Patrullas comunitarias frenan a las autoridades federales en vecindarios angelinos

Activistas de las patrullas comunitarias que son parte de la Coalición Comunitaria de Defensa se declararon exitosos en el primer día de las redadas de inmigración en Los Ángeles y, el domingo por la madrugada frustraron sus pretendidas incursiones en vecindarios de Alhambra, San Fernando y Sylmar.

En Alhambra, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Buró Federal de Investigación (FBI)  se retiraron a las 6:26 a.m., después de ser descubiertos por los activistas, quienes habían prometido que cubrirían toda la ciudad de Los Angeles para impedir el “secuestro” de inmigrantes y proteger a toda la comunidad

Con megáfonos en mano, los activistas arribaron en sus vehículos al estacionamiento de tienda Target, ubicado al sur de la Avenida Palmer y el oeste de la calle Main donde activaron la señal de alarma y notificaron por altavoces a la comunidad sobre la presencia de las autoridades federales, quienes, sorprendidos hicieron algunas llamadas, se quitaron los chalecos antibalas que portaban y se fueron sin arrestar a nadie.

“Nos sentimos exitosos, porque sabemos que ellos estaban tratando de secuestrar a nuestra gente”, declaró a La Opinión, Guadalupe Carrasco, una maestra de Estudios Chicanos y Latinoamericanos de Cal State University Northridge, quien participó en la patrulla comunitaria.

Carrasco, su esposo, el actor Raúl Cardona, y su madre, Carmen Yánez estuvieron al frente de una patrulla comunitaria que vigiló las calles de Whittier, Pico Rivera, Montebello y Alhambra, desde antes que saliera el sol.

Informados de la presencia de agentes de migración en Alhambra, de inmediato se dirigieron a esa ciudad por el bulevar Whittier, hasta el norte por la avenida Garfield. En 20 minutos se juntaron los equipos, grabaron con sus celulares a los agentes y encendieron los altavoces.

“La diferencia entre ellos y nosotros, es que ellos están haciendo un trabajo por el que tienen sueldos para causar miedo en las comunidades, y nosotros hacemos la defensa de nuestra gente de manera voluntaria”, añadió la señora Carrasco. “Sabemos que hay riesgos en lo que hacemos, que nos pueden perseguir y hasta levantarnos cargos falsos por cualquier motivo, con tal de amenazarnos…De todos modos vamos a seguir protegiendo a la comunidad”.

La profesora de CSUN añadió que la contraofensiva de las comunidades apenas empieza y no va a terminar en un día ni en una semana.

“Tenemos que seguir organizándonos y estar pendientes a diario”, añadió. “Estamos para defender a la gente, pero todos debemos educarnos para defender nuestros derechos y que, al mismo tiempo, todos estemos vigilantes para alertar a los vecinos de la presencia de ICE, y, al igual que nosotros lo hicimos, que graben con sus celulares y no salgan de sus casas, ni le abran la puerta a nadie”.

En el estacionamiento de la tienda Target de Alhambra, al menos siete vehículos de marcas estadounidenses estaban estacionadas para iniciar algún probable operativo de detención, incluyendo camionetas de la empresa Lyft, que probablemente fueron contratadas para “levantar” a las personas.

“Honestamente, a las compañías no les interesan las personas sino solamente hacer dinero”, comentó Angélica Reyes, una maestra de secundaria, quien salió a vigilar las calles entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m., en la zona de Pico Rivera, donde, según Data USA, allí viven unos 27,800 hispanos que representan el 27.8% del total de la población.

Un negocio muy lucrativo

Reyes añadió que desde que comenzaron las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump y el zar de la frontera, Tom Homan, también las empresas dueñas de prisiones privadas han obtenido grandes ganancias con la detención de inmigrantes.

De hecho, en una llamada a los inversionistas, Damon Hininger, director ejecutivo del grupo CoreCivic, que opera 39 prisiones privadas en Estados Unidos, celebró la promulgación de Ley Laken Riley y las órdenes ejecutivas contra las inmigrantes decretadas por el presidente Donald Trump.

Se espera que la nueva ley y las políticas de Trump provoquen una avalancha de detenciones y deportaciones masivas, y la empresa penitenciaria privada anticipa que el gobierno podría necesitar en última instancia hasta 200,000 nuevas camas para albergar a los inmigrantes detenidos.

“He trabajado en CoreCivic durante 32 años y este es realmente uno de los períodos más emocionantes de mi carrera en la empresa”, dijo Hininger. “Espero, quizás, el crecimiento más significativo en la historia de nuestra empresa durante los próximos años”.

Con $2,000 millones de dólares en ingresos, CoreCivic es una empresa que cotiza en bolsa y domina el mercado de prisiones privadas junto con el Grupo GEO.

“Todo lo que hacen es para causar pánico, y no les importa nuestra comunidad”, afirmó Angélica Reyes, “No me sorprende que pongan el dinero por delante, antes que a la gente”.

Indicó que, la presunta colaboración de Lyft con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) podría desembocar en el lanzamiento de un boicot nacional en contra de la empresa de transporte compartido.

“Es importante invertir nuestro dinero en compañías que apoyan a nuestra comunidad, no con quienes nos atacan”, dijo la activista, “Vamos a investigar lo que está pasando con Lyft”.

