Peligra nuevo plan de decomiso de autos

La cancelación del decomiso de vehículos en paradas de tráfico de la Policía de esta ciudad (LAPD) a conductores sin licencia podría ser revisada por el Concejo Municipal, algo que echaría por tierra dicho cambio de política en la corporación o, por lo menos, posponerlo por varias semanas.

Una moción que ayer presentó el concejal y exjefe del LAPD, Bernard Parks, solicita a la agencia policiaca no hacer cambio alguno en su protocolo de confiscación de coches por 30 días hasta que el Comité de Seguridad Pública y el Cabildo revisen los impactos de esa modificación.

Asimismo, solicita a la Procuraduría Municipal elaborar un reporte en referencia a la “posibilidad de una mayor exposición de responsabilidad como resultado de esta política”. En otras palabras, anticipar el costo legal de permitir que un chofer sin licencia maneje con el consentimiento del gobierno.

“Los integrantes del Comité de Seguridad Pública y el Concejo de Los Ángeles necesitan entender mejor cómo esta propuesta de cambio de política puede impactar la habilidad del LAPD de mantener y aplicar las leyes que hacen que los conductores sean seguros en nuestras calles”, expone Parks.

Si se aprueba la moción, la nueva norma difícilmente entraría en vigor en enero de 2012, fecha que fijó el alcalde Antonio Villaraigosa, por el lento proceso legislativo de la ciudad; incluso corre el riesgo de ser rechazada por los ediles y jamás aplicarse. A esto se suma otro filtro que deberá pasar: la Comisión de Policía de Los Ángeles.

Hace unos días, el alcalde hizo pública su intención de modificar el protocolo de decomisos para permitir que un chofer sin licencia pida a otra persona que maneje su auto o que lo recupere del corralón el mismo día.

Pero su intención cayó como bomba en el Sindicato de Policías de esta ciudad (LAPPL), que ayer, con el título “Ayúdanos a mantener a los conductores peligrosos fuera de la carretera”, lanzó una campaña para mantener la incautación de autos por un mes, castigo por el que se pagan unos 1,500 dólares.

“El resultado fácilmente predecible de esta acción es que tendremos más muertos en nuestras calles de Los Ángeles”, advierte el grupo, que representa a casi 10,000 policías de esta ciudad, en un correo electrónico que desde ayer empezó a distribuir.

La Policía de Los Ángeles (LAPD) dejó de confiscar los coches en retenes de sobriedad (como lo hará el resto del estado, por una nueva ley, desde el 1 de enero) tras reconocer que afectaba más a los indocumentados. Eso tampoco fue bien recibido por el liderazgo del LAPPL.

El sindicato afirma que el costo y la inconveniencia que representa recuperar un coche retenido por un mes sólo pretende desalentar a los choferes sin licencia de volver manejar. “Sería imprudente y pone en peligro la seguridad pública. También podría resultar mortal”, insiste.

El grupo ha incluido una estadística de la Asociación Americana de Automovilistas (AAA) para sustentar sus declaraciones: dos dé cada diez accidentes fatales involucran a un conductor sin este documento. Asimismo, incluye el caso de un niño de cuatro años que murió luego de ser atropellado en Santa Rosa, California, por una persona que había sido arrestada en dos ocasiones por manejar sin licencia.

Sin embargo, la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC) afirma que los automovilistas sin este documento, algunos indocumentados latinos, suelen obedecer las leyes de tráfico y ser muy precavidos para evitar que un policía los detenga y que su coche termine en un corralón.

“Están tratando de culpar a una comunidad que, la mayoría de las veces, maneja bien”, mencionó Martín Terrones, dirigente del SCIC. Desde su punto de vista, la campaña del Sindicato de Policía sólo está tratando de atemorizar a la comunidad, en lugar de abogar por la extensión de licencias a personas sin un estatus legal, algo que, dijo, certificaría la seguridad en las calles.

El activista Carlos Montes, quien ha encabezado varias protestas para detener la confiscación de coches a indocumentados, dijo que las acciones del LAPPL lo motiva a seguir pidiendo a Villaraigosa una moratoria que detenga desde ahora la retención de vehículos. “Queremos que esto pare ahora, no a partir del próximo año. Seguiremos poniendo presión”, expresó.