Acta Baker ¿a la cárcel o al hospital?

El viaje a un restaurante de Kissimmee le cambió la vida a un hombre hispano que, en vez de saborear su comida favorita, terminó probando el mal sabor de un hospital para enfermos mentales.

“Yo sólo quería comer el arroz con pollo tan bueno que hacen en el Panda Express de la Osceola Parkway, donde voy con frecuencia”, dijo a La Prensa Leonardo Marín, sobre su odisea que empezó en julio pasado.

“Estuve hablando con algunos clientes del restaurante y cuando salí al estacionamiento, el gerente me estaba esperando. Me dijo que no me quería ver por allí y me arrebató mi teléfono celular”, dijo Marín, de 53 años y quien procedió luego a llamar a la línea de emergencias 911.

Marín, un colombiano residente en Orlando desde hace más de 10 años, fue lo que se conoce en el argot popular “bakeracted”: los alguaciles de Osceola que respondieron a su llamada consideraron que el hispano necesitaba una evaluación psiquiátrica, bajo la ley de salud mental de Florida, conocida como Baker Act.

Bajo esta ley, las personas pueden ser llevadas a un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, por un período de hasta 72 horas, si existen razones para creer que es un enfermo mental con peligro inminente de hacerse daño a sí mismo u otros. Apartir de ese tiempo, el hospital tiene que despachar al individuo, someter a la corte una petición de internamiento involuntario, o lograr que la persona acepte voluntariamente permanecer hopistalizado.

La misma puede ser aplicada por la policía, una certificación de un sicólogo, un trabajador social, de una enfermera mental y hasta de un consejero matrimonial.

En lo que va del año, la Comisión de Osceola ha utilizado esta 642 veces, dijo a La Prensa Twis Lizasuain, portavoz de esa agencia, negándose a referirse al caso de Marín, quien insisten en que los alguciales lo internaron injustamente.

“No amenacé a nadie, ni dije que me quería matar, y aún así me esposaron y me llevaron a un hospital mental por cinco días”, dijo Marín.

Thien Ho, de relaciones corporativas de Panda Restaurant Group, con base en California, reconoció el incidente, señalando empero que “la conversación entre el señor Marín y la policía fue estrictamente entre ellos”.

Unas 136,120 personas recibieron un examen psiquiátrico involuntario en Florida en el 2009, de los que el 49% fue iniciado por policías, según el reporte más reciente del Acta Baker que compila la Universidad del Sur de la Florida (USF), para la Agencia estatal de Administración de Cuidado de Salud, publicado en diciembre del 2010.

Según el reporte, el 64% de las evaluaciones fueron basadas en “daño sólo”; el 21% en “daño y descuido personal”, y un 51% en que el individuo representaba un peligro para sí mismo.

Ser “bakeracted”, no obstante, es algo que le puede pasar a cualquiera, señala Laurie Anspach, directora ejecutiva de la Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos de Florida (CCRHF).

“Es un problema serio en Florida, sobre todo los internamientos involuntarios de niños”, dijo, agregando que en la CCRHF reciben entre 3 a 10 llamadas al día de padres con quejas de que sus hijos han sido sometidos sin su permiso a examinación psiquiátrica involuntaria mientras asistían a la escuela.

Un 15% de los examenes involuntarios, señala el reporte de la USF, fueron hechos a menores de 17 años.

Ser hospitalizado para evaluación y tratamiento puede ser muchas veces la solución. Eso es lo que pensaron los familiares de un hombre de Clearwater, quien fue “bakeracted” después de tomarse un frasco de antidepresivos.

Terry Burch, no obstante, escapó del hospital, saltó dentro de un lago, muriendo en el acto. Permanecer en el hopistal mental Mease Counstryside, donde fue transportado bajo el Acta Baker, bajo estrictas medidas de seguridad, hubisese salvado la vida de Burch, argumentaron recientenete en un reporte público los familiares de esta víctima.

“Generalmente nuestros casos de Acta Baker están relacionados con individuos que deciden no tomarse sus medicamentos o toman demasiado (psicotrópicos) y sus familiares buscan nuestra ayuda”, aseguró el sargento Vincent Ogburn, portavoz del Departamento de Policía de Orlando, añadiendo que ante una situación de peligro, lo más importante es la seguridad del individuo.

Si bien el Acta Baker pudise salvar vidas, su abuso, por otro lado, la arrebata.

Un estudio de la aplicación de esta ley, hecho por la Comisión por un Trato Justo, de la Corte Suprema de Florida, determinó que algunas veces el Acta Baker es utilizada para la ganancia económica de abogados y familiares, especialmene en casos de ancianos que reside en asilos, o por esposos en crisis que la utilizan para amenazar o controlar a su pareja.

El reporte de la comisión a la Corte Suprema señaló la necesidad de reforma al Acta Baker, e indicó que “el derecho a una audiencia imparcial antes de ser internado involuntariamente es la priedra angular del Acta Baker”, dijo Gill S. Freeman, directora de la comisión y jueza del Circuito Onceavo de Florida, en Miami, recomendando además la agilización de los procedimientos de peticiones de internamiento involuntario, cuando la persona ha de permancer en la institución mental por más de las 72 horas que establece la ley.

“Recuerden, estas personas no enfrentan ningún cargo criminal”, reafirma la jueza Freeman en el reporte de la comisión. “Ellos están en realidad, encerrados en contra de su voluntad…”