Bloquean en parte la ley migratoria HB56

Se trata de puntos más polémicos de la normativa que rige en Alabama

WASHINGTON, D.C.- Como una victoria parcial calificaron organizaciones de derechos civiles y legisladores el bloqueo temporal de las partes más polémicas de la ley migratoria HB 56 de Alabama, anunciado ayer.

Luego de una ola de críticas, la jueza Joyce Vance, de la Corte de Apelaciones del undécimo circuito, ubicada en Atlanta, bloqueó la mayoría de los aspectos más controversiales de la iniciativa.

El dictamen de 16 páginas da un alivio temporal hasta que se debata la validez constitucional de HB 56; es un paso que no se concretará, por lo menos, hasta diciembre próximo.

“Estamos complacidos. El tribunal paralizó elementos dañinos de la legislación. Pero algunas porciones que continuarán exacerbando la crisis humanitaria de Alabama permanecen vigentes”, declaró la coalición de ocho organizaciones que desafió a la HB 56 en las cortes, que incluye Southern Poverty Law Center, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF).

Entre las partes bloqueadas está la que obligaba a oficiales del estado a revisar el estatus migratorio de estudiantes en escuelas públicas y criminalizar la ausencia de documentos de registro.

Sin embargo, el tribunal no obstaculizó la disposición que permite a la policía estatal pedir papeles de inmigración a cualquier persona que contacten que se vea o suene como extranjera.

“Alguna personas ya han sido procesadas y muchos otros han sido afectados por la ley de Alabama. Mientras más pronto sea anulada por las cortes federales, mejor. El mandato judicial de hoy [ayer] es un paso en la dirección correcta, pero desafortunadamente todavía deja la puerta abierta a la práctica de perfil racial”, dijo el congresista Luis Gutiérrez (D-IL).

Desde la aprobación de HB 56, Alabama comenzó a experimentar una migración de cientos de personas, además de ausencias masivas en sus escuelas. Grupos pro inmigrantes calificaron la legislación como una crisis de derechos civiles en el estado.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una petición para bloquear la medida. El gobierno argumentó nuevamente que regular inmigración es responsabilidad federal y atacó la iniciativa por sus posibles repercusiones en prácticas discriminatorias.

Junto a más de 80 partes interesadas, incluyendo los gobiernos de El Salvador y México, DOJ pidió que se obstaculizaran provisiones que describió como “parte de un nuevo régimen en el estado, que impone una serie de nuevas penas criminales a personas sin documentos en Estados Unidos y representa cargas para aquellos que están legalmente en el país”.

El gobierno también solicitó que la corte emitiera una medida cautelar temporal, en espera del examen completo de esta moción y que estableciera un calendario acelerado para argumentos y sesiones informativas.

Ahora, las expectativas están centradas en bloqueo permanente de HB 56. “Teniendo en cuenta los primeros signos angustiantes de las peligrosas consecuencias de la ley de Alabama, mi esperanza es que la acción nos lleve a un rechazo de esta regla mal concebida, antes que veamos un daño económico mayor para los negocios del estado y los consumidores”, aseguró Charlie González (D-TX), presidente del Caucus Hispano.

“Me preocupa que otras partes de esta ley todavía sigan en vigor. Tenemos que arreglar nuestros disfuncional sistema migratorio, pero la ley de Alabama no contribuye a esto. No podemos tener un mosaico de 50 diferentes leyes de inmigración”, insistió el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid (D-NV).

El estado cuenta actualmente con una población de 185,602 latinos, y de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Censo, 75% de ellos habla un idioma diferente al inglés en sus hogares. El Instituto Hispano Pew ha calculado que cerca de 120 mil inmigrantes indocumentados viven en Alabama.

Entre la población nacida en el extranjero, 78,668 no son ciudadanos estadounidenses. En el caso de los menores de edad, el gobierno estima que el estado cuenta con 51,782 estudiantes hispanos. De ellos, 52.3% se encuentran en escuela básica.

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