Al cierre de edición, la compañía de Lyft no respondió a mensajes de La Opinión.

El catedrático venezolano de Pomona College in Claremont, California, Miguel Tinker Salas, analizo que el hecho de que los jóvenes activistas hayan frustrado los intentos de los agentes federales, es un acto de resistencia que debe estudiarse y que se debe replicar en otras comunidades.

“No solamente somos carne de cañón de un proceso iniciado por Donald Trump, y creo que los jóvenes merecen un aplauso de la comunidad, porque están ejerciendo el conocimiento de sus derechos”, dijo el profesor.

“Lo importante es que toda persona, documentada o no documentada, tiene que saber cómo representar sus derechos y no someterse simplemente al miedo. Es un ejemplo a seguir, donde la Comunidad no tiene que ser pasiva, pero puede ser activa en su propia defensa”.

Por su parte, Ron Góchez, director ejecutivo de la organización Unión del Barrio, quien estuvo en la patrulla comunitaria que cubrió todo el sur centro de Los Ángeles, reaccionó diciendo que, el hecho de que los agentes de inmigración no se hayan llevado a nadie en las zonas que cubrieron fue un ejemplo de organización.

“Nuestro mensaje para ICE es que no piensen que pueden entrar a nuestros barrios sin toparse como una resistencia organizada. Ese es nuestro objetivo, defender a nuestra comunidad”, dijo y enfatizó que la utilización de megáfonos en donde se presentaron los agentes federales  va a ser la herramienta que van a usar “para sacarlos del barrio”.

Se esperaba que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contaran con la ayuda de agencias como la Agencia Antidrogas (DEA); Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; El FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

En Alhambra, La Opinión pudo constatar la presencia de agentes del FBI. La oficina de la agencia en Los Ángeles dijo que, probablemente estaban en el estacionamiento de Target para iniciar algún operativo. No aclararon si se trataba de inmigración o de una investigación criminal.

De igual manera, un convoy de al menos siete vehículos militares fue visto en la autopista 10 de Santa Mónica, sobre la calle Mateo, en el centro de Los Ángeles y por la avenida Sepúlveda, a un costado del edificio federal donde se localizan las oficinas del FBI, en el 11000 Wilshire Blvd., en Westwood.

Hasta ahora, se desconoce si hubo arrestos.

Fracasa ICE en Sylmar y el Valle de San Fernando

Howie Galper, miembro de The People’s Struggle del Valle de San Fernando, dio a conocer a La Opinión que varios grupos de activistas lograron estropear los planes de los agentes de inmigración en Sylmar y la ciudad de San Fernando.

Él y sus compañeros de lucha social comenzaron a monitorear y documentar las operaciones de ICE, desde las 5:00 a.m. del domingo y, alrededor de las 7:00 de la mañana tuvieron el primer avistamiento de agentes migratorios.

“Cuando llegamos al lugar donde se instalaron ya se habían puesto en camino hacia un lugar que habían determinado, pero, gracias a nuestro sistema rápido de comunicación y al entrenamiento que habíamos tenido antes pudimos darles alcance”, dijo Howie, un chico americano de 24 años.

La comunidad respondió de inmediato y llamó a la línea de respuesta rápida en el Valle de San Fernando: (562-977-8118).

“Este número lo estuvimos repitiendo a la comunidad durante casi dos semanas”, manifestó Galper. “La comunidad sabía que les estábamos ofreciéndoles nuestra ayuda”.

Y valió la pena -añadió- porque cada vez que los agentes de ICE se mudaban de un lugar a otro, ellos recibían llamadas de diferentes partes notificándoles donde se hallaban, hasta que las autoridades decidieron marcharse sin arrestar a nadie. Se habían dado cuenta de que los estaban filmando y siguiendo, hasta que abandonaron su misión en la ciudad.

Libres de ICE en Boyle Heights

Carlos Montes, director ejecutivo del Centro CSO, en el área de Boyle Heights, dijo que en el primer día de las presuntas redadas masivas, en esa zona de la ciudad de Los Ángeles no hubo presencia de agentes federales, salvo una camioneta sin placas con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que circuló por la calle Cuatro.

Montes y varios equipos de patrulleros comunitarios se dieron a la tarea de vigilar todo el Este de Los Ángeles, donde residen 109,553 habitantes, de los cuales el 95.6% son hispanos o latinos.

“Iniciamos la vigilancia desde la calle State hasta la Avenida César Chávez, de este a oeste, y de norte a sur desde la calle Primera hasta la autopista 10 de San Bernardino”, dijo. Otros grupos se dirigieron hacia el sur, hasta topar con la autopista 5, en dirección a Santa Ana.

Los cientos de activistas comunitarios están cubriendo toda la ciudad de Los Ángeles.

“La resistencia que demostramos nos indica que podemos ganarle a la migra (ICE)”, dijo Montes. “Significa que el público entiende sus derechos y de que no pueden ser arrestados solamente porque a ellos se les pegue la gana… Les vamos a seguir gritando con los megáfonos y a alertar a la gente de que no les abra la puerta y que se quede callada sin decirles nada si se encuentran con ellos”.

Carlos Montes explicó que la clave para ahuyentar a los agentes de ICE es que están organizados y saben que la gente puede reaccionar no tan favorablemente cuando se internen en sus vecindarios.