Cárcel que solía retener a inmigrantes se tornaría en centro de salud mental en Santa Ana
Después de finalizar su contrato con ICE, la cárcel quedó con 350 camas vacías
La unidad que solía ser designada para inmigrantes dentro de la cárcel de Santa Ana podría convertirse en un centro de salud mental. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Debido a una escasez de servicios de salud mental, algunos funcionarios de la ciudad de Santa Ana han propuesto convertir su nuevamente desocupada cárcel en un centro para tratamientos.
La idea se planteó en una reciente reunión del ayuntamiento en la que se intercambiaron ideas para readaptar la cárcel que, hasta hace poco, se utilizaba para retener a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Después de que el ayuntamiento impulsó la resolución gradual de su contrato con ICE, la cárcel quedó con 350 camas vacías.
Durante la junta, la concejal Michele Martínez señaló una crisis de salud mental en el condado de Orange, donde la cantidad de camas disponibles para su tratamiento cayó de 1.217 en 1995 a 481 el día de hoy. Según la agencia de salud del condado, esta caída puede atribuirse a que las compañías de seguros han recortado su cobertura de hospitales psiquiátricos.
La idea ha cobrado vigencia con tres colegas de Martínez, incluyendo a Sal Tinajero, Vicente Sarmiento y David Benavides.
Tinajero destacó que un centro de salud mental podría reducir el índice delictivo de la ciudad, ya que las enfermadas mentales son un factor subyacente en la seguridad pública.
Cualquier cambio al uso de la cárcel requiere los votos de cuatro miembros del ayuntamiento. Ninguna decisión será tomada hasta que el asesor Vanir Construction Management concluya su estudio y presente un informe a los concejales, lo cual no está programado hasta agosto.
Los otros tres miembros del ayuntamiento, incluyendo el alcalde Miguel Pulido y los concejales José Solorio y Juan Villegas, no apoyan la idea de convertir la cárcel en un centro de salud mental. Al contrario, ellos han intentado reactivar el contrato con ICE, señalando la pérdida de 7 millones de dólares en ingresos y la probabilidad de que las personas detenidas ahora serán trasladadas a reclusorios más lejos de sus familias y abogados.
Cualquiera que sea la decisión adoptada, el financiamiento será un asunto crítico en el uso alternativo de la cárcel. Actualmente se requieren aproximadamente 20 millones de dólares para su funcionamiento.
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