Nuevo Informe de la Cámara de Comercio de EE.UU. Destaca el Creciente Peligro del Abuso de Demandas en América Latina

Los países de América Latina están cambiando sistemáticamente sus sistemas de justicia civil en una forma que amenaza con la llegada de una ola de litigios civiles y consecuencias económicas y sociales negativas, según las conclusiones principales de dos nuevos informes publicados hoy por el Instituto de la Cámara de Comercio de EE.UU. para la Reforma Legal (ILR, por sus siglas en inglés). Los informes son quizás el primer examen completo de las nuevos cambios y los propuestos a los sistemas de derecho civil en América Latina y su probable impacto.

Siguiendo el ejemplo de los otros: la reforma de la ley en América Latina examina la expansión de las demandas colectivas en 13 países. La evolución de las demandas colectivas: mejorando el clima de los litigios en Brasil analiza los cambios en el sistema de justicia civil de Brasil y la influencia que la nación más grande de América del Sur tiene en los cambios similares en los países vecinos.

En ambos informes se identifican tendencias preocupantes en la región, que incluyen facilitar la radicación de demandas de cuestionable mérito, creando incentivos financieros para llevar litigios en masa, y desequilibrar el sistema de justicia civil para inclinar la balanza entre demandantes y demandados.

“Estos informes pueden servir como señales de advertencia a los gobiernos y a la gente de América Latina para que se protejan de las vías legales equivocadas, que podrían convertirse en autopistas para acciones judiciales abusivas”, dijo la presidenta de ILR Lisa A. Rickard. “Si se implementan, las actuales propuestas podrían tener costosas consecuencias económicas no deseadas para muchos países de América Latina”.

Siguiendo el ejemplo de los otros encontró que los países de América Latina están bajando sus estándares para la radicación de demandas colectivas, al tratar de lograr “acceso a la justicia” para los consumidores a través de propuestas aparentemente bien intencionadas. Pero muchas de estas políticas o propuestas entregan el poder a grupos externos para dirigir las demandas colectivas y en muchos casos incluso los compensan, eliminando las salvaguardas existentes que protegen a los ciudadanos comunes, como las normas claras para la certificación de las demandas colectivas y la protección de las víctimas a través de límites razonables a los honorarios de abogados. Estas políticas pueden ignorar fácilmente los verdaderos intereses de los demandantes y podrían distorsionar la justicia al incentivar la presentación de reclamaciones sin fundamento y socavar la equidad básica y el debido proceso.

Mientras tanto, el informe sobre Brasil encontró que las últimas propuestas legislativas, aunque tal vez pretenden ampliar la equidad en el sistema de justicia civil, pueden conducir a socavarla. Entre otros peligros, las propuestas crearían incentivos financieros para que los grupos externos radiquen demandas colectivas al permitirles recibir no menos del 20% de cualquier compensación en honorarios legales. También desequilibraría el sistema para elegir a los ganadores y perdedores en lugar de dejar que la justicia se decida en los tribunales.

En mayo, la Cámara de Comercio de EE.UU. publicó una Tabla de Derecho de Negocios Global que muestra que algunas de las economías más grandes de América Latina, como Brasil, México y Argentina, se están quedando atrás del resto de las Américas en la fortaleza de su estado de derecho, situándose en torno a una puntuación total de sólo 50%. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los países que han mejorado la seguridad jurídica han atraído inversión directa equivalente a aproximadamente al 7% -11% del PIB en los últimos años.

En última instancia, ambos estudios y la tabla de las leyes deben servir tanto como una advertencia, así como una guía sobre cómo los países latinoamericanos pueden construir más exitosamente sus sistemas de justicia civil.

“La certeza y la equidad deben ser características de los sistemas jurídicos de América Latina para beneficiar a toda la sociedad y promover la estabilidad económica a largo plazo y la creación de empleos”, dijo Rickard.

ILR busca promover la reforma de la justicia civil a través de actividades legislativas, políticas, judiciales y educativas a nivel nacional, estatal y local.

La Cámara de Comercio de EE.UU. es la mayor federación empresarial del mundo, que representa los intereses de más de 3 millones de empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, así como las cámaras de comercio estatales y locales y las asociaciones de la industria.

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