Fin de una ‘pesadilla’

El caso de Francisco Cortez, un electricista residente en Pasadena desde hace 20 años, puso a prueba las directivas de la Casa Blanca que suponen que las autoridades de inmigración (ICE) deben usar su discreción legal para no dar prioridad a casos de deportación de personas vulnerables.

Pero en esta prueba, todo parece indicar, ICE fracasó estrepitosamente y el pasado 15 de noviembre, Cortéz fue deportado a Tijuana apenas seis horas después de su arresto, a pesar de estar pasando graves problemas de salud que requieren se practiquee diálisis dos veces por semana.

“Yo les dije, les expliqué que estaba recibiendo ese tratamiento pero no me escucharon”, comentó Cortez, quien ayer regresó a los Estados Unidos bajo un permiso temporal humanitario conseguido por la abogada Meredith Brown, la asistencia de la organización CHIRLA y el apoyo del congresista de su área Adam Schiff.

La familia en pleno se reunió ayer por la tarde en las oficinas de ICE en el centro de Los Ángeles para recibir de vuelta a Cortéz, quien pasó las últimas tres semanas en la Casa del Migrante en Tijuana mientras podía resolverse su regreso. Allí estaban su mujer Teresa y sus tres hijos, de 16, 6 y 4 años.

“Lo que se llevaron no era un animal, es un ser humano, un buen esposo”, dijo Teresa Chávez, la compañera de Cortez. “Cuando me llamó de Tijuana y me dijo que buscara ayuda yo me llené de fuerza y comencé a tocar puertas porque si me quedaba llorando no iba a sacar nada”.

Por medio de CHIRLA se consiguió la asistencia de Brown, quien indicó que el estatus de Cortez es temporal pero que es posible extenderlo.

“Creo que lo importante de este caso es que ICE está deportando en tiempo récord a personas que pueden morir como consecuencia”, dijo Brown. “El señor Cortez es precisamente el tipo de caso que requiere que las autoridades ejerzan su discreción pero en este caso lamentablemente, no fue así”.

Cortez, quien tiene su propio negocio de electricidad y plomería, es diabético y reconoce que el descuido de su dieta le puede haber llevado al fallo de sus riñones. Inicialmente, un médico amigo le trató por la diabetes pero eventualmente, la condición ayudó a dañar su sistema renal y a requerir la diálisis, que es como una especie de limpieza de la sangre que debe de hacerse cada pocos días.

Hasta ahora, no sabe quien le puede cubrir el costo de los tratamientos ya que pidió cobertura de Medicaid pero aún no se la habían aprobado. “Si tenemos que pagarlo lo pagamos”, dijo el hombre. “En México tampoco conseguí que me cubriera el seguro popular, no cubre lo que yo necesito”.

Lo importante, dice Cortez, es que ya está de vuelta y su “pesadilla”, como calificó a su estadía en Tijuana, ya terminó.

Cortez fue arrestado porque tenía pendiente una orden de deportación desde mediados de la década pasada. Le fue dictada en ausencia porque un abogado al que le pagó para que la buscara un arreglo a sus papeles presentó solicitud de asilo político, una maniobra que cuando se hace sin base usualmente termina en deportación.

Portavoces de ICE han dicho que al arrestar a Cortez y conocer su estado de salud, se le dio la oportunidad de quedarse en el país bajo supervisión de la corte, pero Cortez niega que le plantearan esa posibilidad.

“No, para nada, jamás me hablaron de eso”, dijo el hombre.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, apuntó que el caso de Cortez es extremo, pero está lejos de ser el único.

“Sabemos que hay muchas personas como él y que las promesas de que se usaría la discreción para no deportar a personas vulnerables, enfermas, con hijos dependientes y sin delitos en este país no se están cumpliendo”, dijo Salas. “En este caso especialmente grave porque la vida de esta persona estaba de por medio si no se le daba tratamiento”.