México: Dudas en caso de militares ligados a narco

MEXICO.- El caso contra altos militares acusados de vínculos con el narcotráfico en México durante el gobierno anterior ha desatado dudas luego de que se divulgara una supuesta admisión de la autoridad federal de que hasta ahora no ha comprobado acusaciones por narcotráfico que testigos protegidos hicieron contra el ex número dos del ejército.

El abogado del general retirado Tomás Angeles Dauahare, Ricardo Sánchez Reyes, confirmó el martes a The Associated Press que un oficio de la Procuraduría General de la República con el reconocimiento de la falta de pruebas fue presentado al juez del caso luego de que él solicitara a las autoridades informar si habían logrado corroborar los dichos de los testigos protegidos.

La Procuraduría declinó comentar sobre el envío del escrito, pero Sánchez Reyes señaló que el documento es una muestra de que el general fue detenido sin las mínimas pruebas.

Dauahare ocupó la segunda posición en la estructura militar como subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008. Fue detenido y encausado en 2012 por la acusación de dos testigos protegidos.

Seis altos militares, incluidos cuatro generales -entre ellos Dauahare-, un teniente coronel y un mayor fueron detenidos en 2012 bajo señalamientos de proteger al cartel de los Beltrán Leyva.

Ellos se convirtieron en los militares de más alto rango acusados bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) de tener nexos con un cartel del narcotráfico.

“Esto implicará que en el momento en que se vaya a dictar sentencia será (el oficio de la Procuraduría) un elemento de prueba muy importante, porque quiere decir que los dichos de los testigos colaboradores no está corroborado”, dijo el abogado del general.

Aunque el reconocimiento de la Procuraduría sólo se refiere al general Dauahare, podría beneficiar a los otros cinco altos militares que también fueron acusados de los mismos cargos.

Sánchez Reyes dijo que el caso refleja que no se debe “llevar a prisión, ni procesar con el sólo dicho de un testigo colaborador”.

Uno de los testigos que acusó a Dauahare y los otros fue Sergio Villarreal Barragán, quien fue parte del liderazgo del cartel de los Beltrán Leyva, un grupo que recibió diversos golpes durante el gobierno de Calderón, incluida la detención y muerte de varios cabecillas.

El cartel se dividió tras la muerte de su líder Arturo Beltrán en diciembre de 2009 durante una operación de la Marina fuera de la ciudad de México.

Para Raúl Benítez, experto en seguridad y temas militares de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la Procuraduría no haya encontrado pruebas es una muestra de que la justicia en México aún carece de mecanismos para garantizar procesos adecuados.

“La recopilación de pruebas y acusaciones a través de testigos protegidos son muy engañosas, son muy peligrosas. Un testigo protegido puede perjudicar a un general o a un funcionario policiaco simplemente por lo contrario, porque no lo ayudó”, dijo Benítez a la AP.

Pero el motivo real detrás de la acusación contra los militares aún se mantiene sin esclarecer y en algún momento incluso se habló de posibles revanchas políticas, al menos en el caso de Dauahare, de quien se especuló en los medios la posibilidad de que fuera considerado para ser secretario de la Defensa Nacional.

Días después de haber sido detenido en mayo de 2012, la prensa mexicana reveló que Dauahare había participado en un foro de seguridad organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en medio de la campaña presidencial, lo cual desató especulaciones sobre si eso habría molestado a miembros del gobierno en ese momento, emanado del Partido Acción Nacional.

Benítez dijo que la posible revancha política contra Dauahare “no es descabellada, porque en México sucede mucho”.

El PRI ganó la presidencia y regresó al poder luego de 12 años de su histórica derrota tras siete décadas de gobiernos continuos.

El ejército mexicano fue uno de los pilares del gobierno de Calderón en su ofensiva contra el narcotráfico y fue poco frecuente que militares de alto rango fueran detenidos por nexos con el narcotráfico.

Uno de los casos anteriores más relevantes de vínculos de militares de alto rango con el narcotráfico ocurrió en 1997 cuando fue detenido el jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue sentenciado a 71 años por narcotráfico y cohecho por haber dado información al cartel de las drogas de Juárez.

“Yo creo que van a ser liberados”, estimó Benítez sobre el caso de Dauahare y los otros altos militares.

En entrevistas recientes con la prensa mexicana, el actual procurador general Jesús Murillo ha dicho que hace una revisión de los casos emprendidos durante la administración anterior.

En declaraciones a Milenio Televisión el fin de semana, Murillo dijo que la PGR debe meter culpables a prisión, pero también sacar de la cárcel a quienes sean inocentes.