Cuestionan política de deportaciones

WASHINGTON, D.C.- Organizaciones de derechos civiles cuestionaron ayer la ejecución del proceso de deportaciones, anunciado por el gobierno en agosto pasado, mientras cuatro mujeres, que no pertenecen a las prioridades de remoción del país, están al borde de ser expulsadas.

Las autoridades fueron enfáticas al anunciar que evaluarían caso a caso a las más de 300 mil personas en proceso de deportación, a través de un grupo de trabajo interagencias de los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Interna (DHS).

La medida también prometió emitir guías de cómo proveer consideración discrecional apropiada a los casos más imperiosos con órdenes finales de deportación.

Sin embargo, las historias de Roxana Orellana Santos, María Bolaños, Florinda Lorenzo-Desimilian y Ruth Díaz muestran una realidad diferente.

Todas ellas con órdenes de deportación, no han recibido ninguna notificación que indique que sus casos serán evaluados de acuerdo con los nuevos criterios. Dos de ellas, Orellana y Díaz, serán deportadas el 30 de septiembre si no se concreta ningún cambio.

Más aún, Orellana se encuentra participando en una demanda contra el condado de Frederik, en la que alega que su detención fue realizada, únicamente, con base en la práctica de perfil racial. A pesar de esto, hoy debe presentase ante DHS con un boleto de avión.

“Estas mujeres cumplen con todos los requisitos. En el caso de Roxana pedimos una extensión para darle más tiempo a su caso, pero fue denegada. Estamos pidiendo que reconsideren. Con Ruth también hemos solicitado una extensión y no ha llegado la respuesta”, explicó Zorayda Moreira, abogada de Casa de Maryland.

“Aunque quedan pocos días, todavía tengo esperanza en que el presidente cumpla su promesa. He estado muy nerviosa desde que fui detenida. Ha sido un tormento para mí. Día y noche paso angustiada. Mi hijo de 4 años me dice que ya no llore más”, confesó Orellana a La Opinión.

En el caso de Díaz, la policía del condado de Prince George la arrestó, luego de que los llamara, acusando a su compañero de vivienda por atacarla físicamente. Bolaños, en tanto, tiene fecha de deportación el 28 de octubre próximo y Lorenzo-Desemilian en 2012.

“No sé qué voy a hacer. Estoy tan preocupada por mi hijo de 2 años. No tengo dónde llegar en El Salvador. Yo tengo fe en Dios, mantengo la esperanza”, comentó a La Opinión.

“Como se anticipaba, la implementación hasta ahora demuestra irregularidad, y hay que seguir empujando en casos particulares en los cuales la dirección del memorando no se está siguiendo como debe ser”, insistió Clarissa Martínez, directora de inmigración del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

“Si las acciones de DHS en verdad van a elevar la importancia de la seguridad nacional y pública, que es lo que beneficiaría al país, es imperativo que se empiece a ver claramente que todas las diferentes unidades de DHS estén adoptando estas medidas”, agregó.

En respuesta a las consultas de La Opinión, respecto a la manera en que se está implementando el nuevo criterio sobre deportaciones, DHS respondió que este gobierno ha hecho más que ningún otro para enfocar los recursos en deportaciones de extranjeros criminales.

Sin embargo, no entregaron más detalles, ni respondieron inquietudes respecto a los casos mencionados y la manera en que se está implementando la política en terreno.