Registro para inmigrantes indocumentados, ¿qué sabemos hasta ahora y qué podemos esperar?

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un registro obligatorio para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal, una medida que ha generado profundos temores en las comunidades migrantes.

¿En qué consiste el registro?

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todas las personas que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal deberán registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección. Esta medida aplicaría a cualquier persona de 14 años o más que esté en situación migratoria irregular.

El DHS ha citado una sección específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad como justificación legal para implementar este proceso de registro. Adicionalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha informado que próximamente creará un formulario y un proceso específico para facilitar este registro.

Este tipo de registro no es una novedad. Entre 1940 y 1981, Estados Unidos implementó el llamado “Alien Registration Program”, y más recientemente, el programa NSEERS (Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida de Seguridad) entre 2002 y 2016, con resultados cuestionables y numerosas críticas por su implementación discriminatoria.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Lo primero que debemos tener claro es que el formulario para que los extranjeros se registran aún no se ha dado a conocer.

Dicho esto, la implementación de un registro masivo de personas indocumentadas enfrenta obstáculos para su viabilidad:

– Desconfianza institucional: La principal barrera es la desconfianza que existe hacia las autoridades migratorias entre la población indocumentada. Aunque según la norma legal todos los extranjeros mayores de 14 años a quienes no se les tomaron las huellas dactilares y que hayan permanecido en los Estados Unidos durante 30 días o más deben completar el registro, la realidad es que las personas tienen miedo de registrase.

– Recursos administrativos insuficientes: Las oficinas de inmigración ya operan con retrasos significativos en el procesamiento de casos legales. El sistema actual está saturado con millones de solicitudes pendientes. Añadir varios millones más de registros colapsaría completamente la infraestructura administrativa.

– Contradicción con otras políticas: Resulta contradictorio promover un registro mientras simultáneamente se mantienen políticas de deportación acelerada. Esta dualidad genera un mensaje confuso tanto para los inmigrantes como para funcionarios y abogados.

– Protección de datos personales: No existe claridad sobre los protocolos que garantizarían que la información proporcionada no sea utilizada posteriormente para localizar y deportar a quienes se registren.

¿Qué podemos esperar?

El comunicado del DHS advierte que aquellos que no se reporten por su cuenta podrían ser objeto de multas o enjuiciamiento, aunque no aclara ni especifica. Solo queda esperar que dé a conocer los formularios y defina los requisitos y alcances de éstos.

Recordemos que estar en el país sin papeles constituye principalmente una infracción administrativa, no un delito penal. La Constitución contempla un proceso en Corte para cada caso. Mi consejo siempre es buscar ayuda de un abogado y no confiar en quienes dicen que pueden resolver la situación.

(*) Sobre el autor Lauren Eagan, nombrada para la edición 2025 de Los Mejores Abogados de América® para la Ley de Inmigración, es fundadora y directora ejecutiva de Eagan Immigration.

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