Desata temores la Ley Alabama

Indocumentados asumen cautela; autoridades policiacas aún están confundidas

BIRMINGHAM, Alabama.- La nueva ley de inmigración de Alabama, avalada en su mayor parte por una jueza federal el miércoles, mantiene a la expectativa tanto a las autoridades policiacas locales como a los indocumentados, sobre todo porque dicha norma exige, entre otras cosas, que la policía encarcele a cualquiera que no pueda demostrar que está legalmente en el país.

La mayor parte de la ley HB56 entró en efecto inmediatamente, pero eso no significa que habrá en cualquier momento cercano una redada masiva de miles de inmigrantes indocumentados.

La ley es descrita tanto por partidarios como por opositores como la más severa en Estados Unidos contra inmigrantes indocumentados.

Así, la jueza federal de distrito Sharon Blackburn, nominada por republicanos, escribió el miércoles en una postura de 115 páginas que algunas partes de la ley respaldada por el Partido Republicano entra en conflicto con estatutos federales, pero otras no.

Dejó en pie varios elementos cruciales que hacen que la ley de Alabama sea más estricta que leyes similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.

Entre otras cosas, la ley exige a funcionarios de escuelas públicas revisar el estatus migratorio de los estudiantes, aunque los jóvenes pueden seguir asistiendo a sus clases.

Las autoridades pueden mantener bajo custodia sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes que estén ilegalmente en el país y las cortes estatales tienen prohibido exigir el cumplimiento de contratos que involucren a inmigrantes en esta situación.

Además, es un delito que los inmigrantes no porten documentos de inmigración.

Ante ese panorama, en todo Alabama los policías encargados de aplicar la ley están tratando de descifrar cómo hacerlo y atenerse a las consecuencias.

Por ejemplo, el jefe de policía Chris West y sus tres agentes patrullan Crossville, un poblado rural de 1,300 residentes que colinda con una comunidad hispana de cientos o quizá más. La cárcel más cercana está a 32 kilómetros (20 millas) de distancia. La ley es complicada y ellos tienen poco dinero para capacitación.

“En este momento estamos esperando para averiguar qué dicta la ley, y entonces vamos a empezar a aplicarla”, señaló.

Una vez que se dio a conocer el fallo de la jueza, una coalición de grupos defensores de los derechos civiles dijo que planea apelar la decisión que ya entró en vigor.

La agrupación, liderada por la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama, también pedirá a la jueza federal Blackburn que suspenda provisionalmente dicha ley mientras está pendiente la impugnación en la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta.

Blackburn le dio a la parte acusada hasta la mañana del lunes para que argumente por qué no debería hacerlo.

Por us parte, el gobierno de México reaccionó inmediatamente en cuanto se dio a conocer el fallo, al decir lamentaba la decisión de permitir la entrada en vigor de algunas secciones clave de la ley de migración HB56.

En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que esa nueva normativa afecta los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan Alabama.

En Estados Unidos viven unos seis millones de mexicanos sin papeles.

La SRE aseguró que realizará un análisis jurídico a fondo de las decisiones dadas a conocer el miércoles en Alabama y estudiará todas las opciones legales a su alcance en las siguientes etapas procesales.

“Las autoridades consulares mexicanas se mantendrán atentas a la manera en que estas cláusulas son implementadas, a fin de evitar abusos y brindar asistencia jurídica oportuna en caso de que ello ocurra”, dijo.

Organizaciones civiles y el gobierno de Estados Unidos habían promovido procesos de anticonstitucionalidad sobre algunas disposiciones de leyes estatales de corte migratorio “que abren espacios para la aplicación selectiva e indebida” de la misma.

A diferencia del fallo emitido el miércoles en Alabama, cuatro resoluciones de cortes federales de distrito y una de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantienen suspendida la instrumentación de leyes migratorias en los estados de Arizona, Utah, Indiana y Georgia.

Ciertas disposiciones de estas leyes invaden la competencia exclusiva del gobierno federal en materia migratoria.

El gobierno de México participó como “Amigo de la Corte” en estas demandas y “les continuará dando puntual seguimiento”, informó el comunicado de la SRE.

Mientras tanto, la policía de Alabama está tratando de entender qué deben hacer sus agentes cuando detengan a un automovilista hispano o patrullen comunidades en el estado que ahora son residencia de aproximadamente 185,000 hispanos.

“Simplemente necesitamos saber qué hacer sin meter a todos en problemas”, dijo Terry Davis, jefe de la policía de Boaz y presidente de una asociación de 365 jefes de policía de Alabama. “En este momento todos estamos como confundidos”.

En el condado de Coffee, donde las granjas de aves de corral y la cosecha anual de tomate atraen a inmigrantes que buscan trabajo, el alguacil David Sutton dijo que retener a quienes violen la ley migratoria podría ocasionar sobrepoblación en su cárcel de 124 camas, particularmente porque nadie sabe cuánto tiempo podrían demorar los funcionarios federales en recoger a la gente para su posible deportación.

“Vamos a aplicar la ley. Pero no vamos a buscar algo específico. No tengo el personal para eso”, subrayó.