Juez ordena liberar a pareja venezolana acusada de ser “enemigos extranjeros”

Un juez de distrito de Texas ordenó la liberación de dos ciudadanos venezolanos residentes en Washington D.C., alegando que el gobierno federal no ha aportado pruebas sustanciales que permitan declarar que alguno de ellos es un “enemigo extranjero” para justificar su deportación en virtud de la orden del presidente Donald Trump, que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros.

El juez de distrito de EE. UU., David Briones, de El Paso, dictó el fallo el 25 de abril y ordenó la liberación de Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García de un centro de detención federal en El Paso, una pareja acusada de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, según el dictamen del tribunal.

La decisión del juez federal David Briones marca la primera vez que un juez dictamina que la administración Trump se equivocó al clasificar a alguien como un “enemigo extranjero” y ordenar su liberación.

“No cabe duda de que el uso sin precedentes del poder de guerra por parte del Poder Ejecutivo en tiempos de paz ha causado caos e incertidumbre en las peticiones individuales, así como en el Poder Judicial, en cuanto a cómo gestionar y evaluar las reclamaciones del Ejecutivo sobre la membresía en el Tren de Aragua y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en su conjunto”, escribió Briones, quien fue designado en 1994 por el presidente Bill Clinton, según la opinión del tribunal obtenida por USA TODAY.

La pareja residía en el área de Washington, D.C. desde 2022

Cuando la pareja ingresó a Estados Unidos el 13 de octubre de 2022 por El Paso, fueron inicialmente detenidos por funcionarios de inmigración, según el documento judicial.

Posteriormente, fueron arrestados y acusados ​​de ser extranjeros indocumentados en Estados Unidos, según la denuncia penal contra la pareja.

El dictamen judicial indica que la pareja obtuvo la libertad condicional al día siguiente y residió en Washington D.C. con sus tres hijos tras obtener el estatus de protección temporal (TPS).

El 1 de abril de 2025 se les notificó que su estatus fue cancelado debido a su presunta “asociación con una Organización Terrorista Extranjera”, continúa el documento.

El fallo de Briones afirma que las acusaciones contra la pareja se basan en múltiples niveles de rumores, ocultos en declaraciones de declarantes que no tienen conocimiento personal de los hechos.

“César y Norelia han comparecido ante cuatro jueces diferentes, y ninguno consideró que debían ser detenidos”, declaró Benoit. “Tienen profundos vínculos con su comunidad. Tienen tres hijos menores. Cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Y viven pacíficamente en Estados Unidos desde 2022”.

El fallo de Briones se produce después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para intentar deportar a presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la deportación de hombres venezolanos bajo custodia migratoria por parte del gobierno de Trump, después de que sus abogados argumentaran que serían expulsados ​​del país sin el debido proceso exigido por los jueces.

El juez de El Paso también fue un paso más allá al especificar que, de ahora en adelante, el gobierno debe otorgar a los detenidos 21 días para impugnar su estatus, y se les debe entregar una notificación en un idioma que puedan comprender, según The Washington Post.

La administración Trump, en un caso aparte, compartió recientemente un modelo de formulario de notificación disponible solamente en inglés, en el que a las personas etiquetadas como “enemigos extranjeros” se les dio 12 horas para indicar si planeaban impugnar dicha designación.

El juez Briones también prohibió la deportación de cualquier no ciudadano detenido bajo custodia federal de inmigración dentro de su distrito (una jurisdicción que incluye El Paso y varios condados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México hacia el este hasta San Antonio y Austin) bajo la orden de Trump.

Sirine Shebaya, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, quien representa a la pareja, dijo a The Washington Post que el fallo del viernes fue el primero en abordar la cuestión del estándar de prueba que debe aplicarse a las decisiones del gobierno federal en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, y qué requisitos debe cumplir el gobierno en dichas decisiones.

“Es una protección fundamental y crucial del debido proceso”, declaró Shebaya, “para que tengan una oportunidad significativa de comprender lo que el gobierno dice sobre ellos y poder impugnarlo de manera significativa”.

Esta decisión, que se aplica a todos los casos que pasan por el Distrito Oeste de Texas, fue la primera en establecer que la carga de respaldar la designación recae sobre el gobierno y la evidencia debe ser “clara, inequívoca y convincente”, dijo Shebaya.

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