¿Quién decide en México?

Ayer, en el Zócalo, Claudia Sheinbaum dijo que ninguna potencia extranjera ni élite económica tiene derecho a decidir el futuro de México. Comparto esa afirmación. También entiendo por qué fue recibida con aplausos: frente a las amenazas de intervención y a la manera en que Donald Trump habla de nuestro país, es necesario que la presidenta marque un límite. Pero me quedé pensando en la otra parte de su frase, la que menciona a las élites económicas. Si vamos a hablar en serio de soberanía, tenemos que mirar también lo que ocurre cuando el gobierno se sienta a negociar con Washington y cuando toma decisiones frente a quienes poseen el capital, la tecnología y los recursos para influir en ellas.

La revisión del T-MEC permite hacer esa pregunta sin recurrir a grandes abstracciones. En julio, Estados Unidos se negó a extender el tratado en sus términos actuales. Conviene precisar que el acuerdo sigue vigente; no ha desaparecido ni ha dejado de regir el comercio entre los tres países. Lo que ocurrió es que Washington conservó abierta la negociación. Según la oficina del representante comercial estadounidense, una de sus prioridades es reducir el déficit comercial con México. En 2025, ese déficit en el intercambio de bienes fue de aproximadamente 197 mil millones de dólares. Es una cifra importante para la política interna de Estados Unidos, pero eso no la convierte automáticamente en una prioridad mexicana.

La semana pasada, Sheinbaum explicó que México estudia comprar más productos estadounidenses y reducir importaciones de otros países. Dijo también que Estados Unidos está pidiendo que disminuya su déficit. Todavía no conocemos qué productos se comprarían ni en qué condiciones, de modo que sería prematuro juzgar el resultado de una negociación que continúa. Lo que sí podemos discutir desde ahora es el punto de partida: ¿por qué tendría México que organizar sus compras para resolver un problema definido por Washington?

No propongo que dejemos de comerciar con Estados Unidos. Eso sería absurdo. En 2024, más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas de bienes tuvieron como destino ese país, de acuerdo con la propia representación comercial estadounidense. Miles de empleos y numerosas actividades productivas dependen de esa relación. Precisamente por su importancia, deberíamos examinarla con más cuidado. Importa saber si una decisión fortalece a proveedores mexicanos, si ayuda a desarrollar tecnología y producción propias, y qué efectos tendrá sobre los precios, los trabajadores y las regiones donde se instalan las industrias. Comprar más en Estados Unidos puede resultar conveniente en algunos casos. La obligación del gobierno es explicar cuáles son y por qué.

En las conversaciones sobre el T-MEC se habla de automóviles, acero, aluminio, reglas de origen y «seguridad económica». Esta última expresión merece atención. Para Washington, asegurar las cadenas de suministro significa reducir dependencias que considera riesgosas para su propia economía. México también necesita pensar en sus dependencias, pero no necesariamente son las mismas. Podemos tener más fábricas integradas a América del Norte y seguir dependiendo de decisiones tomadas fuera del país: dónde se invierte, qué tecnología se utiliza, qué se produce y qué ocurre si una empresa decide trasladar sus operaciones. Una mayor integración comercial no responde, por sí sola, a la pregunta de cuánto poder de decisión hemos ganado.

La misma tensión aparece en la estrategia de seguridad. Cooperar con Estados Unidos es indispensable. Las organizaciones criminales cruzan fronteras, mueven dinero, compran armas y venden drogas en mercados que no terminan en la línea divisoria. Ambos gobiernos mantienen un grupo de trabajo para dar seguimiento a las acciones contra los denominados “cárteles” y el tráfico de fentanilo y armas. Mi preocupación es otra: que la presión estadounidense por mostrar resultados rápidos determine qué problemas atiende primero México y cómo se mide el éxito de su política.

En Washington, un decomiso o la detención de un jefe criminal puede presentarse como prueba de que México está haciendo su trabajo. En una comunidad sometida a la extorsión, eso solo será cierto si la gente puede volver a abrir su negocio sin pagar una cuota, buscar a sus desaparecidos sin recibir amenazas y confiar en que denunciar un delito no la pondrá en peligro. Quienes hemos estudiado la violencia en las regiones fronterizas sabemos que un operativo y una mejora sostenida en la vida cotidiana son cosas distintas. La seguridad mexicana no puede evaluarse únicamente con el calendario político ni con los indicadores de otro gobierno.

También hay que exigir resultados del lado estadounidense. De las armas recuperadas en México durante 2024 y enviadas a la agencia federal ATF para su rastreo, 70.5 por ciento fueron clasificadas como provenientes de Estados Unidos: fabricadas allí o importadas legalmente a ese país. La propia ATF advierte que las armas enviadas para rastreo no son una muestra representativa de todas las usadas por criminales en México. El dato debe leerse con ese límite, pero muestra por qué el tráfico de armas no puede quedar relegado cada vez que Washington habla de nuestras responsabilidades. Tampoco puede quedar fuera la demanda de drogas ni el destino del dinero que produce ese mercado. La llamada “responsabilidad compartida” no parece operar efectivamente en la relación México-Estados Unidos.

La soberanía, sin embargo, no se juega solo frente a Estados Unidos. Ahí vuelvo a la frase de Sheinbaum sobre las élites económicas. ¿Cuánto margen tiene un gobierno para regular una inversión si teme que la empresa se vaya? ¿Puede exigir responsabilidades por daños ambientales o por condiciones laborales cuando la promesa de empleos se utiliza para acallar cualquier crítica? ¿A quién escucha primero cuando una comunidad y un gran inversionista tienen intereses opuestos? Estas preguntas alcanzan tanto a los capitales extranjeros como a los grandes grupos empresariales mexicanos. Un proyecto no sirve necesariamente al país porque sus dueños sean mexicanos, ni deja de servirle porque lleguen de fuera. Hay que mirar sus condiciones y sus consecuencias.

Por eso me preocupa que la defensa de la soberanía se reduzca a la respuesta pública frente a Trump. Esa respuesta hace falta, pero llega después la parte más difícil: negociar el T-MEC sin convertir las prioridades estadounidenses en las nuestras; cooperar en seguridad sin permitir que Washington defina por completo la estrategia; y ejercer la autoridad del Estado frente a empresas que también buscan decidir qué puede y qué no puede hacer México. Para lograrlo se necesitan instituciones capaces de investigar, regular y sostener decisiones incluso cuando afecten intereses poderosos.

Ayer se dijo en el Zócalo que el pueblo debe decidir el destino de México. De acuerdo. Entonces vale la pena preguntar cómo se hará efectiva esa decisión cuando termine el acto público y comiencen las negociaciones. Allí sabremos cuánto pesa nuestra soberanía: en lo que el gobierno consiga defender frente a Washington y en lo que se atreva a exigir a los grandes capitales, nacionales y extranjeros, que operan dentro del país.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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