La Proposición 23 ‘nos lleva en la dirección equivocada’
La medida que busca forzar a las clínicas de diálisis a tener un doctor de planta en sus instalaciones va en detrimento del cuidado de los pacientes
Oponentes a la Proposición 23 dicen que si se aprueba muchas clínicas cerrarían sus puertas. (Archivo) Crédito: Impremedia
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Para muchas organizaciones civiles de los derechos de los pacientes y de profesionales de la salud, la Proposición 23 pone en peligro las vidas de aquellos que reciben diálisis, disminuye el acceso a los doctores e incrementa los costos médicos para todos.
“Afectará de manera desproporcional a los pacientes más necesitados y a aquellos de comunidades en desventaja y de bajos ingresos”, escribió Alice Huffman, presidenta de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) de la Conferencia Estatal de California, en el sitio web noprop23.com, donde decenas de organizaciones se han aglomerado para luchar en contra de una iniciativa que ?según consideran?lo único que hace es perjudicar a los pacientes de diálisis.
La Proposición 23 busca que las clínicas de diálisis tengan un doctor de planta, lo que, de acuerdo con la coalición que se opone, solo aumentará los costos sin que haya una mejora sustantiva en la calidad del cuidado.
“Muchos latinos sufren de manera desproporcionada de diabetes y de alta presión”, dijo Randy Muñoz, vicepresidente de la Asociación Latina de Diabetes.
“Ambos son precursores del padecimiento del riñón y de la falla renal. Con más y más personas, especialmente latinos, afroamericanos y gente de bajos ingresos de todas las razas que están desarrollando fallas renales y que dependen de la diálisis, la Proposición 23 nos lleva a la dirección equivocada al poner la vida de estos pacientes en un peligro innecesario”.
Algunas de las razones que expone la coalición es que esta proposición forzará a que las clínicas de diálisis tengan un doctor de planta que haga de administrador, aun cuando estos profesionales no tengan nada que ver con el cuidado del paciente.
Es decir, que estos médicos no requieren tener capacitación especializada relacionada con el riñón o la diálisis.
Se calcula que unos 80,000 californianos con enfermedades renales reciben tratamientos de diálisis tres días a la semana; cada sesión dura cuatro horas. Este procedimiento hace el trabajo de los riñones, de eliminar las toxinas del cuerpo. Si un paciente pierde un tratamiento aumenta su riesgo de muerte en 30 por ciento.
En cuestión de finanzas, se calcula que la Proposición 23 incrementaría el costo de las diálisis a 320 millones de dólares cada año. Eso significa que cerca de la mitad de las 600 clínicas de California serían económicamente insostenibles, lo que provocaría el cierre de estos lugares así como recortes que pondrían en peligro el acceso a los tratamientos que los pacientes necesitan para sobrevivir.
Aunque el sindicato de trabajadores de la salud, que promueve esta propuesta, argumenta que las clínicas de diálisis no son lo suficientemente seguras; hasta ahora no ha podido demostrar que esta medida es necesaria o que beneficiará a los pacientes.
