Más cambios a favor de derechos humanos
CIDH exige al gobierno de Calderón mayores avances en ese tema
WASHINGTON, D.C.- Impunidad sin límites en México. Ese fue el tema principal de varias audiencias realizadas ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un problema que afecta tanto a los migrantes en tránsito, como a la población del país.
No es primera vez que el gobierno del presidente Felipe Calderón, debe sentarse a dialogar respecto a la situación de derechos humanos en México, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en 2006, cobrando ya, más de 40 mil vidas.
No lo son tampoco, las indagaciones de la CIDH, que incluso visitó México en septiembre de este año. En la oportunidad, la delegación destacó “los graves problemas de inseguridad de los migrantes durante su tránsito por territorio mexicano, víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales”.
También mencionó la preocupación por el aumento en la denuncias por desaparición forzada, que según sus registros, superarían las 5 mil; junto a la militarización de la seguridad ciudadana, amenazas a líderes de derechos humanos y altos niveles de violencia contra periodistas. Todos, temas que se analizaron en diferentes audiencias de CIDH realizadas ayer.
El consenso general en Washington, luego de intensas jornadas, parece inclinarse por una observación que destaca avances, pero que insiste en la necesidad de más cambios y supervisión.
“Entre el año pasado y este año se han secuestrado más de 22 mil migrantes. La delincuencia organizada gana hasta 50 millones de dólares de este negocio”, explicó a abogada del Centro PRODH, Stephanie Brewer, al referirse a la realidad de los migrantes en tránsito. “A pesar de que el gobierno dijera que atendería recomendaciones de la relatoría, los migrantes siguen viviendo la realidad descrita. Casos de asesinatos, permanecen impunes”, agregó en una audiencia solicitada por el gobierno mexicano para detallar avances.
“Continúa siendo muy preocupante las cifras de secuestro de migrantes. En las audiencias del año pasado las organizaciones civiles hablaban de 18 mil secuestrados, hoy tenemos 22 mil”, declaró el relator especial de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil.
Por su parte, el subsecretario de población, migración y asuntos religiosos de México, René Zenteno, insistió en que Los Pinos, ha tenido una posición de apertura al escrutinio.
“La migración es un derecho humano y como tal no debe ser criminalizado bajo ninguna circunstancia”, dijo al hablar sobre la ley de inmigración mexicana.
Zenteno indicó que entre septiembre 2010 a julio de 2011, se han liberado del secuestro a 1,774 personas, detenido a 1,410 secuestradores y desarticulado 239 bandas dedicadas a este delito. También resaltó el fortalecimiento del Instituto Nacional de Inmigración. “Hemos realizado exámenes de control de confianza. 1,500 servidores públicos están siendo evaluados. Se han dado de baja a más de 200 funcionarios del instituto. Incluidos siete agentes señalados por inmigrantes, que entregaron a personas a grupos como Los Zetas”, aclaró.
Zenteno indicó que entre enero 2010 agosto 2011, se capacitaron a 3,588 funcionarios sobre atención a víctimas, derechos humanos y delitos contra migrantes.
Grupos pro derechos humanos destacaron un desconocimiento de las nuevas cifras entregadas por el gobierno de México e insistieron en la falta de diálogo y acceso, a pesar de los múltiples intentos por crear una comunicación más fluida con el gobierno.
En cuanto al área de desapariciones forzadas, el relator para México de CIDH, Rodrigo Escobar, aseguró que este continúa siendo un problema para las familias en el vecino país.
Líderes de grupos pro derechos humanos, entre ellos el poeta Javier Sicilia, lamentaron lo que describieron como la participación de las fuerzas federales en este problema. “No sabemos qué parte del estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del estado”, dijo el escritor.
Felipe Zamora, subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la secretaria de gobernación, rechazó la existencia de una política de desapariciones forzadas por parte del gobierno.
Escobar pidió más información sobre medidas específicas para prevenir este problema. En tanto, el relator para migrantes, Felipe González, también solicitó más datos por parte del gobierno mexicano, mientras continúa el desarrollo de un informe sobre la situación de los migrantes en tránsito.