trata de aproximadamente 185,000 personas o escasamente el 4% de la población.
La persecución que ahora padecen ha supuesto no sólo una crisis humanitaria sino económica. Los promotores de la ley argumentan que se liberarán trabajos para los ciudadanos de Alabama. Sin embargo, agricultores, plantas procesadoras de alimentos y la industria de la construcción se lamentan de que el éxodo de mano de obra inmigrante ya está impactando adversamente la economía del estado. Aparentemente los ciudadanos de Alabama no quieren esos trabajos.
La HB 56 permite que los policías soliciten documentos de personas si hay “sospecha razonable” de que sean indocumentados.
De lo que no hay sospecha razonable sino certeza total es de las motivaciones de quienes promueven esta racista ley. Queda muy claro en lo dicho por el congresista republicano de Alabama, Mo Brooks, a la publicación POLITICO.
“Estas no son consecuencias imprevistas. Queremos a los ilegales fuera del estado de Alabama y queremos a los ilegales fuera de Estados Unidos de América abriendo hasta 7.4 millones de trabajos que los estadounidenses que pueden solicitar y ahora no pueden”.
Sweet Home Alabama repite así su vergonzosa historia de atropello de derechos civiles.
